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Compañías de seguros de Estados Unidos pidieron al Congreso de Chile rechazar nuevo retiro de rentas vitalicias MERCADOS Crédito: ATON

Compañías de seguros de Estados Unidos pidieron al Congreso de Chile rechazar nuevo retiro de rentas vitalicias

Esta vez el tema escaló más arriba y llegó al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, luego que la presidenta y CEO de ACLI, Susan Neely le pidiera que intervenga en el tema. El 17 de agosto, la ejecutiva envió una carta a la secretaria del tesoro de ese país, Janet Yellen, manifestando la preocupación de las compañías aseguradoras sobre lo que está ocurriendo en Chile. En ese sentido, pidió que se considere el tema en el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y el G20.


El gremio de aseguradoras de Estados Unidos, agrupadas en el American Council of Life Insurers (ACLI) emitió una nueva declaración en el marco de la discusión en el Congreso chileno del retiro de rentas vitalicias.

De acuerdo a La Tercera, Brad Smith, Chief International Officer de ACLI, sostuvo que «el nuevo proyecto de ley que está en el Congreso chileno socavará aún más a los chilenos, especialmente a las mujeres, que están tratando de asegurar el futuro financiero de sus familias. Instamos a los miembros del Congreso chileno a oponerse a esta medida y tomar acciones para fortalecer la seguridad de jubilación de los consumidores».

Pero esta vez, el tema escaló más arriba y llegó al gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, luego que la presidenta y CEO de ACLI, Susan Neely le pidiera que intervenga en el tema. El 17 de agosto, la ejecutiva envió una carta a la secretaria del tesoro de ese país, Janet Yellen, manifestando la preocupación de las compañías aseguradoras sobre lo que está ocurriendo en Chile. En ese sentido, pidió que se considere el tema en el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y el G20.

En la misiva, Neely advierte a Yellen «sobre el deterioro del estado de derecho y la estabilidad de las inversiones de largo plazo en Chile. ACLI apoya estos comentarios y pediría al Departamento del Tesoro que considere cómo el FSB y el G20 pueden abordar este riesgo emergente para los objetivos del G20».

«El desfinanciamiento de activos de pensiones privadas adoptado recientemente y actualmente en implementación, y la violación de la irrevocabilidad de los contratos de rentas vitalicias, son fundamentalmente inconsistentes con los compromisos de Chile con la OCDE, y violan directamente la protección del consumidor y la estabilidad financiera y del mercado dispuestas por los estándares internacionales reconocidos por el FSB», agrega la carta.

Además sostiene que «el micro y macroeconómico perjudicará a nuestros consumidores y esperamos que se detenga la tendencia negativa del desfinanciamiento, pero solicito la consideración de su Departamento sobre cómo Estados Unidos puede respaldar la seguridad del modelo del sistema de pensiones de capitalización chileno frente al desfinanciamiento y la expropiación».

Asimismo comenta que «buscaremos movilizar a las otras instituciones internacionales donde EEUU tiene acciones para respaldar la supervisión prudencial, como lo exige el G20 y lo monitorea el FSB y el FMI. Si el Departamento pudiera facilitar elevar este problema como incompatible con los estándares internacionales, esperamos que la atención internacional pueda frenar un mayor desfinanciamiento y respaldar la supervisión prudencial para proteger a los consumidores y la estabilidad financiera».

«Estas acciones están perjudicando desproporcionadamente a la clase media y a las mujeres en la seguridad de su jubilación, y creemos que está justificado elevar esto al G20, por lo que apoyamos el compromiso de la Federación Global de Asociaciones de Seguros», cierra la misiva.

Por otra parte, el presidente de la Federación Global de las Asociaciones de Seguros (GFIA por sus siglas en inglés) también envió otras dos cartas a Ignazio Visco y Randal Quarles. «Los sistemas de pensiones privados desempeñarán un papel fundamental en la recuperación de la pandemia en curso, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. Por ello, y debido a las presiones políticas actuales y cada vez mayores sobre los sistemas de pensiones privados en varios mercados, le pedimos que incluya declaraciones sobre la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en sus recomendaciones a la presidencia italiana del G20».

«Si bien bien apreciamos los esfuerzos ya realizados por el FSB en este sentido, deseamos llamar su atención sobre las acciones continuas del gobierno de Chile que ha desfinanciado los fondos para la jubilación privada de casi cinco millones de trabajadores chilenos en un esfuerzo por abordar la tensión económica de la pandemia. Esto viola la inviolabilidad de los contratos de rentas vitalicias sin justificación prudencial», sostiene la misiva enviada a Quarles, que es muy parecida a la que mandó a Visco.

Sostiene que «las decisiones políticas en Chile han sacrificado aún más el estado de derecho y la estabilidad del mercado de capitales en la búsqueda de soluciones oportunas a las presiones económicas provocadas por la pandemia. Estas acciones van en contra de los principios del FSB que sustentan las medidas tomadas por el sector oficial para manejar el shock económico del Covid-19».

«Instamos al FSB a enfatizar la importancia de los sistemas de pensiones que están respaldados por capital privado en sus sugerencias de políticas para las recomendaciones de la cumbre del G20. Las sugerencias específicas a este respecto permitirían a la presidencia italiana del G20 examinar el papel que podría desempeñar la acumulación de activos de capital a largo plazo para facilitar la recuperación de la pandemia de Covid-19».

Finalmente emplaza al FSB a «plantear estos temas entre los miembros del Grupo Consultivo Regional para las Américas (Regional Consultative Group for the Americas, que es parte del FSB), donde Chile es activo, para resaltar el daño a la estabilidad financiera de Chile, la protección de la integridad del mercado y la protección al consumidor, y posibles golpes por efectos en la región».

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