MERCADOS
Crédito: Agencia UNO
«Esta decisión del Tribunal acredita la existencia de un acuerdo que afectó a un mercado tan sensible como el combate aéreo de incendios forestales desarrollado mediante aviones», puntualizó Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió la demanda contra las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada, interpuesta por la Fiscalía Nacional Económica FNE, en julio del 2018. Esta denuncia se hizo porque dichas empresas llevaron a cabo un mutuo acuerdo anticompetitivo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales, mediante aviones cisterna en el territorio nacional, durante los años 2009 y 2015.
La sentencia del Tribunal condenó a estas compañías a pagar una multa a beneficio fiscal de 8 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que se traduce en US$ 6,5 millones, de los cuales US$1,5 millones deberá asumirlo Faasa Chile y casi US$ 5 millones, Martínez Ridao.
«El acuerdo alcanzado por las requeridas les confirió poder de mercado y con ello la aptitud de producir efectos perniciosos en la competencia en el mercado relevante. Ello por cuanto el acuerdo involucró a los dos principales oferentes del mercado y, por tal motivo, suprimió la competencia que debía existir entre ambos, aumentando consecuentemente su poder de mercado», dice el TDLC en su decisión.
Añadido a la multa, en efecto, se impuso como medida obligatoria adoptar un programa de cumplimiento y ética en materia de libre competencia que satisfaga al menos los requisitos establecidos en la «Guía de Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia» de la FNE.
En la acusación de la Fiscalía Nacional Económica, acogida por el Tribunal, señaló que ambas empresas acordaron actuar en conjunto en el mercado chileno, determinando coludiéndose en la comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados para asignarse contratos en el período referido.
«Esta decisión del Tribunal acredita la existencia de un acuerdo que afectó a un mercado tan sensible como el combate aéreo de incendios forestales desarrollado mediante aviones. Las requeridas, que forman parte de grupos empresariales que operan en España y otros países de Europa, también han sido investigadas en el extranjero por conductas similares, lo que nos obliga a permanecer muy alertas y mantener coordinación con distintas agencias y autoridades que nos permitan obtener evidencia para desbaratar estos acuerdos ilícitos», dijo el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.
Entre los afectados por este acuerdo se cuentan instituciones del Estado, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), así como algunas empresas forestales privadas.
