Hans Hanckes, gerente general del buró de crédito SIISA, plantea que ésta, al igual que otras medidas, como favorecer a los afectados por el terremoto, “demuestra el desconocimiento de los legisladores respecto de cómo opera en realidad el sistema”.
“Sacar a los cesantes de Dicom es una medida más efectista que efectiva, ya que el Boletín de Informaciones Comerciales no es la única base de datos con morosidad que compone el denominado Sistema de Información Comercial (SIC)”, plantea Hans Hanckes, gerente general del buró de crédito SIISA, con más de 20 años en este mercado.
La iniciativa consiste en bloquear la información sobre protestos y morosidades de personas que acrediten su condición de cesantes, estableciendo que las entidades responsables que administren bancos de datos personales no puedan publicar la información comercial cuando ésta se haya originado durante el período de cesantía del deudor.
Hanckes considera que sin embargo, “para acreditar su cesantía, las personas deben concurrir a los bancos de datos a exhibir certificados o acercarse a las oficinas del Boletín, lo que se traduce en que se actúe sobre registros ya publicados e incorporados en las bases de datos, por lo que su efecto ya está presente en el sistema”.
A su juicio, “distinto sería el caso si el acreedor quedase inhibido de enviar a publicar a bases de datos por imperio de la ley, ya que con ello se resolvería el problema de raíz y no se obligaría a personas que viven en todo Chile y no sólo en Santiago, como erróneamente se piensa, a concurrir a una ciudad donde tenga presencia el banco de datos que publicó originalmente la mora. Lo mismo rige para el caso de los afectados por el terremoto”, explica.
“Este es un tema que urge resolver, pero desde su base, ya que lo que hoy parece ser una gran noticia, en definitiva no traerá reales beneficios, si no se hace con los conocimientos concretos de cómo opera efectivamente el sistema”, concluye Hanckes.
