Miguel Moreno presentó recurso de protección y llegó hasta la Suprema sin éxito:
Como vicepresidente ejecutivo de Emaza, dueña de un almacén en Isla de Pascua, recibía un sueldo de $3,6 millones brutos mensuales. Cuando fue reemplazado en 2010 recurrió a la justicia, pero se topó con dos problemas: nunca se inscribió en la nómina de funcionarios que optaron por ser traspasados al Ministerio de Economía y decidió integrar la directiva del Partido Radical, lo que es causal de inhabilidad para ocupar el cargo que tenía en Emaza.
Sin duda, Miguel Moreno García, miembro del comité ejecutivo del Partido Radical, debe haber celebrado su nombramiento como subsecretario de Bienes Nacionales. El ahora cuestionado ingeniero eléctrico de la Usach, condenado a pagar una multa por tocar los glúteos de una mujer en la estación Baquedano del Metro, intentó por vía judicial mantenerse como funcionario público cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera.
Desde 2006 y hasta septiembre de 2010 ocupó el cargo de consejero (director) y fue elegido por sus pares en el directorio como vicepresidente ejecutivo de Emaza (Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas), una sociedad cuyo único giro era operar un almacén en Isla de Pascua y vender productos de consumo habitual –los cilindros de gas de 45 kilos eran los más requeridos– a sus habitantes.
Como consejero no percibía dieta, ya que era director de ENAP, pero como vicepresidente ejecutivo recibía un sueldo de $43,5 millones brutos anuales –$3,6 millones mensuales brutos, a los que hay que descontar un 10% por la retención de impuestos–, como consta en la memoria de Emaza de 2009, el último año en que cumplió funciones durante el ejercicio completo. También se le pagaron gastos de representación por $445 mil y viáticos por $137 mil.
Cuando fue reemplazado en su cargo por María Luisa López Osorio, quien no pertenecía a un partido político y era gerenta general de Emaza desde 2009, no estuvo de acuerdo y presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en contra del entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, el subsecretario Tomás Flores y el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, alegando que se le había conculcado ilegal y arbitrariamente el derecho de propiedad sobre su cargo como funcionario público, garantizado en la Constitución.
Dado que la compañía se fue achicando, en 2007 el gobierno de Bachelet ofreció al personal de Emaza ser traspasado al Ministerio Economía –del que dependía Emaza– y regirse por el Código del Trabajo. Moreno no se inscribió en la nómina de traspasos, aunque él alegó que renunció a sus cargos el 8 de marzo de 2010 para incorporarse a la Subsecretaría de Economía, pero como no hubo pronunciamiento del Sistema de Empresas Públicas continuó en su puesto hasta el 7 de septiembre de 2010.
Creyendo que había sido traspasado, en octubre de 2010 se puso a disposición de la Subsecretaría de Economía para trabajar con la nueva administración, pero el organismo estimó que era improcedente e informó a la Contraloría que no figuraba en la nónima de traspasados y que hasta entonces Emaza le había pagado sus remuneraciones y no la Subsecretaría.
En mayo de 2011, la Contraloría emitió un dictamen pidiendo regularizar la situación de Moreno y que fuera reincorporado a su cargo en Emaza, porque la resolución mediante la cual el jefe jurídico del Ministerio de Economía y nuevo presidente de Emaza, Eduardo Escalona, le comunicó que había sido removido de sus cargos “no se encontraba afinada”. Exigió también que se le enteraran sus remuneraciones y beneficios previsionales y de salud.
Salvado ese punto, se produjo un hecho que jugó en contra de Moreno: en octubre de 2010, él pasó a integrar la directiva del Partido Radical como miembro del comité ejecutivo y, de acuerdo al Decreto 274, de 1960, son inhábiles para ejercer puestos en el directorio de Emaza, entre otras causales, las personas que ejerzan un cargo en la directiva central de un partido político.
Él pidió reconsiderar el dictamen y la Contraloría estimó que sólo debían pagársele el sueldo y los beneficios previsionales desde el 6 de septiembre de 2010 hasta la fecha que asumió en la directiva del PR, esto es, el 23 de octubre de ese año. En total, $4,7 millones que, según la memoria de Emaza de 2012, se le depositaron en la Tesorería General de la República, ya que él no pudo ser notificado.
La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección, Moreno apeló y el 19 de julio de 2012 la Suprema mantuvo a firme el fallo de segunda instancia por cinco votos a cero.
El 2 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.693, que puso término a la existencia legal de Emaza.
La remuneración del actual subsecretario de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes, duplica el sueldo que Moreno recibía en Emaza, pues alcanza a los $7,9 millones.
