PAÍS
Crédito: Ministerio de Obras Públicas
El director nacional de la Dirección General de Aguas (DGA), Rodrigo Sanhueza, explicó qué en la región de O’Higgins, desde 2018 se han realizado 441 investigaciones, de las cuales 125 han sido verificadas como infracción al Código de Aguas. «Solo durante el año 2022 se han abierto 68 expedientes, casi el doble de 2021, una situación que se está replicando en todo el país», manifestó.
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, en conjunto con autoridades nacionales y regionales de la Dirección General de Aguas (DGA), acompañó a los funcionarios encargados de fiscalizar a las comunas de Rengo y Graneros.
Según información de Cooperativa, el director nacional de la DGA y que era parte de la actividad, Rodrigo Sanhueza, dio a conocer que en la región de O’Higgins -desde el 2018- se han realizado 441 investigaciones, de las cuales en 1250 se ha corroborado una infracción al Código de Aguas y se han aplicado multas por más de $1.500 millones.
«Solo durante el año 2022 se han abierto 68 expedientes, casi el doble de 2021, una situación que se está replicando en todo el país», manifestó.
En la instancia, el ministro García enfatizó la prioridad de resguardar el correcto uso del agua, por lo que tanto el ministerio como él, seguirán en terreno constatando que las medidas adoptadas por la Dirección General de Aguas se cumplan.
«Nuestro objetivo es prevenir. No sacamos nada con multar si la gente sigue extrayendo agua», apuntó.
En la misma línea, explicó que para prevenir el mal uso del recurso hídrico, «estamos fortaleciendo nuestro equipo de fiscalización, pero además nuestros elementos tecnológicos, porque nuestro objetivo como Gobierno es que el agua realimente sea usada con los fines previstos».
En tanto, la jefa de fiscalización de la DGA, Carmen Herrera, comentó que los procesos de fiscalización se pueden iniciar, ya que cuentan con suficientes antecedentes que dan cuenta que efectivamente puede haber un incumplimiento al Código de Aguas. Se puede iniciar una investigación por oficio o denuncias de la ciudadanía.
Una vez que comienza el procedimiento, los fiscalizadores de cada región acuden a constatar las eventuales infracciones que se están cometiendo. Después, la DGA formula los cargos y realiza la investigación, la que puede terminar con sanción si se demuestra el incumplimiento.
En ese sentido, Herrera instó a la comunidad a «presentar denuncias, de manera que nos alerten sobre los posibles incumplimientos normativos asociados al Código de Aguas».
