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Crédito: Aton
A juicio del grupo de análisis, lo sucedido “nos lleva a plantear la necesidad urgente de modificar normativas legales que han demostrado su ineficacia; perfeccionar los mecanismos judiciales de control; y formular nuevos instrumentos de fiscalización administrativa”.
La serie de denuncias sobre espionajes telefónicos y seguimientos realizados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) dejan en evidencia que la inteligencia militar opera sin ningún control eficaz de parte de los tres poderes del Estado y bajo la mirada de un Gobierno “complaciente”, sostuvo a través de una declaración el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA).
Así se refirió el grupo de especialistas a la llamada “Operación W”, contra el periodista Mauricio Weibel, y la “Operación Topógrafo” (ambas iniciadas el 2017), que fueron dirigidas contra periodistas y militares -como Rafael Harvey- que denunciaron actos de corrupción. Incluso, las acciones intrusivas afectaron a la jueza Romy Rutherford que lleva el caso conocido como “Milicogate” y una serie de indagatorias sobre irregularidades en la rama castrense.
Gadfa recalca que estas operaciones “violaron normas expresas de la Ley Nº19.974 (Ley Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado) al engañar al juez que debían autorizar estas actividades intrusivas”, y “ello nos lleva a plantear la necesidad urgente de modificar normativas legales que han demostrado su ineficacia; perfeccionar los mecanismos judiciales de control; y formular nuevos instrumentos de fiscalización administrativa”.
Para este grupo de análisis, resulta “condenable que organismos creados para la defensa sean utilizado en labores ilegales de inteligencia interna, así como, enterarnos a través de las palabras del ex ministro Alberto Espina, que “el Ministro de Defensa no tiene injerencia en los procedimientos de investigación que se realizan conforme a la Ley de Inteligencia”.
Por ello, añaden que “la desprofesionalización del Ejército que suponen las prácticas denunciadas y las sospechas sobre la actividad de la Inteligencia Militar en estos hechos, nos enfrentan a un gobierno complaciente e inactivo. Esperamos que la Convención Constituyente ponga fin a la autonomía castrense en esta materia, que daña a nuestra democracia y conculca derechos fundamentales”.
Asimismo, el GADFA plantea que “los actos de espionaje, vigilancia e intimidación ampliamente difundidos, exigen que el Congreso revise el proyecto de Ley de Inteligencia que discute actualmente, en particular los mecanismos de control de la actividad. Asimismo, el Poder Judicial tiene experiencia suficiente (10 años de vigencia de la Ley) para emitir una opinión al respecto”.
“Es inconcebible que el ministro de Defensa no pueda incidir en las labores de inteligencia que realizan las FF.AA.. Al respecto, existen diversos modelos en países de la región, como por ejemplo, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar de Argentina, que depende directamente del Ministro”, añaden.
