El Presidente Sebastián Piñera destacó que “la fortaleza de una nación se basa en el prestigio y calidad de sus instituciones. Una de las fortalezas de nuestro país desde su nacimiento como nación independiente ha sido su fortaleza institucional y para evitar su debilitamiento, es necesario permanentemente revisarlas y perfeccionarlas, y adecuarlas a las nuevas y cambiantes necesidades de la sociedad”.
Este viernes, el Presidente Sebastián Piñera, acompañado de los los ministros de Justicia, Hernán Larraín; de Hacienda, Rodrigo Cerda; de Economía, Lucas Palacios; y de la Segpres, Juan José Ossa, presentó el proyecto de nueva Reforma Procesal Civil y de reforma al sistema de nombramiento de jueces.
Piñera destacó que “la fortaleza de una nación se basa en el prestigio y calidad de sus instituciones. Una de las fortalezas de nuestro país desde su nacimiento como nación independiente ha sido su fortaleza institucional y para evitar su debilitamiento, es necesario permanentemente revisarlas y perfeccionarlas, y adecuarlas a las nuevas y cambiantes necesidades de la sociedad”.
En esa línea, el Mandatario le pidió al Congreso, “con quien hemos discutido esta materia en múltiples ocasiones, analizar, perfeccionar y sacar adelante con rapidez estas importantes y urgentes reformas, que sin duda van a mejorar no sólo el acceso a la justicia, sino que también la dignidad y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas”.
De esta manera, el Ejecutivo decidió continuar con la tramitación legislativa del proyecto de Código Procesal Civil iniciada durante el primer gobierno del mandatario y que fue suspendida en el Senado luego que la Cámara rechazara algunos aspectos del proyecto original.
La Moneda afirmó que mejoró esos aspectos en esta nueva propuesta:
En cuanto al sistema de nombramientos de jueces, el Gobierno espera “transparentar y priorizar la meritocracia en la designación de jueces y fortalecer la independencia interna de los mismos, cerrando los espacios de discrecionalidad de los superiores jerárquicos”.
Para ello, se elimina la facultad de las Cortes de elaborar las ternas para enviar al presidente y se sustituye por concursos públicos regulados, con resultados vinculantes y se establece una Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales.