La paradoja de los 100 años de conservación

Hay una paradoja que atraviesa esta edición de Juego Limpio. Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático 2026 – Ipsos / Centro de Acción Climática PUCV: apenas un 3% de los chilenos sitúa el cambio climático y la crisis ambiental entre los tres principales problemas del país, muy por detrás de la delincuencia, el costo de la vida y el desempleo.

Pero, al mismo tiempo, un 87% considera importante o muy importante que el Estado se haga cargo del medio ambiente mediante políticas públicas. Más que desaparecer, la preocupación ambiental parece haber cambiado de forma: pierde espacio como causa abstracta, pero reaparece cuando se convierte en fauna amenazada, en aire contaminado, cuentas de luz, agua disponible, incendios, inundaciones, enfermedades o ciudades vulnerables.

La ciudadanía no parece pedir menos política ambiental, sino una política ambiental que haga lo suyo.

Esta semana esa tensión aparece de distintas maneras. Chile celebra un siglo protegiendo naturaleza mientras todavía busca cómo financiarla; el Colegio Médico reclama actuar sobre una contaminación cuyos daños ya están medidos; y el Gobierno estudia cómo recuperar una indemnización ambiental rechazada por el Tribunal Constitucional.

Cien años después, comienza la parte difícil. Chile construyó un sistema de áreas protegidas que Francisco Solís, de Pew, califica como “de clase mundial”, pero que todavía se administra con recursos insuficientes. El desafío del segundo siglo será pasar del decreto a la conservación efectiva.

El aire sigue esperando. Cinco meses después del retiro de 43 decretos ambientales, siguen pendientes las normas de MP2,5 y termoeléctricas. La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, advierte que retrasarlas significa prolongar enfermedades, hospitalizaciones y muertes evitables.

La indemnización ambiental que se resiste a morir. El TC rechazó el mecanismo para compensar a empresas cuyas RCA fueran anuladas judicialmente, pero Hacienda ya anticipó que buscará otra fórmula. La pregunta sigue abierta: ¿Quién debe asumir el costo cuando un permiso otorgado por el Estado termina siendo declarado ilegal?

Los paisajes invisibles del océano. Susannah Buchan, investigadora de la Universidad de Concepción y nueva National Geographic Explorer, estudiará los cañones submarinos de Humboldt combinando ciencia y conocimiento de las comunidades costeras para comprender y proteger estos ecosistemas.

Y en nuestra sección de Futuro verde en marcha, te contaremos que el Jardín Botánico de Viña del Mar transforma su reconstrucción en un laboratorio de adaptación: bosque nativo, recuperación de suelos con cianobacterias y comunidades equipadas para contener nuevos incendios. Una enzima de Atacama contra el plástico. Científicos de la Universidad de Chile descubrieron PETS26b, una enzima bacteriana capaz de degradar PET y con potencial para nuevas soluciones de biotecnología ambiental y economía circular. Leer el agua para medir biodiversidad. En Los Lagos, un proyecto utiliza ADN ambiental en parques y mide la huella hídrica y de carbono del turismo para vincular conservación, actividad económica y adaptación climática.

Quizás la encuesta no sea tan contradictoria como parece. Cuando el medio ambiente deja de presentarse como una categoría abstracta y empieza a hablar de salud, seguridad y calidad de vida, vuelve al centro de las preocupaciones.

Ese es también el desafío de la política climática: demostrar que muchas de las urgencias ambientales y cotidianas son, en realidad, la misma conversación.

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Chile cien años después: el desafío de conservar lo que ya se protegió

La celebración tenía razones para mirar hacia atrás con orgullo. Este lunes, en la Casa Central de la Universidad Católica, autoridades, expresidentes, científicos y organizaciones ambientales conmemoraron los cien años desde la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el hito que en 1926 abrió una historia de conservación que atravesó gobiernos, coaliciones y épocas muy distintas.

La jornada terminó convirtiéndose, sin embargo, menos en una ceremonia sobre el pasado que en una pregunta sobre el futuro: Chile aprendió a proteger territorio, pero ahora necesita demostrar que también sabe conservarlo.

• Francisco Solís, director en Chile de The Pew Charitable Trusts, resume para Juego Limpioesa dualidad con una imagen particularmente precisa. A su juicio, el principal logro de este siglo es que Chile terminó formando “un sistema de áreas protegidas de clase mundial”, aun cuando todavía existen ecosistemas insuficientemente representados.
• Pero ese patrimonio convive con una segunda realidad: guardaparques que durante décadas han debido protegerlo con recursos muy inferiores a la magnitud de la tarea. “Con muy pocos recursos, no solo custodian este patrimonio natural de clase mundial, sino que en muchas regiones del país son los únicos representantes del Estado de Chile”, señala. Y agrega una expresión que describe quizás mejor que cualquier cifra la deuda acumulada: muchas veces lo han hecho “en el límite de lo épico”.

Esa épica es precisamente lo que el segundo siglo debería dejar atrás. Solís plantea que la deuda ya no consiste únicamente en agregar hectáreas al mapa.

Chile todavía debe mejorar la representación de sus 88 ecosistemas terrestres, especialmente en la zona mediterránea central, históricamente menos protegida que los extremos del país. Pero también necesita que quienes administran esos territorios puedan, como dice, “tomar un descanso desde administrar estas áreas protegidas desde una situación épica de precariedad, de hacer mucho con muy poco”.

La comparación revela una tensión inmanente: el país puede exhibir áreas protegidas de estándar mundial, pero todavía no las gestiona con recursos equivalentes a esa condición.

• Quizás por eso el anuncio principal del centenario apuntó directamente al dinero. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, informó que Chile postulará aproximadamente US$10,3 millones del ciclo 9 del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)para crear un fondo patrimonial destinado a los parques nacionales.

La lógica es de largo plazo: el capital sería invertido y sus rendimientos podrían financiar permanentemente conservación y gestión, complementando —y no sustituyendo— el presupuesto estatal. El diseño considera además incorporar nuevas fuentes de financiamiento. La magnitud del desafío quedó expuesta inmediatamente: durante el mismo encuentro, la exministra Ana Lya Uriarte valoró el anuncio, pero advirtió que US$10 millones siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales del sistema.

La discusión llega además en un momento institucional particularmente delicado. El nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se prepara para recibir más de 100 parques, reservas y monumentos naturales actualmente administrados por CONAF, junto con más de 500 trabajadores, mientras las 16 regiones organizan el proceso de transferencia. No se trata simplemente de cambiar el nombre en la puerta de una institución: el SBAP tendrá que demostrar si puede convertir décadas de protección jurídica en conservación efectiva, con planes de manejo, monitoreo, infraestructura, personal y participación territorial.

Para Solís, justamente ahí estarán los indicadores que permitirán saber dentro de diez años si Chile siguió avanzando o comenzó a retroceder. La meta no puede medirse solo por nuevos decretos. “La conservación no solo tiene que ser en decretos de designaciones, sino que también conservación efectiva”, advierte. Y enumera lo que eso significa: planes de manejo, sistemas de monitoreo de biodiversidad, capacidades de personal e infraestructura, gobernanza con participación social y, sobre todo, recursos crecientes.

• El centenario también dejó otra señal política. Durante la jornada se reconoció el aporte a la conservación de los gobiernos que se sucedieron desde el retorno de la democracia, desde Patricio Aylwin hasta Gabriel Boric, precisamente para subrayar que la construcción del sistema no pertenece a una sola generación ni a una sola coalición.
• Solís rescata una frase pronunciada durante la ceremonia por Toledo: “Chile avanza más cuando cada gobierno entiende que no avanza desde cero. Alguien abre el camino, otro lo convierte en ley, otro crea una institución, otro amplía la protección”. Para él, lo ocurrido este lunes reafirma que la conservación se ha convertido en “un tema fundamental, estructural” de la política de Estado chilena.

Pero justamente porque existe esa continuidad histórica, la vara para medir los próximos años será más alta. La crisis climática intensifica incendios, sequías y otras amenazas sobre territorios que ya están protegidos formalmente, mientras la pérdida global de biodiversidad exige ampliar y conectar mejor esos espacios. “Hay espacio todavía para aumentar la superficie protegida”, dice Solís, pero inmediatamente introduce la condición decisiva: esas áreas deben estar “efectivamente conservadas y financiadas”, no solo para resguardar biodiversidad sino también para aumentar su resistencia frente a los efectos del cambio climático y las presiones humanas.

Ahí reside la verdadera dualidad que dejó el cumpleaños número cien. Durante un siglo, Chile fue capaz de reservar territorios, ampliar parques y construir una tradición conservacionista que sobrevivió a cambios políticos profundos.

Ahora empieza una etapa posiblemente menos vistosa, pero más difícil: financiar lo protegido, administrarlo bien y demostrar que un parque es algo más que una línea dibujada en un mapa. Si el primer siglo consistió en construir el patrimonio, el segundo comienza con una pregunta mucho más exigente: cuánto está dispuesto el país a invertir para que ese patrimonio siga existiendo dentro de otros cien años.

El aire que sigue esperando

Este lunes 17 de agosto, el mapa oficial de calidad del aire volvió a mostrar una fotografía mil veces vista: mientras Santiago permanecía en condición buena, hacia el sur se multiplicaban las alertas por MP2,5, desde Linares y Chillán hasta Valdivia, Osorno, Puerto Montt-Puerto Varas y Coyhaique.

Es el telón de fondo de una decisión adoptada el 12 de marzo, cuando el Gobierno de José Antonio Kast retiró de Contraloría 43 decretos ambientales. Cinco meses después, solo ocho han sido reingresados y 35 continuaban pendientes. Entre ellos permanecen dos que el Colegio Médico considera especialmente urgentes: la actualización de la norma de MP2,5 y la de emisiones de centrales termoeléctricas.

• ParaJuego Limpio, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, evita especular sobre las razones políticas del retiro. “Esa explicación corresponde entregarla al Ejecutivo”, señala. Pero desde el punto de vista sanitario la consecuencia es menos discutible: el tiempo también enferma. “Si sabemos que un contaminante enferma y tenemos herramientas para disminuir la exposición de la población, retrasar esas medidas es un retroceso desde el punto de vista de la salud pública”.
• En el caso del MP2,5, la norma vigente desde 2011permite 20 microgramos por metro cúbico como promedio anual y 50 diarios; la actualización elaborada por Medio Ambiente reducía esos límites a 15 y 38, todavía por sobre los valores guía de 5 y 15 µg/m³ recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Era, por tanto, un avance gradual, no el punto de llegada.

La diferencia entre esos números puede parecer abstracta hasta que se traduce en cuerpos. La OMS advierte que el MP2,5 puede atravesar los pulmones e ingresar al torrente sanguíneo, afectando los sistemas cardiovascular y respiratorio y aumentando riesgos como accidentes cerebrovasculares, cáncer pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. “Esta no es solamente una discusión ambiental: es una decisión de salud pública”, insiste Arriagada. El propio expediente técnico del Ministerio recoge que, de acuerdo con la evidencia utilizada para diseñar la norma, cada aumento de 10 µg/m³ en la concentración diaria de MP2,5 se asocia con aproximadamente un 1% de incremento en la mortalidad no accidental.

• Los cálculos oficiales también dificultan presentar la demora como una simple revisión administrativa. Medio Ambiente estimó para la actualización del MP2,5 costos por US$1.639 millones, pero beneficios sociales por US$8.873 millonesdurante diez años: una relación beneficio-costo de 5,4.
• El mismo modelo proyectó 660 casos de mortalidad evitados y 8.409 admisiones hospitalarias menosdurante ese período, cifras contenidas en la respuesta oficial del Ministerio durante la tramitación de la norma. Para Arriagada, eso obliga a incorporar a la ecuación económica aquello que suele quedar fuera de ella: tratamientos, hospitalizaciones, discapacidad, pérdida de calidad de vida y mortalidad prematura. “Resulta mucho más razonable evitar que las personas enfermen que llegar tarde a tratar las consecuencias”.

La nueva norma para centrales termoeléctricas plantea la otra cara del mismo problema: busca reducir emisiones de material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y metales como mercurio, níquel y vanadio para proteger la salud y el medio ambiente.

La evidencia chilena tampoco parte de cero: un estudio publicado en la Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias encontró mayores riesgos de asma y bronquitis en Tocopilla y Huasco, comunas expuestas a centrales termoeléctricas a carbón, respecto de Caldera, utilizada como referencia.

• El cierre progresivo de las carboneras no elimina, para Arriagada, el riesgo presente: “Ese proceso toma tiempo”, y mientras ocurre siguen existiendo comunidades respirando sus emisiones. De ahí la contradicción que advierte el Colmed: que un Gobierno que declaró una alerta sanitaria oncológica mantenga detenidas regulaciones destinadas a disminuir la exposición a contaminantes asociados, entre otros efectos, al cáncer. “La prevención también es política sanitaria”.

Medio Ambiente sostiene que las normas no fueron abandonadas. La ministra Francisca Toledo explicó que el retiro respondió a una revisión “seria y responsable” y aseguró que serán reingresadas una vez terminado el análisis técnico.

• Pero para el Colegio Médico el problema es que ambas regulaciones ya arrastraban años de retraso antes de llegar a Contraloría. Y en salud, advierte Arriagada, cada año cuenta: algunos beneficios de un aire más limpio pueden observarse rápidamente, pero disminuir enfermedades crónicas y cáncer requiere años de menor exposición.

El Ministerio del Medio Ambiente inició la revisión de la norma de calidad del aire para MP10, proceso que tendrá 12 meses para elaborar un anteproyecto.
Hoy existen 22 zonas latentes o saturadas por este contaminante en 13 regiones, de las cuales 20 cuentan con planes de prevención o descontaminación.
La revisión evaluará si la norma vigente sigue protegiendo adecuadamente la salud, considerando nueva evidencia científica y las distintas realidades territoriales.
Hasta el 19 de octubre estará abierto un período de 45 días hábiles para recibir antecedentes técnicos, científicos, económicos, jurídicos y sociales.

La paradoja es que Chile ya produjo la evidencia, realizó procesos técnicos y de participación, calculó costos y beneficios y llevó las normas hasta la última etapa administrativa. Lo que sigue en discusión, entonces, no es qué sabemos, sino cuánto estamos dispuestos a esperar para actuar. “Tener aire, agua, suelo y alimentos seguros no debiera ser una aspiración extraordinaria; debiera ser parte de las condiciones básicas de desarrollo de un país”.

Quiroz busca revivir la indemnización por RCA anuladas

El revés para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue categórico. El jueves 13 de agosto, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales en su totalidad los artículos 12 y 13 de la ley miscelánea, con los que el Gobierno del Presidente Kast pretendía crear un régimen especial de indemnización para las empresas cuyos permisos ambientales, después de haber sido otorgados por el Estado, fueran anulados mediante una sentencia judicial firme.

Pero cuatro días después del fallo, hay un elemento que comienza a adquirir mayor importancia que la derrota misma: el Gobierno no ha renunciado al objetivo que perseguían esos artículos. El TC también eliminó restricciones a las reclamaciones ambientales y disposiciones sobre micro-relocalizaciones acuícolas. Sin embargo, no derribó todo el paquete ambiental y mantuvo otras normas impulsadas por el Ejecutivo.

La indemnización por RCA anuladas fue la medida más controvertida. El Gobierno la había modificado durante la tramitación: pasó de hablar de “restitución” de gastos a establecer expresamente una “indemnización” por costos directos, efectivos y no recuperables asociados al proyecto.

El argumento del Ejecutivo era que una empresa que obtiene una autorización ambiental del propio Estado necesita certeza para invertir y que, si posteriormente esa autorización es anulada por una ilegalidad atribuible a la administración, no debería soportar por sí sola todas las pérdidas.

• Sus críticos plantearon lo contrario: una RCA no garantiza que el acto administrativo sea jurídicamente válido y convertir al Fisco en responsable de parte de las pérdidas podría significar trasladar a los contribuyentes riesgos propiosde una inversión privada.

El fallo del TC eliminó completamente ese mecanismo, pero el Gobierno no parece haber renunciado a su objetivo. Tras conocerse la decisión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que podrían existir “otras vías” para conseguir algo parecido y que el Ejecutivo esperará conocer los fundamentos completos de la sentencia antes de decidir cómo proceder. Fuentes gubernamentales citadas por la prensa fueron más explícitas: sostuvieron que la materia deberá retomarse mediante otra iniciativa legislativa o una fórmula distinta.

La discusión, por lo tanto, se desplaza ahora desde la norma rechazada hacia el diseño de una eventual segunda versión. El Ejecutivo deberá determinar primero qué fue exactamente lo que el TC consideró contrario a la Constitución: si el problema estuvo en la estructura particular de la indemnización, en las competencias de los organismos involucrados o en el principio mismo de establecer un régimen especial de compensación para titulares de permisos ambientales anulados. La sentencia íntegra será decisiva para conocer cuánto margen jurídico queda disponible.

El conflicto de fondo permanece abierto: quién debe asumir el costo cuando un proyecto obtiene una RCA, comienza a ejecutarse y posteriormente la justicia determina que esa autorización fue otorgada ilegalmente. El TC rechazó la primera respuesta propuesta por el Gobierno Kast, pero las señales entregadas por Hacienda y otras fuentes del Ejecutivo indican que La Moneda pretende volver sobre el asunto.

La batalla por las indemnizaciones ambientales, por tanto, no terminó en el Tribunal Constitucional: probablemente recién cambió de escenario. Algunos ya hablan que será un tema que pasará a las aseguradoras privadas.

La científica chilena que llevará los cañones submarinos de Humboldt a National Geographic

Bajo la superficie del mar, frente a las costas de Chile, existe un paisaje que casi nadie ve: profundos cañones submarinos por donde circulan nutrientes, especies y corrientes que sostienen buena parte de la vida marina de la Corriente de Humboldt.

Ese mundo oculto es el centro del trabajo de Susannah Buchan, investigadora de COPAS Coastal de la Universidad de Concepción, quien acaba de ser seleccionada como National Geographic Explorer 2026, junto a otros nueve investigadores de cinco continentes.

Su proyecto se llama Canyonlands: Ciencia y conocimiento local para la protección de los cañones submarinos de Chile y tiene una particularidad: no pretende estudiar estos ecosistemas únicamente desde un laboratorio o un barco científico.

• Buchan trabajará también con comunidades costeras, portadores de conocimiento indígenay centros de investigación para combinar datos oceanográficos con aquello que pescadores y habitantes del litoral han aprendido durante generaciones. La idea es mapear estos cañones y entender mejor cómo sostienen biodiversidad, actividad pesquera, turismo de avistamiento y formas de vida que dependen directamente del océano.
• El reconocimiento forma parte del programa forNature, impulsado por la National Geographic Society, que este año escogió diez proyectos destinados a fortalecer el movimiento internacional por los Derechos de la Naturaleza.

No se trata solo de producir conocimiento científico: los proyectos deben convertir esa evidencia en herramientas concretas, desde propuestas de reconocimiento jurídico hasta educación, asistencia técnica y conservación de base comunitaria. En el caso chileno, la apuesta consiste en transformar un ecosistema prácticamente invisible para la mayoría de las personas en un territorio que pueda ser conocido, comprendido y eventualmente protegido.

La elección de Buchan también pone el foco sobre una de las particularidades de la costa chilena. Los cañones submarinos de la Corriente de Humboldt forman parte de ecosistemas donde confluyen procesos oceanográficos, biodiversidad y actividades humanas, precisamente el tipo de relaciones que COPAS Coastal estudia para comprender cómo el océano responde al cambio climático y a otras presiones provocadas por las personas.

• El centro de la Universidad de Concepción desarrolla investigaciones desde el Archipiélago de Humboldt hasta la Patagonia y la Antártica chilena, buscando que la ciencia termine convertida en herramientas para decisiones públicas y privadas.

El desafío de Canyonlands será ahora sacar esos paisajes de la profundidad y ponerlos en la conversación pública. Porque proteger algo que está cientos o miles de metros bajo el mar exige primero demostrar qué ocurre allí, qué especies dependen de esos ambientes y qué significan para quienes viven de ese océano.

El nombramiento de Buchan como National Geographic Explorer ofrece justamente esa oportunidad: juntar ciencia, conocimiento local y relato para hacer visible una parte del territorio chileno que permanece fuera de nuestra vista, aunque esté profundamente conectada con la vida en la superficie.

Futuro verde en marcha

Jardín Botánico de Viña se transforma en laboratorio de adaptación frente a incendios extremos

El megaincendio de 2024 no solo obligó al Jardín Botánico de Viña del Mar a reconstruirse: también aceleró una transformación más profunda. El recinto está siendo convertido en una especie de laboratorio de adaptación frente a incendios extremos, donde la restauración ya no consiste simplemente en volver a plantar lo que había antes. El nuevo diseño reemplaza antiguas franjas de pinos y eucaliptos por bosque esclerófilo y otras especies nativas seleccionadas según su exposición al sol, disponibilidad de agua y capacidad de responder a condiciones climáticas más adversas, reorganizando el paisaje frente a un escenario de sequía e incendios extremos.

La estrategia también baja al nivel del suelo y sale de los límites del propio parque. Científicos de la Universidad de Valparaíso están utilizando cianobacterias como bioestimulantes y biofertilizantes para recuperar suelos degradados por el fuego y mejorar la supervivencia de especies del bosque esclerófilo. Al mismo tiempo, la estrategia de prevención se extiende hacia las comunidades vecinas: la Memoria 2024 del Jardín Botánico registra la instalación de estanques con bombas y canales directos de coordinación con los habitantes del entorno, mientras el plan actual incorpora motobombas y barreras vegetales para retardar un eventual avance del fuego. Así, en un mismo territorio convergen tres dimensiones que habitualmente se trabajan por separado —paisaje, microbiología del suelo y preparación comunitaria— y convierten al Jardín Botánico en una experiencia concreta sobre cómo podría adaptarse la interfaz urbano-forestal chilena a incendios cada vez más intensos.

U. de Chile identifica enzima del desierto de Atacama capaz de degradar plástico

Investigadores del Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB) de la Universidad de Chile identificaron y caracterizaron PETS26b, una enzima bacteriana proveniente de microorganismos del desierto de Atacama capaz de degradar tereftalato de polietileno (PET), uno de los plásticos más utilizados en botellas, envases y fibras textiles. El estudio, liderado por Sebastián Rodríguez y publicado en Protein Science, analizó 27 enzimas candidatas y seleccionó PETS26b por su mayor actividad sobre PET y ésteres sintéticos, lo que abre posibilidades para aplicaciones en biotecnología ambiental y economía circular.

Uno de los principales hallazgos es que la enzima probablemente no evolucionó para degradar plástico. El análisis genómico sugiere que su función original estaría relacionada con el metabolismo de carbohidratos y la degradación de biomasa vegetal, pero su “promiscuidad enzimática” le permite actuar también sobre polímeros sintéticos. El trabajo, que incluyó síntesis de proteínas en Austria y caracterización avanzada en Dinamarca, refuerza el potencial de los microorganismos de ambientes extremos como fuente de nuevas herramientas biotecnológicas y muestra cómo la biodiversidad chilena puede generar soluciones frente a problemas ambientales globales.

ADN ambiental para medir biodiversidad y avanzar hacia un turismo más sostenible en Los Lagos

Un proyecto apoyado por Corfo a través del instrumento Bienes Públicos y Sernatur está utilizando ADN ambiental para medir la biodiversidad del Parque Katalapi y del Parque Nacional Alerce Andino. El proyecto tiene como objetivo establecer una línea base que permita monitorear la conservación de estos ecosistemas y desarrollar modelos de compensación sostenibles y trazables. La iniciativa, ejecutada por Greenticket, también mide la huella hídrica y de carbono de servicios turísticos de la cuenca del lago Llanquihue, buscando crear un modelo de gestión de destinos turísticos sostenibles que pueda replicarse en otros territorios y vincular conservación, actividad económica y adaptación al cambio climático.

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