NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: Agencia Uno
La instancia visó cerca de 100 artículos, entre ellos, una democracia paritaria, Estado plurinacional, presidencialismo atenuado y una fórmula de bicameralismo asimétrico. De todas formas, aún falta hacer ajustes al texto sistematizado, por lo se realizará un sesión extraordinaria para resolver la situación. A raíz de esto, la coordinación podrá proponer ajustes, que solo podrán ser aprobados si la comisión abre el debate, de forma unánime, nuevamente.
La Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional finalizó la votación en particular de las más de 750 indicaciones sobre un Estado plurinacional, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y partidos políticos. De esta forma, la instancia está en posición de enviar su primer informa al pleno del órgano redactor. Toda aquella indicación que logre los 2/3 se convertirá en norma constitucional.
De todas formas, aún falta realizar ajustes al texto sistematizado, por lo que se hará una sesión extraordinaria dentro de los próximos días. La coordinación propondrá ajustes, los que solo pueden ser aprobados si la comisión abre el debate, nuevamente, de forma unánime. Así, el informe final será distribuido a los constituyentes desde el lunes de la próxima semana, y el viernes, la propuesta llegará al pleno.
Lo primero que se establece en el texto de cerca de 100 artículos, es que el Estado de Chile se funda en una «democracia paritaria», lo que significa que todas las instituciones y órganos, deberán tener una integración paritaria, con, por lo menos, un 50% de mujeres. Además de garantizar una representación efectiva de identidades no binarias y trans.
En cuanto a la plurinacionalidad, la comisión establece que «Chile es un Estado Plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado».
Estos pueblos mencionados son los 10 que ya se encuentran reconocidos por ley, sumado el del pueblo Selknam. Además, hay un artículo para el pueblo tribal afrodescendiente.
Dentro de estas normas, hay una que señala que «el Estado reconoce su responsabilidad en el genocidio, saqueo, marginación y discriminación de los que han sido objeto los pueblos originarios y se compromete a su reparación y dar garantías de no repetición».
