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Se ensombrece el futuro de Tamara Agnic: Cámara aprueba comisión investigadora por caso Cuprum-Argentum Propuesta había sido rechazada por moción de diputados DC

Se ensombrece el futuro de Tamara Agnic: Cámara aprueba comisión investigadora por caso Cuprum-Argentum

Héctor Cárcamo
Por : Héctor Cárcamo Periodista El Mostrador Mercados
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A eso se suma decisión del Ministerio Público de investigar la operación. La Cámara tendrá 180 días para emitir un informe final sobre la polémica operación que generó un beneficio tributario de $ 80.000 millones. Agnic, Carlos Pavez y SII los primeros a ser citados.


Esta tarde la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión investigadora para abordar la autorización de la fusión entre AFP Cuprum y Argentum, ambas de Principal y que le permitieron al grupo estadounidense un beneficio tributario de $ 80.000 millones.

Luego que la semana pasada fuera rechazada la moción presentada por diputados DC por falta de quórum, la Sala de la Cámara Baja esta vez no tuvo votos en contra y dio 180 días para que la comisión investigadora emita su informe final.

Preliminarmente la DC tendrá dos integrantes, Iván Flores y Fuad Chahin, mientras queda por definir al resto de los integrantes. Entre los citados estarán la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic; el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Alberto Rojas; y el titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Carlos Pavez. También sería invitado el ex ministro de Economía y hoy presidente de AFP Cuprum, el DC Hugo Lavados.

La polémica estalló hace algunas semanas cuando se reveló que, a fines de 2014, el grupo estadounidense Principal propuso a la superintendenta de Pensiones fusionar una sociedad con Cuprum, ante lo cual la autoridad habría recomendado crear una AFP para la fusión de ambas.

Principal creó AFP Argentum y luego pidió, pocos días antes de que concluyera el 2014, la autorización de la fusión, la que permitió a Principal obtener una rebaja de impuestos por $ 80.000 millones a distribuir en los próximos diez años.

La Superintendencia autorizó la fusión el 2 de enero de 2015, lo que posibilitó acceder al beneficio tributario derivado del llamado goodwill tributario (la diferencia entre el valor contable de la AFP y el precio pagado), el cual sólo podría obtenerse si se pedía la autorización hasta el 31 de diciembre de 2014.

Agnic ha defendido su actuar en los últimos días, señalando ante la Comisión de Economía del Senado que cumplió con la ley y que, con o sin fusión de Argentum y Cuprum, el goodwill se obtenía igual.

Sin embargo, la mayor polémica recae en una entrevista que dio la semana pasada a La Tercera, donde dijo que Principal no le informó que la operación buscaba el beneficio tributario. Según señaló, entendía que era sólo una reorganización societaria.

Sin embargo, en la junta de accionistas donde se aprobó la operación, había dos funcionarios presentes de la superintendencia que escucharon los detalles donde se confirmaba el objetivo de la fusión.

Si bien Chahin reconoce que podría ser legal la operación, considera necesario aclarar cuál fue el rol que jugó Agnic.

“Ella no es asesora tributaria de ninguna empresa”, afirmó.

Además, el parlamentario indicó que esperan verificar si efectivamente hubo algún beneficio para los afiliados de Cuprum, como aseguró Agnic en la referida entrevista.

Ministerio Público investigará operación

En paralelo, el senador Alejandro Navarro (MAS) informó que el Ministerio Público acogió a trámite la denuncia que presentó para investigar el caso. A cargo de la causa habría quedado la fiscal Giovanna Herrera Andreucci.

Según señaló, la causa busca determinar eventuales responsabilidades penales y posibles presiones que habría sufrido el ex superintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, quien acusó haber sido desbancado por los poderes fácticos, vinculados a la obtención de la aprobación de la AFP Argentum.

A juicio del legislador, las presiones ejercidas en contra de Gallegos son de extrema gravedad y señaló que no es posible que los dueños de las AFP tengan la capacidad de remover a un superintendente de Pensiones.

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