Casi un centenar de operaciones estarían siendo investigadas por la SVS. Además, en los próximos días un informe jurídico de Arturo Irarrázaval para las AFP, acusaría actuación ilegal de directores de las sociedades.
El superintendente de Valores y Seguros (SVS) Fernando Coloma, se comprometió a exhibir resultados de su investigación a las operaciones de Julio Ponce Lerou, controlador de SQM, antes que concluya el mandato del actual gobierno. “Esto se resolverá antes del término de esta administración”, dijo.
Coloma está en el ojo de huracán pues lleva más de un año revisando el caso desde que comenzaron los reclamos y denuncias de los accionistas minoritarios de las sociedades cascadas a través de las cuales Ponce ejerce el control de la empresa productora de sodio, yodo y nitratos, Pampa Calichera, Norte Grande, Oro Blanco y Nitratos.
El caso enfrenta al ex yerno de Augusto Pinochet con las AFP y el administrador de fondos Moneda Asset, que dirige Pablo Echeverría. Los minoritarios denuncian que el primero ha realizado numerosas operaciones con sociedades que él controla, que le han generado altas ganancias a él y millonarios perjuicios a los minoritarios. Además, reclaman que Ponce a través de los directorios de las cascadas se niega a informar todas las operaciones y ha desafiado a la propia SVS en este sentido.
Fuentes conocedoras del caso revelaron que las operaciones de Ponce con las cascadas, particularmente entre 2009 y 2012, bordean el centenar, y representan montos totales por más de US$ 7.000 millones.
La cifra, agregan las fuentes, duplica el patrimonio de las cascadas y se habrían realizado principalmente con la participación de las corredoras BanChile y en menor medida Tanner.
La tesis de quienes cuestionan las operaciones de Ponce apunta a se habrían realizado ventas con un descuento en el precio y luego compras con un premio, lo que habría generado altas ganancias para Julio Ponce.
Estos antecedentes son los que ha venido revisando Coloma y su equipo y de ellos se generarán las conclusiones que deberá dar a conocer próximamente. A estas alturas, señalan fuentes cercanas a accionistas de las cascadas, las dudas sobre el momento en que la SVS zanjará e tema son altas, debido a que ya se ha comprometido antes a resolver –como en mayo pasado, cuando dijo que ese mes lo definiría- y no ha cumplido.
Hasta ahora se sabe de un número menor de operaciones, que ha denunciado principalmente Moneda, y que no han sido informadas plenamente en los estados financieros ni en las juntas de accionistas de las sociedades.
De hecho, en las juntas extraordinarias de accionistas de Norte Grande y Oro Blanco del 27 de junio pasado, los gerentes generales de ambas empresas presentaron las conclusiones de dos informes preparados por los abogados Francisco Pfeffer y Enrique Barros, que concluyeron que los directorios de ambas compañías no puede entregar más información de la que han presentado y que los accionistas minoritarios no tienen derecho a exigir más antecedentes.
Curiosamente, hasta hoy ningún accionista minoritario conoce el informe de Enrique Barros.
Las operaciones más conocidas que se han denunciado apunta al 24 de marzo de 2011 y otro grupo de transacciones el 4 y el 7 de noviembre del mismo año.
En el primero caso se trata de operaciones de venta efectuadas por Oro Blanco de 117,13 millones de acciones Calichera-A a la sociedad Inversiones SQ S.A., y de 45,87 millones de acciones Calichera-A a la sociedad Norte Grande.
En el caso del mes de noviembre se ha pedido aclarar la venta por parte de Norte Grande y su matriz, Inversiones SQ S.A., a la filial de ambas denominada Potasios de Chile, de 194.966.704 acciones de Calichera-A, entre los días 4 y 7 de noviembre de 2011.
Los críticos de Ponce estiman que existen grandes discordancias entre lo que han informado las sociedades cascadas y lo que se detecta al revisar las transacciones en la Bolsa (los “palos”).
Esto ha provocado duros enfrentamientos entre los representantes de Ponce –Sebastián Oddó, Aldo Mota y el hermano de Julio Ponce, Eugenio- y los minoritarios, liderados por Vicente Bertrand, co-portfolio manager renta variable local de Moneda y el abogado del fondo, Pedro Pablo Gutiérrez.
Junto con ello Ponce ha iniciado acciones judiciales contra Moneda por supuestos beneficios que habría obtenido al realizar compra venta de acciones de las cascadas al tiempo que a su juicio, realizaba una “campaña” de desprestigio de las mismas. Además, ha pedido que la SVS investigue las transacciones de acciones por parte de directores y ejecutivos de la gestora de fondos.
En este enjambre de operaciones de Ponce con las cascadas está la SVS. Quienes conocen del caso aseguran que aunque no agrada que la SVS demore tanto en zanjar el tema, reconocen que es difícil sondear las operaciones debido a que muchas se realizaron a través de corredoras, lo que hace complejo determinar el origen y destino de las compras y ventas.
En cualquier caso, fuentes del caso indican que si se llega a determinar que hubo operaciones de Ponce con sociedades relacionadas, por ende, consigo mismo, eso no sólo significaría un perjuicio a los accionistas minoritarios, sino que podría derivar en el ilícito de uso de información privilegiada.
Este medio intentó contactar a Julio Ponce, pero no fue posible obtener respuesta.
Informe de AFP
Además de las millonarias transacciones de Ponce y las cascadas, en los próximos días se conocerá un informe encargado por las AFP Habitat, Cuprum, Provida, Capital y Planvital, al abogado Arturo Yrarrázaval, respecto de la actuación de los directorios de Norte Grande y Oro Blanco al negar la información de las operaciones cuestionadas.
Fuentes que conocen del informe indican que hasta ahora las administradoras sólo tienen la versión en borrador del documento, esperando la versión final para esta semana.
En cualquier caso, algunos párrafos del borrador revelan que los directores de ambas cascadas son severamente cuestionados en cuanto a la legalidad de su actuación, pues impediría a los accionistas minoritarios ejercer su derecho de conocer las operaciones y en función de ello determinar acciones para establecer la responsabilidad de los directores frente a eventuales perjuicios a los minoritarios.
La explicación por parte de los directorios de Norte Grande y Oro Blanco para negar la información pedida por las AFP y Moneda, es que existen excepciones en la Ley de Sociedades Anónimas que permiten a los directorios de dichas cascadas excluirlas de los procedimientos especiales de información a los accionistas.
El borrador de Yrarrázaval cuestiona el uso de dicha excepción dado el monto de las mismas.
“El tratamiento de la norma de excepción efectuado por los directorios de Norte Grande y Oro Blanco lleva al absurdo consistente en que producto de su mala aplicación los accionistas de sociedades anónimas abiertas se encontrarían más desprotegidos que los accionistas de de sociedades anónimas cerradas en lo que información de operaciones con parte relacionada se refiere. Es decir la ley de gobiernos corporativos otorgaría mecanismos por medio de los cuales los controladores de sociedades anónimas abiertas lograrían conculcar en mayor medida el derecho de los accionistas minoritarios a informarse sobre operaciones con parte relacionada”, señala el informe previo del abogado.
El documento es tajante al señalar la ilegalidad en que han incurrido los directores de Norte Grande y Oro Blanco, al no permitir a los accionistas conocer de las operaciones relacionadas del controlador.
“Podría afirmarse que el actuar del directorio de Norte Grande y Oro Blanco pretende dejar en calidad de letra muerta las exigentes responsabilidades que les atañen por incumplimiento de la norma sobre operaciones relacionadas dado que, como es lógico, resultaría imposible de perseguir y juzgar sus responsabilidades si no se cuenta con información adecuada para ello”, señala el informe que deberá afinar en los próximos días para luego ser analizado por las AFP e informado a la SVS.
