PAÍS
En el informe, elaborado por Alicia Gil, directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, se analiza el estallido social y las conclusiones de los propios organismos nacionales sobre las actuaciones policiales y de las autoridades entre 2019 y 2020. El constituyente por Magallanes y abogado Mauricio Daza salió al paso de la publicación y cuestionó que se trata de un documento «inconsistente y tendencioso hecho por alguien irrelevante en el ámbito dogmático penal, el cual revela un burdo intento de impunidad». Para el diputado DC Gabriel Silber, «esto es sólo un estudio allegado por la propia defensa y esa es su calidad desde el punto de vista legal». En tanto Marcelo Díaz sostuvo que «no creo que este informe tenga más valor que el haber sido encargado por la institución a la que se está sindicando como responsable de haber violado derechos humanos».
«Los organismos nacionales e internacionales que han analizado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad chilenos durante el llamado ‘estallido social’ no han formulado en ningún momento la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad».
Esta es una de las conclusiones de un estudio particular sobre los episodios que indaga la Fiscalía, en el caso donde se busca determinar si ocurrieron violaciones a los derechos humanos de forma sistemática durante la crisis social que estalló en octubre de 2019. Según consigna El Mercurio, el documento fue encargado por el abogado Jorge Martínez en representación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el alto mando de la policía uniformada, querellados en la investigación del Ministerio Público.
Entre otros argumentos se expone que la definición de los crímenes contra la humanidad en la legislación chilena «debe hacerse de conformidad con su concepción en el derecho internacional, en particular con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), evitando tanto la aplicación analógica como interpretaciones extensivas».
Y se pone énfasis en que «a la vista de todo el análisis podemos concluir que Chile vivió, durante el llamado ‘estallido social’, unos problemas de orden público no conocidos en su historia reciente. Ello llevó a la necesidad de incorporar a las tareas de control del orden público a un elevado número de efectivos que no venía ejerciéndolas habitualmente».
A juicio de la autora del documento, Alicia Gil, abogada de la Universidad de Zaragoza, esto condujo a «una incapacidad (más que falta de voluntad) de recuperar el espacio público garantizado».
El estudio recalca que «es oportuno recordar también que el INDH, legitimado para interponer querella por crímenes contra la humanidad, no discutió, siquiera, según la declaración de su director, esta posibilidad». Esto, a propósito de en un acta de la institución de noviembre de 2019 donde «se recogen los acuerdos al respecto de este órgano, en el que nunca se llegó discutir ni plantear la calificación como crímenes contra la humanidad».
Las reacciones no tardaron en llegar y el constituyente por Magallanes y abogado Mauricio Daza salió al paso de la publicación del matutino. A través de Twitter cuestionó: «De verdad lo mejor que consiguieron fue la directora de la escuela de derecho de una universidad “de educación a distancia” en España??? Un informe inconsistente y tendencioso hecho por alguien irrelevante en el ámbito dogmático penal, el cual revela un burdo intento de impunidad».
El documento titulado «Dictamen en Derecho sobre la posibilidad de calificar como crímenes contra la humanidad las actuaciones de los Carabineros de Chile durante el llamado ‘estallido social’ (entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020)» fue elaborado por Alicia Gil, formada como abogada en la Universidad de Zaragoza y actualmente es catedrática de derecho penal y directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid.
Para el diputado DC Gabriel Silber, «esto es sólo un estudio allegado por la propia defensa y esa es su calidad desde el punto de vista legal. Será el Ministerio Público, el persecutor penal a lo largo de la investigación, y finalmente los tribunales quienes van a poder acreditar si es que hubo una política sistemática respecto de violaciones a los Derechos Humanos o fueron más bien hechos de carácter aislado cometidos por agentes del Estado. Por lo tanto, es la justicia la que tiene la última palabra».
Su par independiente (ex PS) Marcelo Díaz consideró que el informe «básicamente es eso. Además encargado por la institución a la que se le imputan violaciones a los Derechos Humanos, por lo tanto yo no le doy mayor valor que ese».
«Finalmente la calificación de los tipos penales de los delitos en que incurrieron Carabineros en la represión d e manifestaciones y protesta social, le corresponden a los tribunales. No creo que este informe tenga más valor que el haber sido encargado por la institución a la que se está sindicando como responsable de haber violado derechos humanos», concluyó el parlamentario.
