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Crédito: ATON
El informe fue levantado por integrantes del «Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos», compuesta por alrededor de 80 organizaciones. Carolina Oyarzún es la dirigente que se encargó de enviar el documento al Senado.
Familiares de personas detenidas en el marco de las protestas del estallido social enviaron al Senado un catastro de las personas que se encuentran privadas de libertad desde finales de 2019, cifrando en 806 a los presos que podrían ser beneficiados con un indulto.
Sobre este tema, el secretario de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Ignacio Vásquez dio cuenta de esta comunicación y que contiene todos los detalles de las causas, consignó el diario El Mercurio.
El mencionado medio sostiene que la comisión acordó enviar el informe al Ministerio Público, institución que, junto a la Defensoría, la Corte Suprema y el Ejecutivo han coincido en la dificultad de calcular exactamente cuántas personas podrían ser beneficiadas con esta medida, aunque durante la tramitación en el Congreso se ha hablado de alrededor de 40 mil.
El informe fue levantado por integrantes del «Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos», compuesta por alrededor de 80 organizaciones. Carolina Oyarzún es la dirigente que se encargó de enviar el documento al Senado.
Otros integrantes de la organización señalan que se trata de información preliminar, pero reafirmaron que son más de 800 casos y que esta cifra se podría modificar.
Hace días, el fiscal nacional Jorge Abbott indicó que el proyecto de ley que busca indultar a los denominados presos del estallido social, «tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen imposible establecer con claridad cuáles son las personas que se encuentran en esta situación».
En la instancia también estuvo presente -vía remota- el defensor nacional (s), Marco Montero, quien entregó cifras asociadas a delitos de interés (establecidos en el proyecto). Al respecto, detalló que entre el 7 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre del 2020, se ingresaron 39.904 causas ligadas a delitos como daños simples, desórdenes públicos y maltrato de obra y amenazas a Carabineros.
Un total de 4.075 contaron con decreto de prisión preventiva. En tanto, actualmente hay 1.091 causas abiertas y 38.813 cerradas.
Montero matizó que las cifras presentadas pueden “tener relación directa con situaciones vinculables al estallido social, pero pudiera ser que eventualmente nos encontráramos, por ejemplo, con un delito por daño simple que no necesariamente esté vinculado a un hecho del estallido social”.
