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Créditos: Agencia Uno (referencial)
Aseguran que la acusación constitucional sería un «mecanismo efectivo de control» que permitiría a la Cámara de Diputados iniciar un procedimiento «por infracciones graves y negligentes que cometan en el ejercicio de su cargo y, de esta forma, hacer efectivas las responsabilidades políticas y jurídicas en aquellos casos que prospere la respectiva acusación”.
Un grupo de parlamentario de la Unión Demócrata Independiente (UDI), presentaron este lunes un proyecto de ley para modificar la Constitución y permitir que se acuse constitucionalmente a los embajadores.
“En el pasado, para nombrar a un embajador se requería el acuerdo del Senado y esto tenía por finalidad poder buscar personas que efectivamente representaran los verdaderos intereses de nuestro país. Lo que estamos viendo hoy día es que el amiguismo ha primado de sobre manera y tenemos, por ejemplo, el caso del embajador en España, que ya en reiteradas ocasiones ha dejado en vergüenza a nuestro país”, indicó el diputado Juan Antonio Coloma.
Agregó que quieren impulsar políticas para que los embajadores «tengan que tener el acuerdo del Senado o poder avanzar en incluso en una acusación constitucional contra un embajador. Porque si hay algo que el país no se merece es tener a algunos como verdaderos activistas de un sector político y no representando los intereses del país, que es la principal misión que un embajador tiene cuando actúa fuera de nuestro territorio”.
El proyecto fue firmado por Cristián Labbé, Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Cristóbal Martínez, Eduardo Cornejo, Gustavo Benavente, Felipe Donoso, Daniel Lilayu, Natalia Romero y Flor Weisse.
La iniciativa puntualiza que los embajadores debiesen estar sujetos al mecanismo de acusación constitucional, «especialmente considerando que la representación diplomática es fundamental para la correcta inserción y participación del país en el mundo y, por consiguiente, errores graves en el ejercicio de sus funciones pueden afectar fuertemente la imagen de Chile como un país serio y confiable”.
Además, los legisladores detallaron que la acusación constitucional sería un «mecanismo efectivo de control» que permitiría a la Cámara de Diputados iniciar un procedimiento «por infracciones graves y negligentes que cometan en el ejercicio de su cargo y, de esta forma, hacer efectivas las responsabilidades políticas y jurídicas en aquellos casos que prospere la respectiva acusación”.
