Ministro Rodrigo Valdés presentó ayer nuevas indicaciones al proyecto, acordando con la Comisión de Hacienda del Senado la composición de un organismo de cinco miembros con dedicación exclusiva, tomando resguardos frente a casos de información privilegiada. Los cambios a la estructura de la SVS se dan en momentos en que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de ir actualizando los estándares de regulación y transparencia en el mercado de capitales.
Los últimos escándalos financieros han provocado que las autoridades tomen serias medidas para potenciar la supervisión sobre el mercado de valores. La asunción de Carlos Pavez como titular del organismo puso a la fiscalización como tarea prioritaria, lo cual todavía requiere de más transformaciones para lograr su cometido.
Es en este contexto que, ayer, el titular del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció nuevos cambios al proyecto que busca crear una Comisión de Valores y Seguros, la que modificará la estructura de la actual Superintendencia. Si bien el proyecto de ley original consideraba cinco miembros –de los cuales sólo su presidente tendría dedicación exclusiva–, la discusión mutó en que dicho ministerio propusiera reducirla a tres ejecutivos a tiempo completo. Sin embargo, tras el rechazo de la Comisión de Hacienda del Senado, Valdés finalmente optó por que este cuerpo colegiado sea constituido por cinco personas a tiempo completo.
Un tema que no es del todo fácil digerir para Hacienda, considerando que un organismo con una estructura similar podría abrir una ventana difícil de cerrar para el Gobierno. “Si avanzamos en otras superintendencias financieras, no nos gustaría armar consejos de cinco miembros en todas partes, pero en este caso habría esta cantidad a tiempo completo”, sostuvo Valdés.
Así fue como, ayer, tal comisión aprobó la creación de un organismo que tendrá un comisionado con el carácter de presidente –elegido por el Primer Mandatario de la República–, y cuatro comisionados designados por la misma autoridad, aunque previo acuerdo de los cuatro séptimos de los miembros del Senado. Mientras el presidente de la Comisión durará en su cargo pasados 90 días de un cambio de Gobierno, el resto lo hará por seis años. Quienes sean nombrados tendrán que ser personas de “reconocido prestigio profesional o académico en materias relacionadas al mercado de valores y/o seguros”.
Luz de alerta al interior de la SVS
Un tema cuyas implicancias están por verse es aquel referido a cómo se busca paliar los conflictos de interés que podrían tener los miembros de dicha comisión. Una vez terminado su período, cada comisionado estará impedido de ejercer cualquier otra actividad laboral –salvo académicas– durante tres meses y seis meses para casos excepcionales, considerando que eventualmente podrían estar en posesión de información privilegiada.
Para evitar lo anterior, cada uno de los cinco miembros que deje su cargo gozará durante dicho período de una compensación equivalente al 75% de lo percibido mientras era comisionado. Para realizar dicho cálculo, se utilizará el promedio de la remuneración bruta mensual de los últimos doce meses. Con los estándares actuales, el presidente de cada comisión recibiría unos $8,5 millones, mientras el resto de los miembros un sueldo equivalente al 90% de dicha cifra. Además, cada miembro estará por 12 meses obligado a informar dónde está trabajando.
Sin embargo, la eventual posesión de información privilegiada no pesaría sobre los comisionados, por eso es que la asociación de funcionarios de la SVS ya pidió una audiencia a los miembros del Senado. Eventualmente, también podrían solicitar un trato similar.
Regulación en boga
Los cambios a la estructura de la SVS se dan en momentos en que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de ir actualizando los estándares de regulación y transparencia en el mercado de capitales.
Pavez ha hecho hincapié en esta necesidad tras suceder a Fernando Coloma y ha enfatizado que en la actualidad la SVS no es parte de IOSCO –organización que agrupa a los reguladores del mundo–, justamente porque la actual estructura de la Superintendencia no responde a los estándares internacionales. Para ello, es necesario, por ejemplo, el acceso al secreto bancario, un tema que debería discutirse en la mañana de hoy en Valparaíso.
Pese a lo anterior, el regulador ha hecho esfuerzos por ponerse al día. Sólo la semana pasada ofició a distintas compañías del IPSA para que en sus memorias informen una serie de antecedentes con estándares de Wall Street. A empresas como Latam, Provida o Embotelladora Andina les hizo estos requerimientos, dándoles cinco días de plazo para detallar, entre otras materias, los riesgos que enfrentan, tal como lo hacen en los 20-F que envían a la SEC (regulador del mercado norteamericano).
Lo anterior, en todo caso, no parece ser una tarea fácil, al menos para cumplir lo requerido en los términos de la SVS. Esto, porque la aerolínea pidió un plazo adicional para ajustarse a lo solicitado por el regulador, el cual le otorgó 15 días hábiles más.
