Vence plazo para modificar proyecto de indulto a «presos del estallido»: este lunes comenzarán resoluciones en el Senado

Este viernes venció el plazo para ingresar modificaciones al proyecto de indulto general a los denominados presos del estallido social y, ante esto, el único que anticipó indicaciones fue Pedro Araya (IND-comité PPD), presidente de la comisión de Constitución del Senado.

El proyecto que concede un indulto a las personas detenidas, bajo medidas cautelares o derechamente condenadas en el marco de las protestas del 2019 y 2020, entrará a su primer debate y tramitación.

Desde el próximo lunes 17 de enero en la mesa de trabajo se discutirá la iniciativa, en la cual, de acuerdo al senador Araya, los temas más importantes van ser revisar el catálogo de delitos que se incluirán y cuál será la fórmula para obtener el beneficio. Actualmente, hay al menos tres catastros distintos sobre aquellas personas que podrían recibir el indulto, o la amnistía.

Las familias de los detenidos hablan de más de 800 personas que han sido procesadas y/o enjuiciadas por alguna medida cautelar o con alguna condena durante la revueltas populares.

Gendarmería precisa que son 144 quienes están en prisión preventiva y, si se considera la información disponible del Ministerio Público, esa cifra vuelve a cambiar, ya que no ha sido posible encontrar la totalidad de casos.

Al senador Pedro Araya (IND-comité PPD) le toca otra vez el rol de llegar a una solución y mucho se ha especulado en relación al por qué la comisión de Constitución mantuvo estancado el proyecto por gran parte del año 2020.

A lo que Araya se defiendió, planteando que al trabajar algunas indicaciones, que involucraron redefinir criterios en estos casos del sistema de justicia, se necesitó un quórum con votos de derecha y que no se pudo despachar, no tuvieron acuerdos definitivos y no pudieron darle “viabilidad” al proyecto.

Prueba de esto es la postura de Hernán Larraín, titular del Ministerio de Justicia, el cual afirmó que el Gobierno rechaza esta moción y que la nueva norma debería ir orientada al sistema de prisión preventiva.

«Nosotros no hemos sido partícipes de este proyecto porque creemos que tiene errores jurídicos complejos, que genera desigualdades, asimetrías que no parecieran tener una justificación”, dijo Larraín. “Lo que nos ilustra el tema del estallido social es que debemos revisar la prisión preventiva con mayor rapidez, porque tanto esos casos como otros están pagando un mal sistema de estar en exceso de tiempo en prisión preventiva», sostuvo el ministro.

A sus vez, señaló que hay que confiar en que las instituciones conversen, «para ver cómo podemos resolver este tema sin empezar interferir en lo que hace un juez y el Ministerio Público que son órganos autónomos».

Por su parte, el coordinador político de Gabriel Boric, el diputado Giorgio Jackson (RD), aclaró que continúan trabajando en este proyecto, porque existen “situaciones de mucha injusticia, personas que no han recibido un juicio en casi dos años”.

Tras una reunión con el diputado Jackson, la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta confirmó que el gobierno entrante se comprometió retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado. Asimismo, cabe recordar que el propio Gabriel Boric afirmó, semanas atrás, que se hará una revisión caso a caso en relación a esta materia.