El actual estado de sobreexplotación que afecta a la industria del jurel es responsabilidad de la actual administración pesquera, que no ha logrado hacer cumplir las recomendaciones para mantener las cuotas de sustentabilidad, sostuvo la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca).
La organización gremial hizo ver su posición en esta materia duranrte la Tercera Conferencia Preparatoria de la Organización Regional del Pacífico Sur (ORP), que sesionó en Santiago la semana pasada y donde el tema principal fue acordar la implementación de las medidas interinas de manejo para la recuperación de este recurso.
Si bien en la oportunidad tanto el gobierno como agrupaciones ambientalistas atribuyeron a Perú la desaparición de esta especie, Anapesca sostuvo que gran parte de la responsabilidad tiene que ver con las decisiones a nivel local.
“Según los datos de la propia Subsecretaría de Pesca es posible constatar que las recomendaciones de cuota total permisible entregadas por el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, fueron aumentadas primero por la Subsecretaría de Pesca y posteriormente por el Consejo Nacional de Pesca (CNP) quienes, aun cuando en la ley sólo deben aprobar o rechazar las cuotas propuestas por la subsecretaría, han presionado al gobierno de turno proponiendo cuotas que sobrepasan ampliamente lo sustentable”, afirmó en un comunicado.
Y enfatizó que “ete comportamiento, que se repite prácticamente en todas las pesquerías de importancia económica, es el que ha llevado a la crisis actual y debe ser corregido”.
Asimismo, insistió en que pese a que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sobre el sector declara como objetivo principal la promoción de la sustentabilidad de los recursos pesqueros, no proporciona el marco legal ni establece los mecanismos que permitan alcanzarla.
“No es suficiente declarar que el proyecto ‘propende’ a la conservación y sustentabilidad de los recursos, sino que es necesario crear las estructuras que garantice lograr estos objetivo”, afirmó.
Asimismo, planteó que “no se reconoce que ha sido la propia Subsecretaría la que ha administrado los recursos con objetivos distintos al de la sustentabilidad de las pesquerías”.
Finalmente, expresó que “también insólito que, conjuntamente con la propuesta de un Panel de Expertos (PE) que sigue dependiendo de la Subsecretaria, se reconozcan los Comités Técnicos que -aunque tampoco son resolutivos- están integrados en parte por representantes de instituciones financiadas directamente por quienes explotan los recursos. Es decir, la recomendación científica para la administración seguramente estará influenciada por los propios usuarios mediante sus “Institutos de Investigación”.
