Convencionales de Vamos por Chile rechazan solicitud de amnistía para presos del estallido social

A través de una declaración conjunta, los convencionales del pacto Vamos por Chile manifestaron su rechazo a la convocatoria para la primera sesión de la Convención Constitucional, en la que se adoptará una postura en relación a los presos del estallido social.

«Lamentamos que la primera sesión a la que hemos sido convocados sea para abordar un asunto respecto del cual no tenemos atribuciones. La Convención Constitucional no es soberana, y no puede intervenir, ejercer otra función o atribución de otros órganos o autoridades, incluido por supuesto, el Poder Judicial, el Congreso Nacional y el Ministerio Público», dice el primer punto del comunicado.

Seguidamente, sostienen que «la base de un Estado de Derecho democrático es que no hay ciudadanos de primera
y segunda categoría, que nadie puede estar por sobre las normas y que nadie puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. La Convención Constitucional no está exenta de esto».

«Nuestro mandato es claro y está establecido en las reglas que ya conoce la ciudadanía, que es “redactar y aprobar una propuesta de texto de la nueva Constitución”. Ni más ni menos. Para quienes sostienen que la Convención Constitucional puede invocar el derecho de petición, establecido en la Constitución, es importante aclarar que la Convención Constitucional no tiene personalidad jurídica, y que dicho derecho está establecido con el objeto de que un ciudadano pueda realizar peticiones a la autoridad correspondiente», agregan.

Además consideran que en Chile «no existen presos políticos», argumentando que «nadie está privado de libertad por sus ideas o por sus expresiones, y así lo han sostenido organismos internacionales de derechos humanos. Chile es un estado democrático y, como tal, la separación de poderes del Estado es fundamental, y para esto, la esencia es la independencia de sus tribunales de justicia».

En ese sentido, manifiestan que «nos parece que es una muy mala señal para nuestro país, que a quienes la izquierda
radical llama “presos de la revuelta”, sea el primer tema de discusión de la Convención Constitucional. Las personas que están privadas de libertad, no lo están por sus ideas, sino que se encuentran imputados por delitos graves, tales como ataques incendiarios, saqueos, porte de armas, lanzamientos de bombas molotov a Carabineros, entre otros».

Por último, señalan que «rechazamos categóricamente este nuevo intento de poner a los delincuentes por encima de los derechos de las víctimas de la violencia que ha azotado Chile desde octubre 2019».