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El Tribunal manifestó su preocupación por la falta del información respecto del paradero y condiciones de los detenidos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió este jueves (24.06.2021) al Estado de Nicaragua proceder a la liberación inmediata y garantizar la protección de la vida e integridad de cuatro opositores presos, a quienes el presidente Daniel Ortega ha tildado de «criminales».
En una resolución sobre medidas provisionales, el Tribunal Internacional consideró necesario, debido a las circunstancias excepcionales del presente asunto, que el Estado adopte sin dilación las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal los líderes opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera.
«La privación de libertad de estas personas conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad, cuestión que cobra especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales que se celebrarán este año, situación que, de persistir, estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho», cita el texto.
Como parte de las medidas el Estado de Nicaragua deberá informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión.
El Tribunal añadió que «constata con preocupación que, hasta la fecha, el Estado no ha proporcionado información alguna respecto del paradero y condiciones de detención de estas cuatro personas, y ello pese a los numerosos requerimientos realizados por familiares y representantes legales y, en particular, por la Comisión».
«La Corte considera que hay suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad, y, por lo tanto, la necesidad urgente de adopción de las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal» de los opositores apresados «y ello debido a las circunstancias en que se llevaron a cabo las detenciones», cita la resolución.
«Todas ellas han sido objeto de persecuciones y amenazas desde abril de 2018 (…) Esta situación se ha intensificado con el tiempo y encuentra su punto más álgido en 2021, a partir del anuncio de estas personas de participar en las elecciones generales de noviembre de dicho año», explica la conclusión de la Corte.
Este mismo jueves, los familiares de casi una veintena de opositores arrestados en las últimas semanas demandaron al gobierno que les permita «verlos y saber dónde están y cómo están”, y que les autorice el ingreso de alimentos y medicinas a la cárcel de El Chipote, donde se cree que fueron recluidos.
Durante una rueda de prensa virtual, los parientes de 16 detenidos, varios de ellos aspirantes a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre, dijeron temer por su salud y por su vida. La mayoría de los prisioneros son personas mayores de 50 años y algunos tienen enfermedades crónicas.
«Llevamos 11 días sin verlo, no lo dejan hablar con su abogado y sólo nos dejan pasarle agua. ¿Por qué es, lo tienen golpeado? «, se preguntó Cristian Tinoco, hija del exvicecanciller, exdiputado y disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco, de 68 años, detenido por la policía el pasado 13 de junio.
Hablando la noche del miércoles en un acto partidario, Ortega se refirió por primera vez a los arrestos masivos de opositores y aseguró que no fueron detenidos «por ser candidatos» sino por ser «criminales» y «agentes del imperio yanqui», que preparaban «otro golpe de Estado» para derrocarlo.
«Aquí el único criminal es Daniel Ortega, responsable de la muerte de más de 300 personas», replicó Cristian Tinoco.
