La AFP dice que mientras la autoridad no se pronuncie sobre el caso y no se conozcan antecedentes de operaciones cuestionadas del controlador no se debe hacer aumentos de capital.
La AFP Habitat, ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, pidió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que se suspendan las juntas de accionistas citadas por las sociedades cascadas (que controlan SQM) controladas por Julio Ponce Lerou para fusionar algunas de ellas, medida adoptada propuesta por los directorios que controla Ponce para enfrentar la difícil situación financiera derivada del fin del cartel del potasio en Rusia.
“Le solicitamos ordenar la suspensión de toda junta de accionistas de dichas compañías que tenga por objeto aumentos de capital o fusión que pudieran tener un impacto en los estados financieros y en los derechos de sus accionistas, en tanto no se nos proporcione todos los antecedentes e información relativa a las cuestionadas operaciones con partes relacionadas y esa superintendencia no se haya pronunciado respecto de las situaciones denunciadas”, señaló Cristián Rodríguez, gerente general de Habitat, en un documento enviado a la SVS el viernes pasado.
Habitat junto a otras AFP, además del gestor de fondos Moneda, están enfrentados con Ponce por la forma en que ha gestionado las cascadas Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande y Potasios, y han denunciado irregularidades en operaciones de estas sociedades con sociedades de Ponce, las que según Moneda habrían superado los 6.400 millones de dólares y habrían generado millonarias ganancias a Ponce y similares pérdidas a los minoritarios de dichas sociedades. Ponce ha contraatacado con acusaciones contra Moneda en la SVS y en tribunales.
La SVS lleva más de un año y medio investigando el caso y aun no se pronuncia sobre el caso.
Habitat y Provida, además, hicieron llegar el viernes a la SVS el estudio del abogado Arturo Irarrázaval, que concluye que los minoritarios de las cascadas Oro Blanco y Norte Grande tiene derecho a ser informados de las operaciones cuestionadas y además señala que los directorios de las cascadas aplicaron en forma ilegal la norma de políticas de habitualidad que establece la ley 18.046.
