Denuncia por millonario contrato deja a ministra de la Suprema, Cristina Gajardo, contra las cuerdas

La filtración de los chats entre Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, actual embajador de Chile en Israel y expresidente de la comunidad judía en nuestro país, dejó en evidencia la influencia de ambos abogados en el nombramiento de dos ministros de la Corte Suprema: Diego Simpertigue y María Cristina Gajardo.

El primero fue removido por su rol en la causa Belaz Movitec (caso conocido como “la muñeca bielorrusa”), y la segunda está en el centro de un serio conflicto interno en el Poder Judicial.

Tras la revelación de conversaciones dadas a conocer por Reportea.cl, la Unidad de Investigación de El Mostrador dio cuenta de un fallo laboral de 2021 en el que María Cristina Gajardo, entonces abogada integrante de la Corte Suprema, participó como jueza en una causa en la que representaba a una de las partes, la empresa minera FLSmidth. Es decir, habría sido jueza y parte en un mismo proceso judicial.

El juicio debió repetirse y terminó con un fallo favorable a un extrabajador de la empresa. Cabe recordar que, antes de asumir como ministra de la Corte Suprema, la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile se opuso a su nombramiento, asegurando que no acogía en sus fallos materias vinculantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La postura fue expresada en una carta pública de la agrupación.

Si bien ese episodio se había mantenido en reserva hasta ahora, el desempeño de Gajardo se ha visto nuevamente cuestionado luego de que la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (OTJ) solicitara a la Corte Suprema la apertura de un sumario en su contra —también a la ministra Adelita Ravanales—, acusándolas de impulsar la adjudicación, mediante trato directo, de un contrato por $470 millones a una empresa sin experiencia y constituida hacía menos de un año.

El caso ha generado desconfianza al interior del Palacio de Tribunales. Han circulado desde denuncias anónimas hasta procedimientos oficiales, y la próxima semana el Pleno de la Corte Suprema revisará la denuncia contra ambas ministras para definir los pasos a seguir.

Ello, luego de que la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, decidiera poner el asunto en tabla. “Y no sepultarlo”, comenta una fuente que conoce de cerca el caso.

El contrato

Desde que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) aprobó, mediante trato directo, el contrato con la empresa Replai SpA para desarrollar un buscador unificado de fallos y un sistema de anonimización de sentencias, invocando su “experiencia comprobada en los servicios requeridos” —pese a que las primeras facturas de la empresa fueron emitidas precisamente al Poder Judicial por este convenio—, todas las miradas se concentraron en las ministras Gajardo y Ravanales.

La primera factura fue emitida el 12 de octubre de 2023 por poco más de $47 millones.

“La empresa estaba recién creada, no tenía ningún cliente, jamás había emitido una factura, no había pagado un IVA ni declarado una renta. Entonces es obvio que ningún banco les dio boletas de garantía”, comenta un funcionario judicial.

La misma fuente agrega que habría sido la ministra Gajardo quien intercedió a favor de la empresa y que, incluso antes de la firma del contrato, integrantes de Replai ya se habían reunido con funcionarios del Departamento de Informática de la Corporación.

El rol de ambas magistradas —según fuentes al interior del Poder Judicial— excedió con creces lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, que sanciona a los empleados judiciales que se arroguen atribuciones propias de las autoridades administrativas, exponiéndose incluso a la suspensión de sus cargos.

Las ministras, de hecho, autorizaron pagos mediante correos electrónicos y suscribieron los Formularios Únicos de Recepción de Bienes y Servicios (FURBS). Una de ellas, María Cristina Gajardo, figura incluso como “coordinadora” del proyecto.

Quienes conocen este tipo de procedimientos consideran irregular esta situación, ya que las jefaturas de las unidades administrativas son las encargadas de firmar este tipo de contratos, no así las ministras, quienes con estas actuaciones habrían excedido sus atribuciones propias.

Es decir, no solo impulsaron la propuesta, sino que también aprobaron la recepción conforme e incluso autorizaron los pagos.

Eso no es todo. El Consejo Superior también autorizó reemplazar las boletas de garantía exigidas a Replai por un certificado de fianza por 1.298 UF, una maniobra considerada totalmente inusual para este tipo de operaciones.

La empresa, tras concluir el diagnóstico por el que recibió casi $500 millones, terminó proponiéndose a sí misma para desarrollar el software, esta vez por $1.100 millones más IVA para la versión más avanzada.

El Consejo decidió no aprobar la propuesta de inmediato y resolvió constituir una comisión técnica.

Si bien el entonces presidente del Consejo, el ministro de la Corte Suprema Ricardo Blanco, calificó el mecanismo utilizado como una eventual “anomalía”, la contraloría interna, que también integró la comisión y era la encargada de fiscalizar el proceso, no formuló objeciones a la adjudicación mediante trato directo.

Respecto de este último punto, en tribunales circula un secreto a voces: el vínculo no declarado entre el contralor interno Humberto Canessa y la ministra María Cristina Gajardo. La esposa del primero, Claudia Miranda Cavieres, trabaja en el mismo departamento de la facultad donde la magistrada hace clases: el Departamento de Derecho de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Según distintas fuentes, esa relación explicaría el silencio del organismo encargado de fiscalizar el contrato, una entidad que, además, no está sometida a supervisión de la Contraloría General de la República.

No es la primera vez que se cuestionan los vínculos de Gajardo con la Universidad de Chile, donde hasta enero de 2025 se desempeñó como directora de la Escuela de Postgrado y actualmente es académica del Departamento de Derecho del Trabajo.

Cuando se supo que había votado a favor de la empresa que representaba en la causa de 2021, fue reemplazada por otra académica de la misma unidad, Verónica Fernández Omar, situación que también ha alimentado distintas especulaciones al interior de la Corte Suprema.

“Peloteo” administrativo

Tras la denuncia presentada por la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (OTJ), luego de un reportaje de Biobío.cl y de la circulación interna de una denuncia anónima, el caso no ha sido investigado por las autoridades competentes y ha sido derivado de una dependencia a otra dentro del Poder Judicial. En otras palabras, el asunto ha sido “peloteado” de un lado a otro.

Los antecedentes son los siguientes: En enero de este año, el Pleno de la Corte Suprema decidió no abrir un sumario contra las ministras y devolvió la denuncia a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), resolución que fue suscrita por una de las denunciadas, María Cristina Gajardo. El hecho ha sido criticado por constituir una infracción al deber de abstención e imparcialidad judicial.

La CAPJ elaboró posteriormente un informe concluyendo que la derivación era improcedente, ya que la potestad disciplinaria respecto de las ministras corresponde exclusivamente al Pleno de la Corte Suprema.

El documento, elaborado por la directora interina Andreina Olmo, fue remitido nuevamente al Pleno para que decida si abre o no un procedimiento disciplinario.

Así las cosas, luego de más de cinco meses desde que se presentó la denuncia, la próxima semana el Pleno decidirá si da curso a un proceso administrativo contra ambas ministras. De no hacerlo —según señalan distintas fuentes— un grupo de funcionarios presentaría una querella ante el Ministerio Público.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con María Cristina Gajardo y con la empresa Replai SpA, pero hasta el cierre de esta edición no ha obtenido respuesta.