Titular de la SVS confirmó que no podrá sancionar operaciones ejecutadas cuatro años atrás. Citi operó hasta abril de 2010 y el dueño de LarrainVial en septiembre de ese año.
Impunidad. Es que el caso más emblemático de posible corrupción en el mercado de capitales detectado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se desinfla.
Ayer, el titular de la SVS, Carlos Pavez, confirmó oficialmente, ante la Comisión Investigadora del caso de la Cámara de Diputados, que la normativa actual impide sancionar operaciones ejecutadas cuatro años antes.
La caducidad –y no la prescripción– se han visto favorecidas en este caso debido a los recursos ante la SVS, Contraloría y tribunales que han presentado los distintos acusados, encabezados por Julio Ponce, Roberto Guzmán, Aldo Motta y recientemente Leonidas Vial.
Así las cosas, dos de los acusados se frotan las manos.
Uno completamente: Citigroup, la filial de banco estadounidense. Fue formulada de cargos por la autoridad por operaciones realizadas hasta abril de 2010 y, dado que ya se cumplieron los cuatro años, la autoridad no podrá aplicarle multas.
El segundo, quizás uno de los más simbólicos acusados en el escándalo, Leonidas Vial, sigue un camino galopante a la impunidad. La última operación cuestionada en que participaron sus sociedades Agrícola e Inversiones La Viña e Inversiones Saint Thomas, ocurrió el 23 de septiembre de 2010, según los cargos que le realizó la autoridad. Por ello, en los cargos de enero pasado la SVS indicó que la acusación correspondía a operaciones de 2009 y 2010.
Si la SVS no resuelve su caso antes de septiembre, el socio de la corredora más tradicional del país –y ex vicepresidente de la Bolsa de Comercio– se librará de polvo y paja.
No es casual entonces que Vial haya presentado a comienzos de julio un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, pidiendo que se decrete orden de no innovar contra la etapa probatoria que lleva adelante la SVS. El tribunal de alzada aún no resuelve al respecto.
La acción de Vial fue la última presentada por alguno de los acusados. Antes lo habían hecho Aldo Motta, Julio Ponce y Roberto Guzmán.
No todo fueron malas noticias para la SVS. También ayer, la Corte de Apelaciones decidió por mayoría dejar sin efecto la orden de no innovar que regía sobre el procedimiento que se sigue sobre el gerente general de las sociedades cascadas Norte Grande y Pampa Calichera, Aldo Motta, desde el 30 de junio pasado.
De esta forma, la entidad podrá reanudar la etapa probatoria iniciada contra el ejecutivo, quien es la mano derecha del controlador de las sociedades cascadas de Julio Ponce Lerou.
Quedará pendiente la revisión del fondo de la causa, que en este caso incluirá una discusión en el Tribunal Constitucional (TC), sobre la aplicación de una norma incluida en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en este caso la SVS.
Pero la buena noticia en tribunales sólo podrá amainar el impacto que ya está teniendo el retraso del procedimiento y que, definitivamente, está jugando a favor de los acusados, dados los plazos de caducidad de las operaciones cuestionadas por la SVS.
Al reconocer que estaban caducando los plazos para sancionar, la autoridad quiso hacer ver el perjuicio que generaban, para efectos de la investigación administrativa, las acciones legales que estaban realizando los acusados y así lo hizo ver a la Comisión Investigadora, aunque señaló que eran “legítimas”.
“Sin poder calificar intenciones de personas que están participando de este caso, lo que sí uno puede afirmar, sin ningún temor a equivocarse, es que es absolutamente funcional la presentación de recursos ante tribunales de justicia que, más allá de la legitimidad y los derechos que tienen las personas de hacer uso de esas herramientas que le franquea la ley, les permitirían eventualmente poder dejar transcurrir el tiempo de manera tal que, una vez que se resuelvan desde el punto de vista de los tribunales de justicia, la Superintendencia ya se encuentre impedida de imponer la sanción”, explicó.
Además, hizo ver las llamativas acciones judiciales que han presentado los acusados, reforzando así las críticas hechas hace algunos días por su antecesor en la SVS, Fernando Coloma.
“En este caso ha quedado en evidencia… –afirmó Coloma– que a diferencia de cualquier otro caso que nosotros hayamos enfrentado en la SVS antes, en este caso se han presentado casi 20 acciones ante distintos órganos jurisdiccionales, recurso de protección, de ilegalidad, reposiciones, hemos visto cosas bastante novedosas desde el punto de vista del tipo de cosas que se han hecho que –insisto– responden al ejercicio legítimo de las personas que lo hacen, pero que son funcionales y traen como consecuencia que el tiempo vaya transcurriendo y, como no hay interrupción de los plazos, eventualmente la Superintendencia se podría ver impedida de imponer sanciones en la medida llegara a la convicción de ello”, concluyó.
Junto con ello, destacó que un total de 24 funcionarios debieron acudir a declarar ante la Fiscalía en sede penal por las querellas presentadas por Julio Ponce Lerou.
