CULTURA
Parlamentaria pidió que Contraloría General de la República determine por qué el Ministerio de las Culturas y las Artes lleva más de cinco meses asegurando no contar con mecanismos para traspasar ayuda a afectados por la pandemia, pero usa la ley 21.288, que crea el fondo de emergencia transitorio Covid-19, para respaldar a empresas con sólidas espaldas financieras.
Acompañada de dirigentes de diversos gremios de la cultura, la senadora por el Maule, Ximena Rincón, llegó esta mañana hasta la Contralaría General de la República para presentar un requerimiento que permita determinar las razones por las que ciertas galerías de arte reciben hasta 100 millones de pesos del Ministerio de las Artes y las Culturas, mientras este misma secretaría de Estado lleva más de cinco meses asegurando no contar con mecanismos para traspasar ayuda a miles de trabajadores de la cultura afectados por la pandemia.
Al respecto, la legisladora recordó que en la comisión de Hacienda, con los senadores Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes, logró el compromiso del Gobierno de crear un fondo de 10 millones de dólares destinado a entregar un bono para ayudar a los trabajadores de las artes y la cultura, monto que se aumentó a 20 millones de dólares, pero que lamentablemente aún no es distribuido pese a la urgencia con que se requiere apoyo en uno de los rubros más afectados por la pandemia.
“Le hemos solicitado a la Contraloría que tenga a bien pronunciarse sobre eventuales irregularidades, arbitrariedades e ilegalidades en el proceso de adjudicación de los fondos del Programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, su correspondencia con las bases, y especialmente, con la ley 21.288, que crea el fondo de emergencia transitorio Covid-19. Si se pudo generar recursos para galerías, por qué no para los trabajadores de las artes y las culturas”, precisó la parlamentaria.
Añadió que resulta particularmente incomprensible que el Ministerio de las Culturas recurra a la ley 21.288, que crea el fondo de emergencia transitorio Covid 19 y no haga lo mismo para apoyar a los trabajadores del rubro.
Por ello, pidió que Contraloría instruya al Ministerio y Consejo de las Culturas, a los miembros de la Comisión evaluadora del programa, a los servicios y funcionarios públicos que corresponda, informar sobre incompatibilidades, inhabilidades que les asisten respecto a los beneficiarios finales del programa.
“Más allá si hay o no irregularidad, lo que queremos es que se instruya al ministerio de hacienda para que tome las medidas administrativas necesarias para entregar una asignación directa a los trabajadores del mundo de la cultura, atendiendo lo establecido en la ley 21.288 y 21.045, si así fuera procedente”, concluyó la legisladora.
