Viajes
La Unión Europea ha dado un paso importante hacia la reapertura total de sus fronteras de cara a la temporada estival al llegar a un consenso sobre el certificado digital de covid, que desde el próximo 1 de julio permitirá a su portador recopilar en un único documento – físico o digital – información sobre su situación sanitaria respecto al coronavirus.
La Unión Europea llegó este jueves a un acuerdo sobre un certificado digital de covid a partir del próximo 1 de julio, un pacto en el que los Estados miembros se comprometen a evitar imponer medidas como cuarentenas, aunque se reservan el derecho a hacerlo de forma proporcionada si es necesario.
«Sin prejuicio a la competencia de los Estados miembros de imponer restricciones en base a la salud pública», los países «evitarán imponer restricciones adicionales a los viajes (…) a no ser que sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública en respuesta a la pandemia de covid-19», reza el texto final.
El principal reclamo de los Estados miembros durante esta negociación había sido mantener sin cambios la soberanía sobre sus propias fronteras para reservarse el derecho de imponer cuarentenas o PCR adicionales a los viajeros que entran en su territorio, una capacidad que han empleado de forma heterogénea durante la pandemia.
El pacto al que se ha llegado implica que los veintisiete intentarán evitar este tipo de medidas para los ciudadanos que tengan el nuevo certificado, pero no excluyen imponerlas si la situación epidemiológica lo requiere y siempre que sean «necesarias y proporcionadas», teniendo en cuenta los datos sobre el avance de la pandemia.
El negociador principal del Parlamento Europeo para el certificado, el socialista Juan Fernando López Aguilar, explicó que, si los Estados miembros quieren imponer este tipo de medidas, deben notificar a sus socios y a la Comisión Europea con 48 horas de antelación y especificando las razones para imponerlas, su alcance, su duración y qué portadores del certificado quedan sujetos o exentos de la medida.
El certificado, que funcionará durante doce meses, será vinculante en toda la UE para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamentos, que por ahora ha validado los fármacos de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jannsen.
También contendrá si el viajero ha recibido alguna otra vacuna aprobada por un Estado miembro, pero no por la EMA, como el caso de Hungría, que administra también la vacuna rusa Sputnik V y la china de Sinopharm, pero será potestad de cada Estado miembro decidir si las considera válidas o no.
Junto al acuerdo sobre el certificado, la Comisión Europea se ha comprometido a movilizar 100 millones de euros del Instrumento de Apoyo de Emergencia comunitario para financiar pruebas PCR, destinadas especialmente a grupos como trabajadores y estudiantes transfronterizos, a quienes viajan para recibir atención médica o para cuidar a seres queridos.
La propuesta parte de la Comisión con vistas a hallar un consenso entre la postura del Parlamento Europeo, que quería asegurar la gratuidad o una limitación en el precio de estas pruebas, y la del Consejo, que rechazaba rebajar su coste.
Esto, argumentaba el Parlamento, suponía una discriminación entre las personas que ya han sido vacunadas -y no tendrían que asumir ningún coste extra para viajar- y quienes aún no han accedido a la inmunización y, con vistas a obtener un certificado, deben probar que tienen anticuerpos tras pasar el coronavirus o pagar por una prueba PCR.
El siguiente paso legislativo para el certificado será la validación en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo la próxima semana y por el pleno de la Eurocámara en la semana del 7 al 10 de junio. En paralelo, también el Consejo tendrá que dar luz verde al acuerdo de este jueves.
El objetivo de la creación de este documento es incentivar los viajes dentro de la UE y no serviría de primeras para, por ejemplo, reabrir eventos culturales a nivel nacional, aunque no se descarta que un país desarrolle legislación extra para usar este mismo certificado con otros fines.
En la regulación aprobada, los Estados miembros se comprometen a abstenerse de pedir este tipo de requisitos a los europeos portadores del certificado, pero se reservan el derecho a introducirlos si la situación epidemiológica empeora, aunque de manera “necesaria y proporcionada”.
Si los Estados miembros quieren imponer este tipo de medidas, deben notificar a sus socios y a la Comisión Europea con 48 horas de antelación y especificando las razones para imponerlas, su alcance, su duración y qué portadores del certificado quedan sujetos o exentos de la medida.
En la práctica, cada país tendrá discreción total para, por ejemplo, considerar si una persona está completamente vacunada con una sola dosis de Pfizer, AstraZeneca o Moderna, que en principio requieren dos pinchazos para la inmunización total. También podrán reducir el plazo en el que es válido presentar una PCR positiva para probar que se tienen anticuerpos, fijado en un máximo de 180 días.
