¿Fin a la tregua de acusaciones constitucionales? Oposición se reactiva tras informe contra Steinert

Luego del rechazo del libelo en el Senado la noche del martes en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, desde distintos sectores del Congreso, tanto desde el oficialismo como la oposiciones, impulsaron una pausa en la temporada de acusaciones constitucionales. Tras el último informe de Contraloría, pareciera que ese ánimo llegó a su final.

Y es luego de que se conociera el dictamen N° D344/2026 de Contraloría, que acusó exceso en el ejercicio de sus atribuciones a la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, la oposición en el Congreso se reactivó: parlamentarios acusan una falta grave por parte de la otrora secretaria de Estado, elevan la responsabilidad de sus acciones al Presidente José Antonio Kast y no descartan presentar una nueva acusación constitucional.

Así lo expuso explícitamente el diputado Luis Cuello (PC): “Lo resuelto por la Contraloría en relación a la exministra Steinert es de la máxima gravedad. El Presidente Kast debe aclarar si estaba o no en conocimiento de los actos ilegales que se le imputan a la exministra”, sumando además un eventual apoyo a “la formación de una comisión investigadora y, si uno es objetivo, acá perfectamente se configura una causal de acusación constitucional”.

Sus palabras resuenan en las del diputado Raúl Silva (PS), uno de los impulsores del requerimiento a Contraloría que concluyó en el pronunciamiento del 1 de junio: adelantó que la bancada socialista analizará el caso y buscará “todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, sin descartar ninguna de las herramientas que la Constitución nos entrega”.

“No se trata de un error menor. Es una desviación de poder, una transgresión al principio de juridicidad y un uso indebido de sus funciones para fines personales. Quien debía proteger a las policías y conducir su accionar, terminó exponiendo a sus propios funcionarios”, sumó a su análisis.

La senadora y presidenta de los socialistas, Paulina Vodanovic, dio un espaldarazo al análisis de Leiva: junto con respaldar la iniciativa del parlamentario ante el ente contralor, afirmó que “finalmente termina acreditándose algo que era una interpretación de varios, en el sentido que Contraloría finalmente termina confirmando, de manera tal que evidentemente la situación de la ministra habría sido insostenible en estas circunstancias.

Aun más, las responsabilidades no las agotó en la ex fiscal regional:”Creo que también el Gobierno tiene que hacerse cargo de ello: fue ministra designada por el Presidente (…) no solamente no ejecutó lo que tenía que hacer, sino también vemos cómo Contraloría señala que cometió actos que se alejaban de lo que es su desempeño”.

Misma línea a la adoptada por su correligionario en la Sala del Senado, Alfonso de Urresti: “La resolución de la contraloría es contundente, aquí se actuó ilegalmente, y esto es muy grave, porque estamos hablando de la ministra de seguridad pública, un ministerio clave en la lucha contra la delincuencia”.

“Esto no puede quedar simplemente con un informe más de la contraloría, hay que investigar, hay que ver las responsabilidades que corresponden, y creo que también el nuevo ministro de seguridad tiene que emitir una opinión. Porque no podemos improvisar, no podemos, en una mala actuación, terminar dañando a la policía de investigación, dañando investigaciones que están en curso y, principalmente, debilitando la importancia de la lucha frontal contra la delincuencia, que es el propósito señero en la creación de este ministerio.”

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“El Presidente prefirió blindar a su exministra antes que hacerse cargo”

Pero el ánimo de acusación no ronda solo entre los socialistas. Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito anotó que el dictamen no puede agotarse en el documento emitido por Contraloría: “Que la exministra de Seguridad del presidente Kast no haya tenido un plan, haya actuado en forma ilegal como reconoce Contraloría, amerita a que no pueda volver a ejercer en el Ministerio Público y, además, la revisión de procesos sancionatorios en su contra“.

Tatiana Urrutia, su compañera de bancada, adelantó que las bancadas opositoras en la cámara baja analizarán en conjunto los pasos a seguir en el Congreso. “Eso sí, emplazamos al Gobierno, al Presidente Kast, a pronunciarse. No puede evadir su responsabilidad, porque cuando la autoridad a cargo de la seguridad pública no conoce los límites de su propio cargo, el problema es jurídico, pero también es de conducción”.

“Durante dos meses advertimos esta grave falla. Sin embargo, el Presidente prefirió blindar a su exministra antes que hacerse cargo. Hoy la Contraloría confirma que el Gobierno no sabe de la materia y llegó a improvisar con la seguridad del país“.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider (FA) calificó como “realmente impresionante la falta de rigor y la improvisación con la que llegó el Gobierno del Presidente Kast a hacerse cargo de la tarea de seguridad”.

“Después de haber prometido en campaña durante años soluciones mágicas e inmediatas a los problemas de inseguridad a las personas, hasta ahora de eso no hemos visto nada. Muy por el contrario, hemos visto escándalos y polémicas inaceptables, como en el que metieron a la PDI con la gestión de la ex ministra Steinert. Hoy, eso se ratifica con un informe de contraloría que señala que la ministra actuó más allá de lo que le permite la ley. Esto es gravísimo y alguien tiene que hacerse responsable”, sumó

Y sentenció: “La ministra ya no está en su cargo, pero cabe preguntarse cuándo se enteró de esta información el Gobierno, porque ya en ese entonces circulaba que prontamente se iba a pronunciar la contraloría. ¿Acaso recibieron también un preinforme? ¿Esta fue la razón de la salida de la ex ministra Steinert? Estas preguntas merecen una respuesta, y el Presidente Kast tiene que dar la cara, porque es él quien nombra a los ministros, quien conforma los equipos y quien lidera este gobierno”.