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Crédito: Agencia Uno
“Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite, normas que lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país”, señalaron 131 organizaciones, muchas de ellas ligadas a la defensa de derechos humanos, en un comunicado.
Un total de 131 organizaciones, muchas de ellas ligadas a la defensa de derechos humanos, emitieron este martes un comunicado criticando la agenda de seguridad del Gobierno y el Congreso, acordada tras el asesinato de la carabinera Rita Olivares.
“Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite, normas que lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país”, señalaron las organizaciones.
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“Hasta ahora, estas han impedido la sanción oportuna y proporcional de los delitos perpetrados por agentes estatales, en el pasado reciente y durante la revuelta social. Delitos reconocidos por diversos informes nacionales e internacionales, y acreditados a través de más de 10.700 denuncias por violencia institucional, incluidas querellas contra el Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad en crímenes constitutivos de graves violaciones a los DD.HH.”, añadieron.
A su vez, apuntaron que “resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas. Más aún, en circunstancias que Carabineros ha demostrado un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal y menos letal, así como de las exigencias que implica el respeto a los derechos humanos”.
Esos últimos dichos son en referencia a la Ley Naín-Retamal (nombrada así en honor a los carabineros Eugenio Naín y Carlos Retamal, asesinados en medio de procedimientos policiales), que incluye la presunción del uso justificado de la de armas de servicio. Esa medida permite a las policías usar sus armas bajo tres escenarios: defensa propia, de terceros y para impedir un delito.
El Gobierno buscó atenuar ese artículo en la Comisión de Seguridad del Senado. Sin embargo, la instancia rechazó las indicaciones del Ejecutivo. La Sala del Senado votará esta tarde el proyecto.
Las organizaciones también alertaron sobre discursos de autoridades contra los derechos humanos.
“Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos no es incompatible con la seguridad de las personas, por el contrario, esa garantía es justamente su condición. Por ello, alertamos sobre los peligros de los cada vez más frecuentes discursos de autoridades en contra de los derechos humanos y de quienes los defienden, a través de los cuales se afirma a estos derechos como un obstáculo a la seguridad”, expresaron.
“Se omite así lo que debe ser una obligación del Estado y sus representantes: emitir siempre una clara e inequívoca condena pública a los actos potencialmente atentatorios de la integridad personal”, complementaron.
Asimismo, comentaron que la agenda del Gobierno y el Congreso “tampoco aborda la crisis estructural de Carabineros diagnosticada hace años y que el programa del actual Gobierno proponía abordar primero, mediante su refundación, y luego, a través de una reforma”.
“Esta crisis se ha venido manifestando a través de graves delitos de corrupción y malversación de recursos públicos, masivas violaciones a los derechos humanos, y participación en redes de abuso sexual, narcotráfico y crimen organizado que los medios de comunicación hegemonizados por la derecha no han visibilizado”, esgrimieron.
El comunicado está firmado por organizaciones como Londres 38, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, entre otras.
La declaración también está firmada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; el historiador Sergio Grez; la Premio Nacional de DD.HH. 2022, Elizabeth Andrade, entre otros.
