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Crédito: Google Maps
En los próximos días, el Mineduc revisará los antecedentes remitidos para iniciar el proceso de revocación de reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica de la universidad, para lo cual nombrará a un administrador de cierre que tomará el control de la institución, el que estará encargado de reubicar a los estudiantes matriculados, entre otras acciones.
La Superintendencia de Educación Superior (SES) solicitó al Ministerio de Educación decretar el cierre de la Universidad La República, esto tras constatar su grave crisis administrativa y financiera que impide su funcionamiento. De esta manera, la casa de estudios privada deberá cerrar y reubicar a los estudiantes que tenía matriculados.
En los próximos días, el Mineduc revisará los antecedentes remitidos para iniciar el proceso de revocación de reconocimiento oficial y cancelación de la personalidad jurídica de la universidad, para lo cual nombrará a un administrador de cierre que tomará el control de la institución.
La universidad afectada era una de las instituciones que fue catalogada con mayor riesgo en materia financiera y administrativa, lo que determinó que, a fines de 2019, se le instruyera un proceso formal de investigación y luego un procedimiento administrativo sancionatorio.
La República ejecutó sus descargos y realizó una serie de acciones de fiscalización. En diciembre del 2020, la SES los sancionó con la presentación de un plan de recuperación, que le permitiera subsanar los problemas que hoy afectan gravemente a su comunidad universitaria.
De esta manera, la universidad tuvo la opción de proponer un conjunto de medidas para solucionar el problema, la que fue presentada en marzo para evitar el fin del reconocimiento oficial, pero la SES consideró que las propuestas no resolvían los graves problemas que enfrentaba la institución.
“El principal objetivo de la sanción impuesta a la universidad es proteger los intereses de los estudiantes, de manera de evitarles un daño mayor y permitirles continuar sus estudios en otras universidades que sí les den mayores garantías de calidad”, expresó el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés.
La universidad tenía un importante déficit financiero, el que no pudo abordar los múltiples gastos comprometido, una disminución en la matrícula, el incumplimiento de las obligaciones previsionales a los trabajadores, deudas por más de $1.700 millones y desórdenes administrativos.
