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Crédito: ATON (Contexto)
Según el documento presentado por la Asociación gremial de Farmacias Independientes (AFFI), Andrea Martones “ha influido directamente en este proyecto de ley mientras a la par representaba los intereses de laboratorios prestando servicios profesionales a una gremial de laboratorios farmacéuticos internacionales”. Por esa representación, Martones, a través de Martones SPA -es socia directora- recibió con factura un monto de $16.019.300 por parte de la CIF.
La Asociación gremial de Farmacias Independientes (AFFI) envió una carta al Senado para que se suspenda la tramitación del proyecto de Ley Fármacos II, luego que se denunciara un posible conflicto de interés de la asesora Andrea Martones, quien es acusada de recibir un millonario pago de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile (CIF), asociación que representa a 24 compañías multinacionales de innovación farmacéuticas en Chile.
Según el documento, Martones “ha influido directamente en este proyecto de ley mientras a la par representaba los intereses de laboratorios prestando servicios profesionales a una gremial de laboratorios farmacéuticos internacionales”. Por esa representación, Martones, a través de Martones SPA -es socia directora- recibió con factura un monto de $16.019.300 por parte de la CIF.
Según el sitio web, CIF se define como “una asociación gremial que representa a 24 compañías multinacionales de innovación farmacéuticas con presencia en Chile” y representa a marcas como Pfizer, Bayer y AstraZaneca.
De acuerdo a La Red, las farmacias independientes acusan que Martones está vinculada profesionalmente con los laboratorios internacionales, “quienes le realizaron pagos millonarios a través de su empresa Martones SPA”.
En la misiva, detallan que “como asesora en la Comisión mixta de Salud del Senado, Martones ha influido directamente en este proyecto de ley mientras a la par representaba los intereses de laboratorios prestando servicios profesionales a una gremial de laboratorios farmacéuticos internacionales”.
“Esto es a lo menos un conflicto de interés e incluso puede llegar a ser constitutivo de delito dado que no transparentó en ninguna oportunidad su relación con las empresas transnacionales que le pagaron”, afirma el documento.
Según Héctor Rojas Piccardo, presidente de AFFI Chile, “esto es un hecho gravísimo” y que es “casi lo mismo que el caso Corpesca”. “Es una ley viciada por una persona que no informó el conflicto de interés por trabajar para la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile”, agregó en conversación con el citado medio.
