Esta semana, los querellantes contra Julio Ponce , León Vial y el resto de los sancionados por la SVS, solicitaron al fiscal Andrés Montes la colaboración del regulador norteamericano (SEC) en su investigación. Esto, con el fin de que analice y, eventualmente, respalde el trabajo realizado por la superintendencia local.
Todo indica que el caso Cascada no debería sufrir más interrupciones. Hoy en manos del Fiscal Regional de la zona Centro Norte, Andrés Montes, el proceso en contra de Julio Ponce y el resto de los ejecutivos sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) debiera entrar por un tubo, luego de que en un inicio lo asumiera la Fiscalía Oriente –cuya cabeza, Alberto Ayala, acusó incompetencia por su pasado en SQM– y posteriormente el fiscal José Morales, cuestionado por los querellantes por el escaso progreso de su investigación.
Sin plazos en el horizonte, Montes y las fiscales Macarena Cañas y Tania Sironvalle se aprestan a esclarecer la responsabilidad penal de Ponce, Roberto Guzmán, Leonidas Vial, entre otros, sobre las duras imputaciones que el año pasado les hizo la Superintendencia. Y, para ello, los persecutores podrían contar, eventualmente, con la ayuda de la Securities & Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street.
Esa es la intención de los querellantes y, particularmente, de AFP Habitat. La administradora de fondos –muy activa en el trabajo del Ministerio Público (fue la primera en pedir la remoción de Morales, luego se sumó Moneda Asset)–, le pidió a Montes que por medio de la SVS solicite la colaboración de la SEC.
Esto, en virtud del convenio de cooperación mutua que existe entre ambos organismos desde 1993. La finalidad es que la SEC pueda realizar un informe relativo a la investigación de la SVS y las conclusiones que arrojó la misma, con el propósito de contrarrestar las críticas que los acusados han planteado al trabajo hecho por el regulador local, argumentos que se transmitieron en los propios descargos de los sancionados y que han sido reiterados en el marco de las demandas civiles que interpusieron accionistas minoritarios y las AFP contra Ponce, Vial, la corredora LarrainVial, y otros.
Según dice el documento presentado por la AFP a la Fiscalía, el objetivo “dice relación con que un órgano experto, tal cual es la SEC, ante las constantes dudas planteadas en cuanto a la objetividad y profundidad de la indagación llevada adelante por la SVS conforme han planteado reiteradamente las defensas, se pronuncie respecto a si aquella cumple con estándares internacionales así como si las conclusiones a que arribó la misma indagatoria son plausibles en base a los antecedentes tenidos a la vista”.
Si Montes acepta la diligencia requerida por la AFP y de ser positiva la acogida del regulador de Wall Street, su informe tendría la calidad de peritaje, según advierte Habitat. Lo anterior, considerando que la propia Fiscalía Nacional ha instruido que en materia de indagaciones de delitos de mercados de valores, es recomendable que la SVS cuente con sus propios peritajes.
Si bien ha trascendido en varias ocasiones que la SEC ha monitoreado en algún grado el caso Cascada, este supone el primer pronunciamiento formal por su intervención. Anteriormente había trascendido que en Wall Street se estaban investigando operaciones con el ADR de SQM por parte de Pampa Calichera, así como el papel que tuvo Citigroup Global Markets en el esquema sancionado por la SVS. En 2013, el entonces titular del organismo, Fernando Coloma, fue consultado al respecto y afirmó con cierta ambigüedad que “siempre nosotros tenemos instancias de colaboración con organismos reguladores internacionales».
Actualmente, en el expediente investigativo de la Fiscalía existen documentos remitidos por la SEC, particularmente sobre la estructura societaria con la cual Ponce participa en SQM. En 2003, se informó a la SEC la estructura de sociedades del ex presidente de la minera, la cual tiene como punta del iceberg un trust domiciliado en Islas Vírgenes Británicas.
Otras diligencias
Hasta el martes los querellantes tuvieron plazo para insistir y pedir nuevas diligencias y otras indagatorias pendientes cuando el caso estaba en manos de Morales. Entre las solicitudes se reiteran las peticiones por información contable de las sociedades personales de algunos de los sancionados en el caso y su información bancaria.
Sin embargo, también hay requerimientos respecto de las redes familiares de los querellados, pues una de las peticiones al fiscal Montes guarda relación con instrucciones a la PDI para que establezca la estructura orgánica y de administración de las sociedades cascada y aquellas que la SVS catalogó como relacionadas instrumentales al esquema, desde 2009 en adelante. Lo que se busca es establecer fehacientemente las personas naturales y jurídicas que, en algún grado, intervinieron en las operaciones sancionadas.
Otra petición interesante tiene que ver con que Montes solicite al Banco Central toda la información respecto de envíos de dinero al extranjero por parte de los imputados, también desde 2009 en adelante.
