PAÍS
Parlamentarios de la Comisión de Constitución de la Cámara salieron al paso de los dichos del Presidente electo, Gabriel Boric, quien solicitó que la iniciativa que otorga un indulto a los denominados «presos del estallido» sea aprobado antes del fin del período legislativo.
«Hago un llamado enfático a los senadores a que esto se resuelva en el mes de enero, esto no puede seguir esperando. Nosotros como gobierno nos comprometemos a abrir un diálogo que sea amplio para que esto no se trate ni de vencedores contra vencidos, ni de un sector contra otro, sino que para generar la unidad tras un periodo de tanta tensión y división». Así se refirió este lunes a la Cámara Alta el Presidente electo, Gabriel Boric, emplazando a los parlamentarios para que apruebe lo antes posible el proyecto que otorga un indulto a los denominados «presos del estallido»; iniciativa que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado.
De acuerdo a cifras emanadas de Gendarmería —y solicitadas por la presidenta del Senado, Ximena Rincón—, 144 personas se encuentran con la medida cautelar de privación de libertad por las manifestaciones acaecidas entre el 18 de octubre del 2019 y el 30 de marzo del 2021. A esa cantidad, se suman otras 67 personas que se encuentran cumpliendo penas por diversos delitos ocurridos durante la misma contingencia.
«Yo espero que haya una comprensión de que, para lograr justamente el clima que necesitamos para poder abordar todas las transformaciones que queremos hacer, tiene que haber colaboración de todos los sectores», sentenció Gabriel Boric.
Las reacciones no tardaron en llegar y su pronóstico está lejos de ser alentador para la iniciativa. La presidenta del Senado, Ximena Rincón, si bien no adelantó su postura, indicó que «no podemos indultar a quien no tiene una condena, nosotros no podemos instalar la idea que frente a hechos gravísimos se pueda establecer el indulto, y que hay que respetar ciertas normas y conductas para dar certeza a la ciudadanía en general».
De todas formas Rincón, que ofició al Gobierno sobre el tema, precisó: «los involucrados llevan más de dos años sin un juicio que permita determinar cuál es la acusación que hay en contra de ellos (…) y más allá del juicio particular que uno pueda tener al respecto, de las razones que hay detrás de las detenciones, me parece impresentable que después de seis meses y 2 años y dos meses, no haya juicio y eso atenta contra todo tipo de acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos».
En tanto, según consignó Emol, el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (ind-PPD) —quien además sostuvo una reunión con Boric para abordar el tema— afirmó que aunque la instancia que preside apruebe la iniciativa, en Sala no estarían los votos necesarios para visarla. Y es que el proyecto requiere al menos dos votos de senadores oficialistas; una meta difícil, considerando las declaraciones de los aludidos.
El senador Araya confirmó que la iniciativa será votada en la sesión del próximo lunes y, en el peor de los casos, debido al quórum, tendría que pasar un año para poder discutir una norma en el mismo tenor.
«Al tener normas de quórum necesita que al menos dos senadores de derecha voten a favor de este proyecto, entonces no sacamos nada como senadores de la comisión despachar este proyecto si no logramos construir un acuerdo político que le dé viabilidad técnica, porque si el proyecto es rechazado en la Sala, durante el transcurso de un año no se puede presentar ninguna iniciativa de esta materia, lo que claramente es un problema para construir paz social en nuestro país», señaló Araya.
La senadora Luz Ebensperger (UDI) confirmó que por ejemplo ella mantiene su postura de rechazarlo, mientras que su par del PS, Alfonso de Urresti pidió a Boric no enviar «recados» a los parlamentarios y lo emplazó convocar otro tipo de mecanismos para encontrar un acuerdo sobre el tema.
«Yo no he cambiado de opinión, creo que es un muy mal proyecto, y si se ve yo lo voy a votar en contra. No corresponde que nosotros le perdonemos a aquellas personas que a razón del estallido social cometieron delitos comunes en contra de emprendedores, destruyéndole el trabajo de toda la vida, incendiando, saqueando sus negocios o emprendimientos. Que estas personas lleven tiempo detenidos es un problema que tenemos que abordar de todo lo que es el proceso penal, no es solo un problema de estos detenidos. Habría que revisar entonces la presión preventiva respecto de todo el sistema penal», dijo Ebensperger.
De Urresti añadió: «Yo le pediría al Presidente electo que más que enviar recados al comisión del Senado, también él asuma que es el Presidente electo, que él también tiene una responsabilidad en este tipo de situaciones y este trabajo tenemos que hacerlo entre todos, esto no es solo un trabajo legislativo, también tiene que comprometer al Ejecutivo, tanto al actual como al que va a sumir en el mes de macro, de esa manera vamos a poder dar solución a un grupo de jóvenes que están privados de libertad».
El senador Francisco Huenchumilla (DC) también se pronunció e insistió en que uno de los problemas principales del texto impulsado por legisladores de oposición «siempre tuvo una nebulosa respecto de las personas que estaban afectadas por estas normas procesales penales en los distintos establecimientos carcelarios del país y eso es lo que queremos tener una información más actualizada, evidentemente el oficio de la presidenta del Senado nos va a servir».
Cabe mencionar que durante febrero habrá receso legislativo, por lo que si no se aprueba la iniciativa en enero, sería durante el venidero Gobierno y con un Senado en gran medida renovado donde se discutiría el polémico proyecto.
