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Crédito: Página Web de Corte Suprema de Argentina
El alcalde de Buenos Aires señaló que avanzar en el juicio político contra los miembros de la Corte “pasa todos los límites”, puesto que supone “anular un poder del Estado” y “atentar” contra la Constitución.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este jueves la recomendación de abrir un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, una petición que llevó a cabo el Ejecutivo a principios de año y que tiene pocos visos de prosperar por la falta de mayorías necesarias en el oficialismo.
La Comisión de Juicio Político debatió, y finalmente aprobó, con 16 votos a favor y 15 en contra, “el informe de recomendación de abrir la investigación”, dijo la presidenta de la Comisión, la diputada oficialista Ana Carolina Gaillard.
Se dio así el visto bueno a avanzar en la etapa de investigación contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el resto de integrantes del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El siguiente paso es la recolección de pruebas, para dirimir las causales de mal desempeño y/o delitos en el ejercicio de la función de los magistrados, algo que sería debatido posteriormente en el pleno de la Cámara de Diputados.
“Ninguno de los supuestos que se han traído acá configuran la figura de mal desempeño (…). Es una malversación del instituto constitucional de juicio político lo que estamos haciendo y llevando adelante”, lamentó el diputado opositor Mario Negri durante su exposición ante el resto de miembros de la Comisión.
El presidente argentino, Alberto Fernández, entregó el pasado 4 de enero su petición de juicio político contra el titular de la Corte Suprema por “mal desempeño en sus funciones”.
Junto a un grupo de gobernadores solicitó también que se inicie el proceso de juicio político para el resto de miembros del máximo tribunal por “algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”.
El principal detonante de esta decisión fue un fallo de la Corte que obligó a restituir fondos federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que, en opinión de Fernández, pretendía impulsar la carrera política del alcalde porteño y posible aspirante a la Presidencia, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, en año electoral.
Asimismo, en los últimos días de 2022 se filtraron unas supuestas conversaciones comprometedoras de un funcionario capitalino, Marcelo D’Alessandro, que renunció temporalmente al cargo, con un asesor del presidente del Supremo.
En este contexto, el alcalde de Buenos Aires señaló que avanzar en el juicio político contra los miembros de la Corte “pasa todos los límites”, puesto que supone “anular un poder del Estado” y “atentar” contra la Constitución.
“Es una violación a la Constitución pretender remover a los jueces por el contenido de sus sentencias (…). Los vamos a frenar en el Congreso”, aseveró Rodríguez Larreta este jueves en Twitter.
El juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de Senadores con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, con las que no cuentan ni oficialismo ni oposición, que se opuso a la iniciativa del Ejecutivo.
