ELECCIONES 2021
Esto tras la detección por parte del mismo Servel de 23.135 patrocinios firmados por un notario que falleció en febrero pasado y cuya notaría dejó de funcionar el año 2018.
El diputado de Evópoli, Sebastián Álvarez pidió ayer al Servicio Electoral (Servel) que se entreguen los listados de patrocinios suscritos ante notario de los 26 constituyentes electos de la Lista del Pueblo (LDP), a raíz del escándalo protagonizado por Diego Ancalao y el rechazo a su candidatura presidencial.
La respuesta no tardó y el Servicio Electoral (Servel) confirmó anoche, cerca de las 21 horas según consignó El Mercurio, que se instruyó la revisión no solo de los solicitados por el parlamentario sino de todos los patrocinios notariales a la Convención Constitucional.
Cabe mencionar que el Servicio Electoral fue lapidario con Diego Ancalao Gavilán, cuya candidatura fue objetada por unanimidad «por no cumplir el requisito del artículo 16 de la ley N°18.700, de presentar la cifra de 33.369 patrocinios válidos de su candidatura». Lo más grave del caso fue que 23.135 firmas que presentó fueron ante una notaría que no opera desde 2018 y cuyo notario falleció este año.
Previamente la Bancada de Diputados de Renovación Nacional, liderada por los legisladores Leopoldo Pérez y Andrés Longton -jefe y subjefe respectivamente-, enviaron una carta al presidente del Servicio Electoral (Servel) Andrés Tagle, con el fin de que se realice la auditoría a todos los patrocinios entregados por los representantes de la Lista del Pueblo que ganaron un escaño en la Convención Constitucional.
En la misiva, los parlamentarios explicaron que su iniciativa «lejos de un acto de interés o cálculo político, busca despejar cualquier cuestionamiento a uno de los activos más importantes de nuestra democracia: la fe pública electoral».
«Reconociendo el mérito y la representatividad de quienes, por intermedio de la Lista del Pueblo, lograron sus escaños, y presumiendo la buena fe de los mismos, nos permitimos preguntarnos si, aquellos agentes ‘territoriales’ a los que se acusa de las ilicitudes en la candidatura del Sr. Ancalao, pudieron intervenir en la inscripción de otras candidaturas de la colectividad. En razón de lo anterior, nos permitimos sugerir una auditoría que despeje cualquier duda sobre el particular», agrega la carta.
El jefe de bancada, Leopoldo Pérez, expresó que a su juicio «la fe pública de nuestro sistema electoral es algo fundamental en la legitimidad democrática de nuestros representantes, por lo que al menor atisbo de irregularidad se debe actuar con todo el rigor».
«Creemos que los antecedentes legitiman una auditoría para despejar cualquier duda y, de ser necesario, engrosar los antecedentes que se remitan al Ministerio Público. Irónico es que, quienes oxigenarían la política, sean los promotores de una candidatura investigada por el Ministerio Público», añadió.
Mientras que el subjefe de bancada Andrés Longton, criticó que «lo de Ancalao se une a una serie de irregularidades en la existencia de militancias fraudulentas que terminan inflando los padrones de los partidos, distorsionando la representatividad de los mismos y privando a cientos de compatriotas de sus derechos políticos».
«Esto se debe abordar de manera seria, con auditorías permanentes y aleatorias a los partidos, para lo que estamos ingresando un proyecto de ley, que esperamos, sea apoyado transversalmente y acompañado de recursos en la próxima ley de presupuestos», anunció.
En este sentido, en la misiva también solicitaron la creación de mecanismos para evitar casos de inscripción involuntaria a partidos políticos. Esto luego de que el diputado Longton enviara un oficio al organismo para conocer la cantidad de denuncias por esta situación, tras las elecciones primarias del 18 de julio pasado.
Servel respondió que se produjeron 2.769 denuncias por afiliaciones involuntarias, lideradas por el Partido Progresista de Chile (PRO) con 372, seguido de Ciudadanos e Igualdad con 265 y 203 acusaciones, respectivamente.
Respecto del proyecto de ley anunciado por el subjefe de bancada, los legisladores anunciaron en su carta que la iniciativa busca plantear «la obligación del Servicio Electoral de auditar los padrones de afiliados de un partido político cuando en un periodo de 6 meses se hayan recibido a su respecto 150 denuncias por afiliación involuntaria o bien un número de denuncias que represente un porcentaje determinado de su padrón de afiliados. Igualmente, se deben implementar auditorías periódicas aleatorias, lo que, por cierto, debiera ser acompañado de una partida presupuestaria robustecida en las próximas leyes de presupuesto del sector público».
«Sobre lo antes expuesto, esperamos contar con el acuerdo de los demás diputados para que el Consejo Directivo, a través suyo como Presidente, sea invitado y participe activamente en la discusión de ésta u otras eventuales iniciativas sobre la materia. Igualmente, creemos ésta la oportunidad para transmitir nuestra mejor disposición para dar concreción a las reformas legales que el Consejo Directivo estime necesarias para robustecer nuestro Sistema Electoral, y por tanto, nuestra democracia representativa», añadió la misiva en su parte final.
