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crédito: Delegación Presidencial Regional de Tarapacá
Miguel Ángel Quezada, delegado presidencial de Tarapacá, señaló que por los extranjeros irregulares estancados en las fronteras, «hemos estado trabajando con Bolivia para que los acepte, el Ejército y Carabineros los reconduce a la PDI para que hagan el trámite y entregárselos». En relación a los que no son recibidos, se encuentran en la zona de «la primera respuesta que están ahí para mantenerlos en el lugar, sino vamos a hacer el proceso que es el trámite administrativo de expulsión».
El delegado presidencial regional de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, admitió que la posibilidad de que se decrete toque de queda, en las provincias del Norte que están con Estado de Excepción vigente por la crisis migratoria, se está «evaluando permanentemente» y que es cada jefe de la Defensa Nacional local el que «tiene que ir midiendo cómo se toma esa decisión».
En conversación con T13, Quezada afirmó que están tratando de resolver la situación al otro lado de la frontera, en la cual no está aceptando la reconducción de personas. «Estamos viendo de qué manera podemos hacer las tratativas entre Bolivia, la cancillería, con nuestro ministro del Interior Rodrigo Delgado», quien «siempre ha estado dispuesto a conversar y empujarnos que esta relación con Bolivia se fortalezca para poder resolver esta problemática de inmigración»
A su vez, el delegado señaló que «nosotros en la Región de Tarapacá ya llevamos reconducidas 90 personas, y obviamente el ministro se refiere a toda la Macrozona norte, por lo tanto nosotros vamos a seguir trabajando en reconducir a aquellas personas que están en esa condición».
«Ahora bien, tenemos una situación bien particular, porque Bolivia está aceptando a sus compatriotas y nosotros creemos que aquellas personas que también entraron legalmente a Bolivia, debieran aceptarlo de forma definitiva y sin objetarlo. Y en lo que tenemos que trabajar en conjunto es aquellas personas que también ingresaron al país en forma ilegal» y que también entraron de la misma manera al país vecino.
Quezada aseguró que a pesar de que «en la primera etapa a nosotros nos aceptaron también venezolanos y otras nacionalidades», ahora ya no los reciben y «solo están aceptando a los bolivianos en este momento».
Consultado por las personas rezagadas que quedan en la frontera, sostuvo que es»ahí es donde aparece el Decreto 265, la nueva Ley de Migración y el decreto Excepción que tenemos, para poder impedir el que ingresen personas a nuestro territorio y evitar que entren en estas condiciones y obviamente que la reconducción es uno de los elementos más y en eso tenemos que seguir trabajando», señalando asimismo que la gente quiere una nueva ley de migraciones «ordenada, regular y segura».
Respecto a los extranjeros que quedan deambulando, el delegado detalló que «hemos estado trabajando con Bolivia para que los acepte, el ejercito y Carabineros los reconduce a la PDI para que hagan el trámite y entregárselos». En relación a los que no son recibidos, se encuentran en la zona de «la primera respuesta que están ahí para mantenerlos en el lugar, sino vamos a hacer el proceso que es el trámite administrativo de expulsión de las personas que están en esas condiciones».
Para la expulsión se tienen 48 horas para hacer el trámite y en el caso de que Bolivia no acepte el retorno de extranjeros, la nueva ley decreta que serán devueltos a sus países, por lo que Chile deberá contar con las herramientas para hacerlo. «Vamos a tener a principio de marzo, un nuevo avión en el que vamos a llevar a todos los expulsados que estén en nuestra región», informó al respecto.
A pesar de los controles fronterizos, muchas veces la multitud de gente que cruza la frontera le queda grande al personal del Ejército, hecho ante el cual el delegado aseguró que «esto los vamos a trabajar para que no sea más permeable de lo que ha sido».
Por lo tanto, la reconducción de extranjeros «es una tarea permanente» e «invitamos a todas la autoridades de nuestra región a que colaboren y presten la ayuda para que esto suceda, en la medida que vamos generando las condiciones para que la gente no cruce».
En ese sentido, Quezada decidió recordar a los coyotes a quienes «también les estamos sancionando», ya que para «los que transportan estas personas, la nueva ley dice que hay una multa por un millón de pesos por cada migrante que se encuentre en estos vehículos». El propósito es «desincentivar a aquellos que están transportando para que crucen de Bolivia a Colchane», finalizó.
