Contraloría inicia procedimiento disciplinario contra exfuncionarios de Subsecretaría de Redes Asistenciales por caso Espacio Riesco

Recientemente se dio a conocer el informe final de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República a la Subsecretaría de Redes Asistenciales a raíz de los contratos de arriendo y posterior habilitación de Espacio Riesco.

Cabe recordar que en los primeros meses de la pandemia de covid-19 en el país, el organismo, dirigido por el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, instaló un hospital de emergencia ubicado en el recinto de Huechuraba. Esto, con la finalidad de recibir a los pacientes de mediana gravedad contagiados de coronavirus.

La auditoría tuvo el objetivo de verificar si las contrataciones se llevaron a cabo en el marco de la normativa vigente. Además, «si las mencionadas entidades dieron cumplimiento a sus funciones de manera coordinada y eficiente, velando por el cuidado y buen uso de los recursos públicos», sostiene el documento.

Agregando que revisó si la Subsecretaría de Redes Asistenciales controló o no «que los servicios se hayan realizado según lo convenido y que las transacciones se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas».

Tras esto, el informe de Contraloría sobre Espacio Riesco sostuvo que la administración de Zúñiga no cotizó otros recintos para la instalación de dicho hospital de emergencia y que careció de análisis de costos, por lo que ordenó un procedimiento disciplinario contra los funcionarios que resulten responsables.

«En la implementación del aludido centro hospitalario no se efectuó un análisis integral del proceso y de sus costos totales; afectándose el correcto proceder en la determinación de los precios y en la variación y control de las operaciones ejecutadas por la empresa en el marco de la habilitación de dicho inmueble, lo que no se ajustó a los principios de eficiencia, eficacia, control, coordinación y transparencia», constató el organismo.

Asimismo, determinó que el Servicio de Salud Metropolitano Norte «efectuó pagos a la empresa Centro de Convenciones Santiago S.A., sin contar con la pertinente acreditación de las partidas por el monto de $79.409.721, IVA incluido, toda vez que ese organismo no aportó antecedentes de respaldo que den cuenta que los arriendos y/o faenas se ejecutaron en los periodos establecidos y/o de la forma exigida en el referido acuerdo de voluntades».

En ese sentido, indicó que «la Subsecretaría de Redes Asistenciales no acreditó haber realizado un estudio de evaluación de distintas opciones de inmuebles sobre la base de criterios técnicos, objetivos y formales, en el proceso de búsqueda y selección de recintos para el funcionamiento de un hospital de emergencia».

A raíz de esto, «este Organismo de Control iniciará un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios de la mencionada subsecretaría involucrados en el hecho antes expuesto», sentenció el documento.

Tras la determinación, el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, refutó el informe y manifestó que «los dos contratos con Espacio Riesco fueron tomados de razón por Contraloría y el pago se ajustó a lo indicado por esta. Aquí trabajaron 500 funcionarios de salud durante 90 días en el periodo más duro de la pandemia».

«Este esfuerzo inhumano de levantar un hospital de 400 camas en pocas semanas, permitió que más de 600 compatriotas salieran con vida y regresaran a casa con sus familias después de largas hospitalizaciones», complementó.

Además, apuntó a que «se revisaron las condiciones de otra decena de lugares públicos y privados».

«Hacer un proceso normal de licitación que implicaba un retraso de tres meses era imposible, pensando en las necesidades de camas que teníamos como país», concluyó.