Un golpe de Timón es el que plantea el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, para evitar nuevos atentados a la libre competencia en el mercado de las farmacias: regular a esta industria. Tal cual.
El líder del organismo que vela por la defensa de la libre competencia en el país señala: “Esta fiscalía considera que el mercado farmacéutico presenta ciertas características que pueden distorsionar la competencia en los mercados, por lo que se estima conveniente la adopción de medidas regulatorias para fomentar la competencia de manera de aumentar el bienestar de los consumidores y asegurar una eficiente distribución de los recursos”.
Frente a esto, Felipe Irarrázabal señaló que “sería deseable” el que se adopten medidas para: incrementar la participación de los seguros (públicos y privados) en la compra de medicamentos en el canal retail; disminuir costos relacionados con la certificación de bioequivalencia y, en general, seguir fomentando su extensión a las distintas categorías terapéuticas; mejorar el sistema de protección de la propiedad industrial o intelectual; mantener una supervigilancia respecto de acuerdos entre laboratorios u otras conductas estratégicas, que puedan significar un retraso en el ingreso de competidores a la distribución de algún medicamento innovador cuya patente ha vencido, y adoptar medidas que permitan al consumidor disminuir las asimetrías de información a la hora de adquirir los fármacos.
Las propuestas del fiscal económico figuran en un informe tras una investigación que inició en 2011 en contra del laboratorio Sanofi-Aventis, al que se acusó de posibles prácticas anticompetitivas, consistentes en una discriminación de precios entre los canales retail e institucional en el medicamento Clexane.
Tras una larga investigación, en la que la FNE requirió a otros laboratorios para analizar las diferencias de precios que hay entre farmacias y el canal institucional (como fundaciones), el organismo concluyó que no habían atentados a la libre competencia.
En el intertanto, Sanofi-Aventis se acecó a la fiscalía proponiendo medidas consistentes a ofrecer sus productos en mejores condiciones a los consumidores, consistentes en: distribuir un tarjetón informativo a los médicos tratantes de manera de poder informar a los pacientes en qué fundaciones pueden comprar el producto a un precio conveniente; bajar el precio de lista vigente del Clexane en un 50%, e introducir la presentación del producto en el envase de dos jeringas, que se vende en farmacias, a las fundaciones (donde actualmente sólo se vende el envase de 10 jeringas)”.
Colusión
La industria de venta de medicamentos ha estado en el ojo del huracán luego del caso colusión de las farmacias.
Hace unos días, en un fallo dividido (dos votos contra uno), el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal absolvió a diez ex ejecutivos acusados penalmente de adulteración fraudulenta de precios, en la arista penal del caso farmacias.
En el juicio, el Ministerio Público había solicitado penas de hasta 5 años de cárcel para los imputados. El órgano persecutor apelaba a la sanción por colusión que había recaído en contra de las cadenas Cruz Verde y Salcobrand. En 2012, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tras una demanda de la Fiscalía Nacional Económica de fines de 2008, multó a ambas cadenas con US$20 millones a cada una por coordinarse para elevar el precio de más de 200 medicamentos. Antes, Farmacias Ahumada había llegado a un acuerdo extrajudicial tras pagar US$1 millón. Todo esto fue ratificado posteriormente por la Corte Suprema en un fallo unánime.
Pero el Ministerio Público buscaba sanciones contra los ejecutivos involucrados. La investigación penal comenzó en 2009 a raíz de la querella interpuesta por la Confusam, el senador PPD Guido Girardi y el diputado DC Gabriel Silber.
Tras este hecho, volvió a estar sobre el tapete la sanción penal en casos de colusión. En marzo, la Presidenta Bachelet presentó un proyecto para reponer la cárcel para estos delitos, lo que había sido eliminado en 2004. Hay que tener en cuenta que mientras estuvo vigente, durante 31 años, nunca se envió a un ejecutivo a la cárcel.
Fuente: Pulso
