Matías Insunza: “Cuesta entre US$800 y US$2.000 millones al año no reformar la justicia civil”

La reforma al sistema de justicia civil vuelve al centro del debate tras más de dos décadas de espera. En entrevista con El Mostrador, el abogado Matías Insunza, integrante de la comisión asesora convocada por el Ministerio de Justicia, advierte que el actual modelo, basado en un Código de Procedimiento Civil de 1903, ya no resiste nuevas modificaciones. 

El problema, sostiene, no es solo la lentitud y el alto costo de acceder a la justicia, sino también el impacto económico de mantener un sistema obsoleto. Un estudio de Clapes UC, citado por el abogado, estima que Chile pierde entre 800 y 2.000 millones de dólares al año por no reformarlo. La comisión trabaja ahora en seis ejes, entre ellos, la ejecución, los recursos, la incorporación de tecnología e inteligencia artificial y nuevos procedimientos, con la meta de entregar una propuesta robusta a comienzos de 2027 para avanzar en el despacho del proyecto de ley alojado en el Congreso. 

-¿Por qué es relevante y urgente una reforma procesal civil? ¿Y por qué ha demorado tanto tiempo sacar adelante un proyecto como este en el Congreso?
-Es trascendental, es una reforma que lleva más de 20 años. El 2004 se le encargó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por parte del Presidente de la República y el ministro de Justicia de la época, preparar las bases de un nuevo sistema de justicia civil. En esos años ya se decía que el sistema tenía que ser modificado de manera urgente, porque ya se habían producido modificaciones de los sistemas judiciales procesales en penal, en familia, laboral, ambiental, tributaria, y aduanero posteriormente, entonces era indispensable. 

¿Por qué es tan urgente? Hay un consenso total de que un país que pretenda ser moderno tiene que ser también moderno en la forma en que resuelve sus problemas. Y la forma en que se resuelven los problemas en Chile, igual que en todas partes del mundo, son sistemas generales y comunes aplicables a todos los problemas, a todos los conflictos, y ese sistema general y común es el Código de Procedimiento Civil. Pero ese Código de Procedimiento Civil es de 1903 y nos rige un sistema cuyo mensaje es de 1893.

Completamente anacrónico y que ha sido objeto de algunas modificaciones durante mucho tiempo, pero esto no resiste más modificaciones. Tenemos que hacer un cambio radical, moderno, para actualizarlo, además estar mirando al mundo y también a Chile. No es un problema solamente de que estamos atrás a nivel mundial, que así lo es, sino que además en Chile tenemos sistemas penales modernos del año 2000, sistemas laborales, de familia, que pueden tener algunos inconvenientes, pero son sistemas reformados. 

Pero como ciudadanos tenemos un sistema lento, donde es muy difícil acceder a la justicia en Chile. Hoy día, para que uno pueda llevar adelante un juicio civil, necesita no solamente contratar a un abogado, sino que también necesitas utilizar a un auxiliar de la administración de justicia, que son los receptores judiciales. O sea, son personas a las cuales hay que pagarles para efectos de poder efectuar las notificaciones, realizar los testimoniales y una serie de otros trámites de carácter procesal. Pero esto cuesta dinero. 

Salvo que acrediten que carecen de facultades económicas, que son una escasa cantidad de personas que así lo pueden acreditar. Eso disuade, por supuesto, a las personas de poder concurrir. Entonces, hay un problema de acceso a la justicia brutal. Muchas personas que no tienen los recursos, simplemente ven postergadas la posibilidad de solucionar problemas. Incluso más, personas que, teniendo algo de recursos, tienen que gastar cifras relevantes para efectos de poder avanzar en su procedimiento. ¿Eso es acceso a la justicia? Yo estoy convencido de que no. 

-Decías que este es un debate que viene desde el año 2004. ¿Por qué al 2026 el proyecto que está en el Congreso no ha podido ver la luz? ¿Cuáles han sido las principales dificultades? 
-Aquí ha habido en un inicio una mirada de Estado, de que este era un problema de país, no un problema de un gobierno. Sin embargo, no todos los gobiernos lo han mirado desde la misma perspectiva y le han dado énfasis distintos a la tramitación. Y efectivamente hoy día estamos en una tramitación legislativa que está algo avanzada, pero hay algunos aspectos que quedaron excluidos de los avances que se habían llevado por parte del Senado. Particularmente el sistema de ejecución y el sistema recursivo, en particular un recurso especial de casación. 

Entonces, lo que se ha encomendado, por parte del ministro de Justicia, es tomar la base de ese proyecto y las indicaciones que existen actualmente, para que esta comisión trabaje sobre ese documento y finalmente lograr que este proyecto prospere. Porque es indispensable, nosotros nos debemos tener un acceso a la justicia rápido, efectivo, eficiente. 

El gran problema que siempre habíamos escuchado era que hay un requisito financiero, y Hacienda es particularmente reacio a entregar más recursos. Efectivamente toda reforma procesal supone recursos. Ahora la pregunta que uno debiera formular fue cambiada de manera bastante hábil por parte de economistas de Clapes de la Universidad Católica, que hicieron un estudio hace muy poco tiempo.

Los economistas hicieron una pregunta distinta, no cuánto cuesta, sino cuánto nos cuesta no reformar. Y la verdad es que la respuesta fue elocuente. Dijeron que cuesta entre 800 y 2.000 millones de dólares al año el no reformar. Es decir, el 0,3 o el 0,75% del Producto Interno Bruto anual se está perdiendo Chile por el hecho de no reformar. Repito, entre 800 y 2.000 millones de dólares al año para la economía chilena. Eso es lo que le cuesta.

-El foco no debería ser hoy día cuánto cuesta implementar una reforma, sino lo que se está perdiendo por no hacerlo.
-Así es. Y entonces cualquiera sea el costo de hacer la reforma, es un costo absolutamente marginal, porque es una inversión. Esa es la mirada que nosotros creemos se le debe dar, además de todos los antecedentes que comentábamos anteriormente, que hace indispensable que Chile tenga un sistema moderno y eficaz. 

-¿Qué implica un sistema moderno? ¿Cuáles son las principales modificaciones que entrarían a regir mediante una reforma como esta? 
-Las últimas estadísticas y datos que da el Poder Judicial indican que el número de causas que entraron en el sistema procesal civil en Chile fueron 960.000 causas. De esas causas, el 80% son procedimientos de ejecución, gestiones preparatorias y medidas prejudiciales.

Entonces la pregunta es: ¿y el otro 20%? O sea, tenemos un juez a cargo de gestionar procedimientos de ejecución en un 80% de su tiempo. ¿Quiénes formulan las demandas de ejecución y las gestiones preparatorias? Los bancos y las casas comerciales, que además les sale gratis. Entonces lo que se busca es que tengamos un sistema moderno donde, por ejemplo, la ejecución –y esto es parte del proyecto– no nazca y termine en el juez, como existe actualmente. 

Hoy día la situación es de tal gravedad en cuanto a su formulación, que yo tengo que una ejecución iniciarla y terminarla ante el juez. El remate, todos los trámites. Pero, por ejemplo, no hay una etapa de conciliación, no hay una etapa donde pueda unir los intereses. 

Entonces, es un sistema que ya no amerita mayor reforma, tenemos que cambiarlo de manera completa y además acercarnos a lo que ocurre en otras partes del mundo. Lo que se busca es aprovechar también la tecnología, la inteligencia artificial, para que distintos procedimientos, distintos mecanismos y herramientas que nos da la tecnología, faciliten la formulación de soluciones para resolver estos conflictos que tenemos todos. Que son absolutamente cotidianos, porque son los conflictos que tenemos todos nosotros por el simple hecho de adeudar una cuota, por el simple hecho de un conflicto por un contrato de arrendamiento, tener un problema con una demanda contra el fisco.

Y entonces todos los procedimientos finalmente de carácter civil patrimonial redundan en una respuesta que tienen que dar los jueces que están, por supuesto, con muy poco tiempo, porque están dedicados, como les dije, el 80% de su tiempo a los juicios ejecutivos. 

-Las cifras indican que los juicios de cobranza copan gran parte también del sistema de justicia civil. Todos los años estarían ingresando 1.200.000 causas, una cifra que representa un 40% de los ingresos totales del sistema judicial y, de ese total, 84% son causas relacionadas con cobranza de tarjetas de crédito, pagarés bancarios, etcétera. 
-Es brutal. Eso va a seguir creciendo y tenemos que hacernos cargo. Entonces la pregunta es: ¿el sistema permite o aguanta seguir en la situación en la cual estamos actualmente? Y la respuesta es no. Ni desde el punto de vista sustancial, ni desde el punto de vista de los números. 

Pero también desde el punto de vista social –cuando no somos capaces de tener una respuesta rápida a mis problemas o que simplemente no tengo posibilidades de ir a hablar con un juez o una jueza, porque simplemente no la veo, porque el sistema no lo permite, o que me digan que para un procedimiento me voy a demorar años en que se resuelva mi problema, porque después viene el tema de los recursos, que esto supone una demora sustancial también de la tramitación–, hace que el concepto de justicia quede muy alejado de las personas. 

Entonces las personas, cuando lo ven tan lejano, unido eso a la crisis que tenemos hoy día del sistema de justicia, lo que ocurre en muchas oportunidades es que la gente dice no voy a ir a la justicia, o voy a resolver los problemas por otra vía o simplemente me resigno. Y eso creo que tenemos que hacernos cargo para poder solucionarlo. 

-¿Cuál es el cronograma de trabajo que tienen desde este comité y esta comisión que se conformó hace poco?
-El encargo que nos hizo el ministro es un encargo que requiere un trabajo muy riguroso y que sea muy eficiente, porque la idea es poder entregarlo muy pronto. Se tomaron decisiones en seis ejes programáticos, siendo algunos de ellos, por ejemplo, el tema de la ejecución, el tema del recurso, el tema de incorporar tecnología y por supuesto inteligencia artificial, un procedimiento sumario especial que va a haber.  

En cuanto al cronograma, esta comisión se va a reunir semanalmente para efectos de poder avanzar y a su vez se van a ir creando subcomisiones por estos temas que acabo de mencionar, para que podamos tener una mirada con un texto robusto y podamos posteriormente llegar al Congreso para poder avanzar y sacar esta reforma, esperamos, muy pronto. 

El ministro nos pidió que pudiésemos tener una respuesta muy pronto, para ojalá tener un avance robusto en enero del próximo año.

-Pensando en que estamos en un contexto de estrechez fiscal, ¿es realista pensar que esta administración puede dejar aprobado un nuevo sistema de justicia civil? 
-Voy a contestar la pregunta, pero creo que es importante ir un poco a la historia. La historia de esta propuesta de sistema de justicia civil nace, como dije, el 2004, cuando se le pide a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hacerse cargo, y quien lidera esto es el profesor Cristian Maturana Miquel. Muchas otras personas de distintas sensibilidades y además distintos estamentos se incorporan a tener este consenso de que esto es indispensable.

Y, claro, la pregunta ya en esa época era: ¿va a haber fondos suficientes de Hacienda como para hacerse cargo? Y siempre la respuesta era que era una reforma indispensable, pero que los fondos no estaban como para poder hacerse cargo. 

Sin embargo creo que estos antecedentes que nos dieron los economistas de Clapes UC son bastante elocuentes, para dar cuenta de lo que se está perdiendo Chile, que pueden ser entre 800 y 2 millones de dólares anuales por el hecho de no reformar, es algo que llama la atención e invita a entender que esto no es un gasto, es una inversión.