PAÍS
Crédito: Agencia Uno (referencial)
El alcalde de Colchane, Javier García, evidenció su malestar respecto al proceso administrativo contemplado en la nueva Ley de Migración y Extranjería para quienes ingresaron irregularmente al país: las notificaciones presenciales. A su parecer, «notificar a un migrante más de una vez se ha vuelto imposible»
El alcalde de Colchane, Javier García, manifestó su malestar respecto al proceso administrativo contemplado en la nueva Ley de Migración y Extranjería para quienes ingresaron irregularmente al país: las notificaciones presenciales. En ese sentido, indicó que «notificar a un migrante más de una vez se ha vuelto casi imposible».
Según la normativa, las dos notificaciones presenciales -antes de que la PDI concrete la expulsión-, son requisitos que rigen desde febrero pasado, cuando entró en vigencia la Ley N°21.325.
«Se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de diez días para presentar sus descargos. Luego de ese plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros diez días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero», consigna la ley.
«Una vez que firme la expulsión, la PDI debe ir a buscar al extranjero para materializarla en 48 horas», complementa la normativa, la que aplica en causales como ingreso por paso no habilitado; situación migratoria irregular y realizar actividades laborales sin la debida documentación.
Según informó El Mercurio, el Servicio Nacional de Migraciones ha iniciado -desde el 2 de abril- 1.231 procesos de expulsión administrativa; no obstante, la PDI manifiesta haber realizado sólo 17, ya que los migrantes se cambian de domicilio.
En tanto, en 2021 se llevaron a cabo 252 expulsiones administrativas, y las judiciales subieron de 397 en el mismo año, a 877 en 2022.
