Juego Limpio
Pilar Moraga y ley miscelánea: “La Ley Marco de Cambio Climático debería funcionar como una brújula”
La directora del CR2, Pilar Moraga, advirtió que la ley miscelánea puede debilitar la evaluación ambiental y tensionar la coherencia entre crecimiento económico, prevención de desastres y política climática en Chile.
La discusión de la ley miscelánea ingresó a una fase decisiva en el Congreso. Más de 1.500 indicaciones buscan redefinir un proyecto que el Ejecutivo ha presentado como una herramienta para acelerar la reactivación económica. Desde el mundo ambiental, sin embargo, las alertas se intensifican sobre los efectos que podría tener la flexibilización regulatoria. Ya se habla de una brújula sin norte.
En Juego Limpio entrevistamos a la experta en derecho ambiental y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Pilar Moraga.
- Lo primero que advierte la experta es que el problema de fondo es conceptual: refleja “una concepción según la cual la protección del medio ambiente y de la naturaleza podría ser entendida como un obstáculo para el crecimiento económico”.
Esa lógica resulta especialmente contradictoria en un contexto donde la evidencia científica demuestra que los desastres ya no pueden pensarse como hechos excepcionales. A su juicio, el proyecto concentra sus esfuerzos en la respuesta posterior a las catástrofes, debilitando la capacidad del Estado para anticipar impactos y reducir riesgos en territorios cada vez más expuestos a incendios, pérdida de biodiversidad y estrés hídrico.
- La preocupación aumenta, remarca Moraga, cuando la discusión se traslada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre los cambios más delicados menciona la limitación de adendas, la reducción de espacios de revisión y las restricciones para invalidar Resoluciones de Calificación Ambiental favorables. “Estos cambios pueden afectar los estándares técnicos del sistema, en la medida en que reducen su capacidad para corregir errores, incorporar nueva información o revisar adecuadamente impactos que no fueron suficientemente considerados”, afirma.
En esa misma línea, la académica alerta sobre el riesgo de que proyectos o modificaciones relevantes avancen con menor escrutinio técnico. “Conceptos como ‘cambio sustantivo’ o ‘aumento significativo’ requieren criterios técnicos claros y verificables”, advierte, porque de lo contrario “pueden abrir espacios para que impactos acumulativos, indirectos o sinérgicos queden subestimados”.
- El escenario se vuelve particularmente delicado en ecosistemas frágiles (humedales, cuencas hidrográficas, zonas costeras o territorios expuestos a incendios), donde –según plantea– la evaluación ambiental “debería ser más robusta, no menos exigente”.
- A ello se suma un factor político: la reducción de plazos para impugnar actos administrativos podría debilitar la participación ciudadana y estrechar las posibilidades de revisión frente a errores técnicos o falta de antecedentes relevantes.
Moraga cree que el debate revela una tensión aún no resuelta en Chile: la relación entre crecimiento económico y protección ambiental. Desde su perspectiva, avanzar hacia una flexibilización ambiental sin integrar plenamente la Ley Marco de Cambio Climático puede terminar generando una contradicción entre la política económica y la política climática del país. “La Ley Marco de Cambio Climático debería funcionar como una brújula para el desarrollo nacional. Si se la trata como un elemento secundario, se debilita la coherencia de la acción pública”, subraya.
En medio de este escenario, la directora del CR2 también proyecta el debate hacia el rol que deberían asumir las universidades públicas. En momentos en que busca convertirse en decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, insiste en que la academia debe involucrarse activamente en las discusiones estructurales del país.
“Chile enfrenta desafíos enormes: reconstrucción después de desastres, crisis climática, desigualdad territorial, transformaciones productivas, necesidad de inversión, demandas de justicia social y protección de derechos. Todos esos desafíos tienen una dimensión jurídica”, recalca.
Y concluye con una idea que, más que una crítica puntual a la ley miscelánea, funciona como advertencia sobre el rumbo del país: “La discusión no debería plantearse como una oposición entre inversión y medio ambiente, sino como una pregunta sobre la calidad del desarrollo que el país quiere promover”.
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