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La ley se prorroga por decreto a falta de tiempo de hacerlo en el Congreso, cuando varias provincias de la Patagonia enfrentan un conflicto con presuntos grupos mapuches por la usurpación de tierras privadas y públicas y ataques incendiarios, y el Gobierno nacional ha sido acusado de avalar las tomas violentas de tierras.
El Gobierno argentino prorrogó hasta noviembre de 2025 la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan la comunidades indígenas, que suspende los desalojos para poder concluir con un relevamiento de esas tierras que realiza un organismo del Estado, según un decreto publicado este jueves en el «Boletín Oficial».
La cuarta prórroga de la ley aprobada en 2006, que vencía el 23 de noviembre próximo, se dispone hasta el 23 de noviembre de 2025.
La ley se prorroga por decreto a falta de tiempo de hacerlo en el Congreso, cuando varias provincias de la Patagonia enfrentan un conflicto con presuntos grupos mapuches por la usurpación de tierras privadas y públicas y ataques incendiarios, y el Gobierno nacional ha sido acusado de avalar las tomas violentas de tierras.
“El ordenamiento territorial tiene que ver precisamente con establecer un lugar de diálogo para lo que es la cuestión de los pueblos originarios en Argentina”, dijo este jueves la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, en una rueda de prensa.
Señaló que “algunas provincias están avanzando más con este proceso y otras menos”, pero que “existen las herramientas institucionales para que los gobiernos provinciales se sienten con los representantes legítimos de esos pueblos” indígenas.
“Repudiamos cualquier tipo de acción violenta”, agregó respecto de la postura del Gobierno de Alberto Fernández sobre los conflictos en el Sur, el cual ha tenido enfrentamientos con las posturas de los gobernadores provinciales.
“Ayudamos” a los gobiernos provinciales a “prevenirlas”, a “contenerlas” y a “perseguirlas” cuando suceden las acciones violentas, afirmó Cerruti.
El decreto prevé que durante el período de emergencia se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos con el fin de desalojar o desocupar las tierras ocupadas en forma “actual, tradicional, pública y fehacientemente acreditada” por comunidades indígenas.
Reconoce a las comunidades indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u ante organismo provincial competente.
Durante los próximos cuatro años, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá seguir realizando el relevamiento técnico-jurídico-catastral del dominio de las tierras ocupadas por comunidades indígenas.
La norma explicita que durante la administración de Fernández, iniciada en diciembre de 2019, se han culminado 73 relevamientos y se han formalizado siete convenios interjurisdiccionales con las provincias de Neuquén, San Juan, Misiones, Santa Fe, Chaco, Salta y Jujuy.
En los considerandos afirma que el universo de comunidades indígenas identificadas asciende a 1.760, y al INAI le resta relevar 768, por lo que ha iniciado el proceso de 246 y ha finalizado el de 746.
En tanto, recuerda que según el censo de 2010 los descendientes de pueblos originarios en Argentina ascienden a 955.032 habitantes.
