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El gremio periodístico salvadoreño reporta agresiones de quienes juraron protegerles. Ante este escenario, ha decidido poner a prueba a las instituciones, sin saber si sus denuncias serán escuchadas.
La prensa salvadoreña es muy amiga de las redes sociales, principalmente de Twitter. En tiempos recientes, los periodistas han logrado difundir rápidamente, a través de sus cuentas, las agresiones que sufren y documentan desde sus celulares cuando salen a coberturas.
Sin embargo, estas plataformas también son espacios para recibir ataques por su trabajo. ¿Qué pasa cuando se reciben agresiones de agentes policiales? ¿A quién se puede acudir?
El 14 de septiembre de 2021, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) acudió a poner una denuncia a la Inspectoría de Seguridad Pública -entidad creada para fiscalizar el accionar de la Policía Nacional Civil (PNC)- junto a la organización humanitaria Cristosal.
Video vía Twitter: @ysuca91siete
«Como APES, hemos detectado un incremento de agresiones de parte de la PNC contra periodistas. Lo vimos en el caso de una agresión física contra Jorge Beltrán Luna y lo vimos cuando dos colegas fueron agredidos físicamente por miembros de la PNC en un mercado», declara a DW César Castro Fagoaga, presidente de la asociación.
«Después de esa agresión, no se ha individualizado a nadie dentro de la Policía», agrega Castro. Por ello, decidieron acudir a la inspectoría para «solicitar que haga su trabajo». Por ley, «es la institución que tiene que garantizar que los policías hagan su trabajo respetando los derechos humanos», insiste.
«Esta denuncia se enmarca en un contexto que es bien importante de recalcar: entre enero y septiembre de 2021, la APES, a través de su Centro de Monitoreo, ha contabilizado 177 agresiones contra periodistas. De esas agresiones, el principal grupo agresor es la PNC», añade Castro.
Para el reportero, el «discurso de odio de parte de Casa Presidencial salvadoreña contra medios de comunicación y periodistas ha envenenado a la PNC y ahora, por desgracia, se ha transformado en violencia, en agresiones físicas contra personas que únicamente están haciendo su trabajo.»
Por su parte, la expresidenta de la APES, Angélica Cárcamo, asegura a DW que «el abuso de poder por parte de los elementos de seguridad como la PNC, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), la seguridad privada, incluso agentes del Cuerpo Metropolitano, ha sido una tendencia en este país en cuanto a afectar la labor de periodistas.»
Esto -según Cárcamo- impulsó ya en 2018 la creación de una «pequeña mesa de diálogo con el Viceministerio de Seguridad y Transporte, en la época del presidente Salvador Sánchez Cerén, que tenía, entre sus compromisos, la elaboración de un protocolo de seguridad.»
«Con la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, la mesa de diálogo se eliminó. Durante todo el 2019 y parte del 2020, presentamos correspondencias al Ministerio de Seguridad Pública, para pedir que se retomara esa vía de diálogo, porque empezamos a registrar un alza de afectaciones a periodistas durante la pandemia», cuenta la periodista.
«Lamentablemente, no ha sido posible el diálogo porque no hay una voluntad política de parte del Estado salvadoreño», afirma Cárcamo. Y considera que eso genera «que estos casos sigan manteniéndose de forma constante y, lamentablemente, estén escalando.»
«Si, en 2019, Bukele era el principal instigador hacia la prensa, ahora es el Estado salvadoreño, porque ahora no solo agrede el presidente, no solo agreden sus funcionarios, no solo agrede la gente en redes sociales con cuentas falsas, o fanáticos, sino que el propio ministro de Seguridad habla de que están perfilando a periodistas», advierte.
El tipo de agresiones que registra la APES varía según el género. Cárcamo asegura que, «en el caso de vigilancia a casas de colegas, la mayoría de las víctimas han sido mujeres. Tenemos el caso de mujeres periodistas que les han llegado a tomar fotografías a las afueras de sus casas. Además, hay compañeras a las que elementos de la PNC o de la FAES les han tomado fotografías en las coberturas periodísticas. O, en mi caso, hace unos meses atrás, agentes tanto de la Policía como de la Fuerza Armada se llegaron a colocar frente a mi casa,» relata.
Todo esto, la lleva a concluir que «hay una mayor carga de persecución o seguimiento a las mujeres.» Sin embargo, en el caso de agresiones físicas, reconoce, «podemos decir que ha sido una constante más hacia hombres periodistas en trabajo de campo.»
El periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán Luna, ya está acostumbrado a ver víctimas de asesinatos. Sus años de experiencia le han ayudado a entender cómo se compone una escena del crimen. El 7 de julio de 2021, durante una asignación en la observaba el hallazgo de un cuerpo, que estaba siendo recuperado por socorristas, «llegó un oficial y, de una forma poco profesional, me preguntó qué hacía. Me identifiqué con mi carné y me dijo que tenía que irme», cuenta a DW.
«Por lo que ha ocurrido en otras ocasiones, yo puse mi cámara a grabar hacia abajo. Yo le dije que no estaba haciendo nada malo, que estaba ahí como periodista y que me dejara hacer mi trabajo. Cuando yo le dije eso, inesperadamente me soltó una bofetada», agrega Beltrán. Y explica que «él dijo que yo estaba en la escena del crimen y no era así, porque la escena estaba a por lo menos a 400 metros del lugar.»
«Para rematar, el señor me dijo ‘ustedes son los que están en contra de la Policía’. Ese es un mensaje muy grave, porque la carga significativa que lleva eso para los demás policías y soldados es muy fuerte», alerta Beltrán.
Su denuncia fue puesta con acompañamiento de la APES ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fiscalía. «Por parte de la PDDH, ya hubo una resolución, en la que se le ordena a la Policía que investigue los hechos. Por parte de la Fiscalía, fui entrevistado por un elemento de asuntos internos, y me dijo que ya había terminado. Hasta estos momentos, desconozco si la Fiscalía ha hecho alguna acusación», detalla el reportero.
«Tengo 19 años de ejercer periodismo, y esta es la segunda vez que he sido agredido físicamente por la Policía. La primera vez fue en 2018, por un investigador en Pasaquina. Se denunció, pero no prosperó nada. También, el 21 de agosto de 2017, le rociaron ácido a mi carro de madrugada. El carro lo había dejado en la entrada de donde vivo, y en la mañana vi que estaba bañado con un líquido que levantó la pintura. Lo habían rociado de punta a punta», cuenta Beltrán.
Aún así, dice que es la última agresión la que le preocupa más, porque fue hecha por un agente «con un grado de jefe y tiene una responsabilidad mayor. A eso agreguémosle que hubo funcionarios de alto nivel que aplaudieron esa actitud, diciéndole que era un héroe, como el diputado Guillermo Gallegos y el presidente de CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)».
