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Crédito: Agencia Uno
La Cámara de Diputadas y Diputados sorteó a los parlamentarios que establecerán la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, quien fue duramente criticado tras asumir un cargo en España mientras aún se desempeñaba como secretario de Estado. Esto provocó la presentación de la medida por «comprometer gravemente el honor y la seguridad de Chile», la que comienza a tomar forma, ya que la comisión será integrada por los diputados Andrés Celis (RN), Jaime Araya (IND-PPD), Cristián Labbé (UDI), Jorge Brito (RD) y Catalina Pérez (RD). La labor de esta comisión será decidir si procede o no la acusación, aunque su resultado no es vinculante para que la Cámara Baja determine la eventual culpabilidad de Allamand.
Durante la jornada de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados sorteó a los cinco parlamentarios que establecerán la comisión revisora de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.
Cabe destacar que el exsecretario de Estado fue duramente criticado por asumir como secretario general iberoamericano en España mientras aún era ministro. Todo esto en el marco de la crisis migratoria que atravesaba y atraviesa el país.
De esta forma, dicha comisión será integrada por Cristián Labbé (UDI), Jaime Araya (IND-PPD), Catalina Pérez (RD), Andrés Celis (RN) y Jorge Brito (RD). Tendrán como labor decidir si procede o no la acusación constitucional.
#AcusaciónConstitucional La comisión que estudiará la procedencia del libelo contra Andrés Allamand queda compuesta por: @Clabbem (UDI), @ANDRESCELISM (RN), @CatalinaPerezS (RD) @ArayaDiputado (Ind) y @jorbritoh (RD).
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) May 9, 2022
Su resultado no es vinculante para que la sala de la Cámara Baja, o, eventualmente, la sala del Senado, determinen la culpabilidad del acusado. A pesar de que Allamand no de desempeñe actualmente como ministro, si podría recibir una condena de imposibilidad de ejercer cargos públicos por cinco años.
