El legislador, quien presentó el caso durante la hora de incidentes de la Cámara, solicitó al Ministerio Público que investigue los antecedentes, que dan cuenta de la eliminación de documentos, minutas y correos electrónicos que habrían intercambiado la SBIF y la Asociación de Bancos. De ser todo efectivo, advirtió, se configuraría «uno de los hechos más graves que se han conocido que afectan a un órgano fiscalizador».
Una enorme polémica se generó a fines del año pasado cuando la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) aceptó las llamadas “ventas atadas» de productos asociados al contrato de créditos, cuando antes había señalado que protegería a los consumidores.
Meses después, el diputado Fuad Chahín (DC), da cuenta de una denuncia que, de ser efectiva, configuraría “uno de los hechos más graves que se han conocido que afectan a un órgano fiscalizador”, según señaló el propio parlamentario.
De acuerdo a información entregada por el diario La Segunda, ayer, en la hora de incidentes de la Cámara de Diputados, Chaín solicitó al Ministerio Público que investigue una denuncia “anónima” que recibió sobre la eliminación de documentos, minutas y correos electrónicos que habrían intercambiado la SBIF y la Asociación de Bancos, que congrega a las principales entidades bancarias.
Las ventas atadas se refieren a aquellos productos que el usuario debe adquirir obligatoriamente al momento de contratar un crédito, por ejemplo, cuentas corrientes o tarjetas de crédito.
“Desde un principio nos llamó mucho la atención el cambio de criterio de la Superintendencia, en relación a la circular que regulaba entre otras materias las ventas atadas. Una de septiembre, otra de noviembre de 2010. Citamos al superintendente -Carlos Budnevich- a la comisión (de Economía de la Cámara) y reconoció que entre una circular y otra habían mediado un conjunto de reuniones e intercambio de opiniones con la Asociación de Bancos. Eso nos pareció complejo, porque no nos parece que sean los fiscalizados quienes tengan la potestad de cambiar las decisiones del fiscalizador”, dijo Chahín y sumó datos: “Y le pedimos que nos entregara esos documentos, los intercambios, las minutas que le entregó la Asociación, para poder conocer el tenor de los mismos y el contenido”.
El legislador señaló que el superintendente “respondió algo totalmente general”, que fue considerado insuficiente. Por ello, se le pidió entregar efectivamente los antecedentes solicitados. “Eso ocurrió en diciembre; no ha llegado respuesta hasta la fecha del superintendente. Y en el intertanto yo recibí una denuncia anónima de que el superintendente habría ordenado en la superintendencia la destrucción de todos los antecedentes, la eliminación de los archivos, la eliminación y la destrucción de las minutas, la eliminación de los correos electrónicos que existieran, y todo antecedente relacionado con esta circular de noviembre”.
Según el parlamentario, la denuncia la hicieron funcionarios de la Superintendencia, que le pidieron reserva de identidad, quienes apuntaron a Budnevich, como quien habría dado la orden.
