ELECCIONES 2021
Crédito: ATON
«Lo decidí en el transcurso del fin de semana, porque lo que se persigue es hacer un daño a mi sector político (…) prefiero dar un paso al costado y dedicarme a mi defensa», dijo el parlamentario.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet confirmó este lunes que no irá a la reelección para trabajar en su defensa luego de ser acusado por cohecho pasivo.
«Lo decidí en el transcurso del fin de semana, porque lo que se persigue es hacer un daño a mi sector político (…) prefiero dar un paso al costado y dedicarme a mi defensa», dijo el parlamentario en conversación con Radio Universo.
Mulet sostuvo que «declino legalmente a mi candidatura y llamo a apoyar a mi compañero de lista (Luis Gabriel Marcos). No tengo que aferrarme a nada. No solo me están dañando a mí».
En esa línea, sostuvo que entre las personas que podrían resultar afectadas con su candidatura, está el aspirante a la Presidencia de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y consideró que «el perjuicio a él es mayor, porque él es candidato a Presidente (…) yo me hago a un lado porque no quiero que dañen a Gabriel».
«Él debe llegar a La Moneda con un estándar más elevado y si yo me transformo en una dificultad yo me retiro, para que no le hagan dañó a él ni a mis candidatos», cerró.
Jaime Mulet se refirió a su formalización, luego de que el fiscal de Copiapó Luis Miranda lo solicitara al Tribunal de Garantía; por el delito de cohecho pasivo: «A raíz de la noticia aparecida hoy en un medio nacional, quiero señalar, primero, que soy totalmente inocente en esta investigación que ya lleva más de 5 años y se refiere a hechos de una época donde yo no tenía cargo público alguno. Tampoco involucra que yo haya recibido dineros. Sólo que la investigación pasa de desformalizada a una formalizada».
Cabe mencionar que la decisión del persecutor incluye a los abogados ligados a la Democracia Cristiana Ramón Briones y Hernán Bosselín, por el mismo delito. Y la solicitud se enmarca en el caso de la Minera Candelaria, la firma de capitales canadienses que habría pagado US$7 millones al alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, para que desistiera de un juicio ambiental en su contra.
