NUEVA CONSTITUCIÓN
La norma que busca sancionar penalmente al actual Presidente de la República fue aprobada en general al interior de la Comisión de Sistemas de Justicia de la instancia que redacta la nueva Carta Magna del país. Dicha propuesta es una iniciativa popular de norma, es decir, fue presentada a través de patrocinios de la ciudadanía y contó con 16.304 firmas. Si bien no señala explícitamente que el Mandatario irá a la cárcel en caso que la nueva Constitución se apruebe, el articulado indica que «se garantizaría el derecho a la justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo”.
«Sebastián Piñera tiene responsabilidad política y penal, como Presidente de la República. Tiene que responder ante los tribunales que sean necesarios, tanto nacionales como internacionales, por la violación sistemática a los derechos humanos de miles de compatriotas chilenos. No solo por el afán de buscar justicia sino también imprimir memoria en la mente y corazones de los futuros ciudadanos, quienes no quieren otro presidente corrupto y cruel como el actual». Esta es la «situación ideal» que plantea el articulado de la Iniciativa Popular de Norma (IPN) llamada «Cárcel para Sebastián Piñera» y que hoy fue aprobada en general por la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional.
La norma fue aprobada en general por 10 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Ahora la IPN debe ser votada dentro de la misma comisión en particular. Y con las modificaciones que allí se levanten la norma pasaría a ser votada por el Pleno en un segundo informe de la comisión.
La propuesta sostiene que «a mas de dos años de las protestas iniciadas en octubre de 2019 y los ataques generalizados contra nuestro pueblo que se manifestaba por parte de Carabineros de Chile, apenas avanzan las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad».
«Se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal, más de 500 casos de trauma ocular y mas de 50 muertes a causa de la violencia estatal. El único responsable es Sebastián Piñera Echenique, quien hasta el momento ha actuado en plena impunidad, a esto también se suman dentro de su periodo los escándalo derivado de los Pandora Papers y las revelaciones sobre el proyecto minero Dominga», detalla el articulado.
El documento señala que «Sebastián Piñera tiene responsabilidad política y penal, como Presidente de la República. Tiene que responder ante los tribunales que sean necesarios, tanto nacionales como internacionales, por la violación sistemática a los derechos humanos de miles de compatriotas chilenos».
Se propone que se debe contemplar en la Nueva Constitución la «garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo».
