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El senador Alfonso de Urresti, quien solicitó la audiencia con la Corte Suprema, expresó que “estamos frente a un caso gravísimo de engaño a poderes del Estado que es inaceptable, porque no es normal ni legal en democracia que los servicios de inteligencia del Ejército se dediquen a interceptar comunicaciones telefónicas de personas que hacen denuncias o investigan corrupción, como en este caso. Aquí hay un claro atentado a la libertad de prensa” [ACTUALIZADA]
Parlamentarios del Partido Socialista se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para manifestar su preocupación por el eventual engaño por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINE) para conseguir una autorización judicial para espiar al periodista Mauricio Weibel y a funcionarios castrenses que denunciaban corrupción en el Ejército.
El senador Alfonso de Urresti, quien solicitó la audiencia con la Corte Suprema, expresó que “estamos frente a un caso gravísimo de engaño a poderes del Estado que es inaceptable, porque no es normal ni legal en democracia que los servicios de inteligencia del Ejército se dediquen a interceptar comunicaciones telefónicas de personas que hacen denuncias o investigan corrupción, como en este caso. Aquí hay un claro atentado a la libertad de prensa”.
“Estamos preocupados pues esta denuncia por espionaje de parte del Ejercito al periodista Mauricio Weibel es gravísima. Fue esta preocupación la que como parlamentarios del Partido Socialista, quisimos plantear al Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. En Chile no podemos aceptar que se repitan prácticas propias de la Dictadura. Y por cierto, esperamos explicaciones de parte del Ministerio de Defensa”, añadió.
En tanto, para el diputado Leonardo Soto, quien presentó en agosto del 2019 una querella en el Ministerio Público por el caso, más conocido como Operación W, “se deja entrever que hay una corrupción estructural en las FF.AA. desatada y fuera de control, donde hay opacidad absoluta y cuyo responsable político de ese entonces, el ministro de Defensa Alberto Espina, fue quien avaló completamente el procedimiento”.
“Creemos que esta operación está al margen de la legalidad, compromete al poder judicial a un nivel nunca antes visto e incluso hay un uso abusivo de la ley de inteligencia que hay que corregir”, manifestaron los asistentes.
