El ex ejecutivo estrella del mercado acudió dos veces al Ministerio Público por el caso Cascadas. Allí mostró con ejemplos que lo que la SVS cuestiona a algunos, lo pasa por alto en otros. Sus dichos ya abrieron dos investigaciones más.
El caso Cascadas abrió por primera vez un debate profundo sobre las prácticas empresariales en la Bolsa de Comercio local. La resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de septiembre de 2014, cuando sanciona con hasta US$ 160 millones en multas a distintos participantes del esquema que lideraba el controlador de las sociedades cascadas –que a su vez confirman la cadena de control de SQM–, rompió con un silencio permanente de las autoridades sobre las conductas en el ruedo.
Con la excepción de algunas operaciones específicas que fueron sancionadas en el pasado, esta vez la entidad que dirigió hasta marzo de 2014 Fernando Coloma, fue directo a cuestionar el “espíritu” de las operaciones por sobre la formalidad en el cumplimiento de normas de la SVS y la Bolsa.
La tesis de Coloma, ratificada en las sanciones aplicadas por su sucesor y actual jefe de la superintendencia, Carlos Pavez, abrió una caja de Pandora que ha provocado algunos cambios normativos, otros en camino y muchas dudas sobre la ética con que se opera en el ruedo.
Enfrentado al cuestionamiento de la SVS por su rol en algunas operaciones de Banchile con las sociedades cascadas, un alto ejecutivo de dicha corredora hasta julio de 2012 puso a la SVS y la Bolsa frente al espejo, develando operaciones con características similares a las castigadas por la autoridad –en algunos casos a precios fuera de mercado–, pero que nunca han sido investigadas o sancionadas.
En el mercado, las revelaciones de Cristián Araya Fernández –desacostumbradas en un mundo pequeño y cerrado y proclive a protegerse entre unos y otros– generan diversas reacciones.
Una fuente, de vasta experiencia en el mercado financiero local, valora las declaraciones del ex Banchile. “Asumiendo que lo que se ha filtrado de su declaración es fiel a su testimonio, lo que Araya dijo es un reflejo de cómo ha funcionado la Bolsa por años. No quiero decir que todos son todos truchos, más bien que todos, o una gran mayoría, operaba al borde de lo legal y los con más información sacaban beneficios al que el resto del mercado no tenía acceso. Se podría decir que jugaban con los dados cargados», dice.
A su juicio, incluso, la hipocresía con que funciona el mercado podría incluir a las autoridades. “Lo irónico es que todos los que conocen el mercado local sabían que así operaba. La SVS incluso, me atrevo a decir, siempre ha tenido funcionarios que sabían que así era el negocio, pero no se atrevía o se hacían los tontos. Ha habido superintendentes que efectivamente creo que no entendían cómo opera el mercado y no querían saber», afirma.
En tanto que un alto ejecutivo de un gestor de fondos toma distancia de los dichos de Araya. “No comparto que las prácticas que describe Araya eran generalizadas. Es verdad que había rumores, muchos de los cuales llegaban a nuestra firma, pero eso no quiere decir que todos las hacíamos. Ahora, a la luz de sus declaraciones y lo que se ha sabido en relación con las operaciones cascadas, no se puede seguir insistiendo en que no había prácticas que nos asemejan más a un país bananero que a un país OCDE, pero quiero seguir pensando que era la excepción y no la regla», señala la fuente.
Las prácticas al aire
Cristián Araya Fernández comenzó a trabajar como junior en Banchile en 1993 y en dos años ya operaba en la rueda. En 1998 pasó a ser subgerente de trading y arbitraje de acciones y en 2002 –tras un corto paso por Deutsche Bank– asumió como gerente de acciones, para finalmente asumir en 2006 como gerente de inversiones.
En este cargo fue que ejecutó operaciones en 2011 por orden de Linzor Total Return Fund (hoy CHL) y Aldo Motta, por las cascadas, las que terminaron siendo sancionadas por la autoridad.
El caso también es investigado en sede penal y, en ese contexto, Araya hizo dos declaraciones ante el Ministerio Público en abril pasado.
Sus declaraciones son inéditas para ejecutivos de alto nivel en el mercado, pues revelaron diversas operaciones que juegan al límite de lo legal y que hacen dudar de la verdadera competencia que existe en la Bolsa.
De hecho, al menos dos investigaciones, una de la SVS y otra del Servicio de Impuestos Internos (SII), fueron las consecuencias iniciales de la concurrencia del ex gerente de Banchile al Ministerio Público.
El 16 de abril de 2015, ante la fiscal adjunta Tania Sironvalle, Araya defiende su actuación en las operaciones cuestionadas por la superintendencia y, para refrendar sus argumentos, dispone numerosos ejemplos de operaciones que ocurrieron antes del caso Cascadas y otras que han ocurrido después y que, siguiendo la lógica de las sanciones de la superintendencia, vulneran el espíritu de la ley aunque cumplan aparentemente la formalidad de la norma.
Queriéndolo o no, en su afán de demostrar la forma en que se ejecutaron las operaciones donde él participó, Araya pone sobre la mesa operaciones que se comentan en el mercado, durante y después de que se realizan, pero que nadie las denuncia sino que, por el contrario, muchos copian.
El caso Paz y los acuerdos fuera de rueda
Buenos ejemplos puso sobre la mesa Araya ese 16 de abril.
Cuatro operaciones con acciones de la firma tecnológica de Andrés Navarro, Sonda; de la pesquera Camanchaca; del banco Santander, y con papeles de la constructora PAZ Corp.
Los antecedentes entregados por Araya tuvieron efecto. El Ministerio Público los tomó y los envió a la SVS el 3 de junio pasado, y el 18 de junio la autoridad comenzó a oficiar a corredoras de bolsa, abriendo así una investigación sobre las transacciones con acciones PAZ Corp del 20 de noviembre de 2012.
El detalle de dichas operaciones evidencia distintas operaciones sospechosas por los niveles de diferencia de casi 20% en el precio transado respecto de otras transacciones en un rango de 15 minutos.
Lo que subyace a la declaración de Araya es que en dicho caso hubo algún acuerdo fuera de la rueda entre Juan Bilbao y Juan Pablo Armas –ambos directores de Paz en 2012– y los vendedores de los papeles, Prudential y, eventualmente, las corredoras intervinientes, particularmente la de capitales mexicanos GBM, lo que ha sido descartado por esta última entidad.
Si fuera el caso, la indiferencia de la SVS –y de la Bolsa– frente a la denuncia por estas operaciones que hizo este medio en diciembre de 2013 es patente, pues solo decidió investigar el caso en junio pasado, un año y medio después que le hiciéramos legar a la autoridad, en su momento, antecedentes similares a los entregados por Araya en el referido mes de junio.
Para la SVS, como lo ha señalado Pavez en varias oportunidades, detectar acuerdos fuera de rueda es complejo, dado que no tiene las atribuciones para investigar a fondo los casos, como sí las tiene la SEC, en Estados Unidos, pero aparentemente hubo poca intención de investigar el caso.
Operaciones ficticias
Tanto en su resolución que formuló cargos en el caso Cascadas –en septiembre de 2013 y enero de 2014–, como en la sanción final de septiembre de 2014, la SVS apuntó como uno de los ejes centrales de su tesis sobre el “esquema” liderado por Julio Ponce Lerou, la condición ficticia de las distintas operaciones que ejecutaron Ponce, Aldo Motta (como gerente general de las cascadas), Roberto Guzmán, Leonidas Vial y las corredoras LarrainVial y Banchile.
Es decir, se hacían operaciones que simulaban el objetivo de traspasar un activo (acciones) cumpliendo formalmente las normativas que apuntan a generar competencia y un precio competitivo, pero en realidad eran sólo parte de una secuencia de transacciones de ida y vuelta destinadas a generar ganancias a los participantes. O sea, se vulneraba el “espíritu” de la norma.
Sin embargo, Araya puso el dedo en la llaga cuando, el 24 de abril de este año, dejó en manos del Ministerio Público detalles de operaciones realizadas a fines de 2010 y comienzos de 2011 por Celfin Capital, la corredora de bolsa que hoy se llama BTG Pactual y que tiene como presidente del grupo en el país al actual presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), Juan Andrés Camus.
Araya relata una práctica histórica en el mercado, consistente en que inversionistas de alto patrimonio, en algunos casos multimillonarios, le piden a la corredora de bolsa que le adquiera acciones –cuyo impuesto general ya fue pagado– y que le permiten, al ingresarlas en su patrimonio, reducir su pago de patentes comerciales en las comunas donde operan.
El 29 de diciembre de 2010 a través de OD (el mismo corredor está en la punta de compra y de venta) en la Bolsa Electrónica, Celfin comienza a ejecutar “ventas masivas” de acciones CAP y SQM por un total de US$ 105 millones.
“Ante las eventuales interferencias que sufren esas operaciones decide migrar a la otra bolsa (BCS) con las operaciones masivas el 30 de diciembre de US$ 249 millones por OD, pero para evitar la interferencia las realiza el último día hábil bursátil y lo hace en la rueda física (rueda 1), lo que hace imposible su interferencia porque a esa fecha estaba solamente Celfin físicamente instalado y porque el palo aparece en los sistemas electrónicos de la BCS cuando ya está cerrado”, explica Araya.
La segunda parte de esa historia pone de relieve la simulación de competencia en el mercado bursátil. “El día 3 de enero de 2011 Celfin vuelve a operar en la rueda física de la BCS, esta vez por US$ 363 millones y recompra las acciones que había vendido supuestamente los días 29 y 30 ya referidas, a través de 39 OD entre las 09:41 y las 13:31. A mi entender, estas son operaciones para evadir tributos municipales o patentes. Estas operaciones tienen condiciones de liquidación calzadas, es decir, no existe ni transferencia de dinero ni de acciones. Estas operaciones irregulares fueron puestas en conocimiento tanto de la SVS como de la BCS y no fueron investigadas”, dice el ex Banchile.
Historia conocida
La evidencia de que este tipo de negocios permitieron a millonarios locales evitarse pagos marginales de impuestos, la hizo palpable el actual presidente del Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa, Lisandro Serrano, en mayo pasado, cuando señaló que eran operaciones conocidas, destinadas a no pagar patentes.
“Si hay una venta y es traspaso firmado formalmente, hay una venta y hay una recompra. Usted sabe que el objetivo de esa compraventa no fue transferirla, porque no es cierto, porque solo lo hiciste para cambiar tu balance de tal manera de pagar menos impuestos. Eso se llama elusión”, dijo Serrano.
Cuando este medio reveló estas operaciones en septiembre de 2013 (ver aquí y aquí), la Bolsa manifestó que realizaría una investigación. Poco después revelamos un informe de la Bolsa donde se confirmaban las operaciones. El tema pasó al Comité de Buenas Prácticas. Y si bien tenían planificado emitir un informe final desde junio, aún no se revelan los motivos del atraso.
El Ministerio Público traspasó los antecedentes entregados por Araya, los sumó al informe de la Bolsa y los envió al SII el 3 de junio pasado, advirtiendo que “podrían tener carácter de delito”, según reveló La Tercera.
Difusión y competencia
La idea de la SVS de que en la Bolsa debe haber condiciones para que los que transan papeles lo hagan compitiendo y formando el mejor precio posible, marcan el caso Cascadas. Pero su tesis respecto a que el esquema que lideraba Ponce impedía una buena formación de precios, pues jugaba con la norma en el límite de los plazos de difusión para grandes operaciones, no es un caso aislado en el mercado.
Araya lo hizo patente el 16 de abril de este año. Ese día, además de citar las llamativas transacciones con PAZ Corp, apuntó a otros ejemplos que, a su juicio, la SVS debería haber investigado si consideraba que las operaciones de Cascadas habían violado el “espíritu” de las normas y no solo darles cumplimiento formal.
Uno fue el ocurrido el 3 de noviembre de 2011 con acciones de la pesquera Camanchaca. Cuenta Araya que ese día hubo por lo menos 22 OD indivisibles, con difusión de 5 minutos, de 300 mil UF, realizadas con condición de pago PH (pago en el día) y por montos relevantes en la participación de la propiedad de la compañía, casi un 60% de las acciones, todas características que cumplen con la normativa pero que, a la luz de la tesis de la SVS en el caso Cascadas, también podrían vulnerar el “espíritu” de la ley.
Pero no solo eso. Lo más cuestionable de dicha operación fue que se ejecutó en la rueda física (hoy fuera de funcionamiento prácticamente) con casi nula posibilidad de interferencia. “Como no va nadie a la rueda física, son operaciones que difícilmente se pueden interferir y que carecen de visibilidad, en contraste con la operación Linzor, que era divisible e interferible”, sostuvo Araya.
Este punto puede ser clave, puesto que la eliminación de las operaciones físicas en rueda es una de las pocas, si no la única, medida relevante y drástica que tomó la Bolsa desde el caso Cascadas. Y es que los corredores abusaban de esta posibilidad, según reconocen varios ejecutivos del sector, realizando OD en rueda física cuando querían evitar las interferencias de otros actores.
Lo que reclama el ex de Banchile es que a las operaciones que él realizó y por las que fue multado, fueron un número similar de OD, con características que incluso generan más competencia que las de Camanchaca, pero que esas la SVS no las investiga.
También revela que el 27 de febrero de 2013 se transaron más de 2.900 millones de acciones del banco Santander por $ 100 mil millones en 93 palos (transacción) que se hicieron a las 14 horas con 21 minutos y 44 segundos. “Es decir, que era imposible interferir alguna de estas operaciones, por cuanto todas se realizaron a la misma hora. La corredora que realizó estas operaciones fue Santander y quien vendió fue una empresa relacionada”, explica Araya.
Los antecedentes que pone no sorprenden en el mercado, toda vez que esto ocurre periódicamente. Un inversionista dueño de una empresa desea transferir sus acciones de una sociedad a otra, principalmente por motivos tributarios (para ahorrarse impuestos) y lo hace en Bolsa, también por esas causales. Se conforma de tal manera que nadie puede competir por esos papeles pues, justamente, el objetivo del negocio es que nadie intervenga.
El tercer ejemplo es con la acción Sonda –ligada a la familia Navarro– y que evidencia que, nuevamente, no hubo competencia, usando la normativa vigente en ese momento. Es decir, cumpliendo la normativa se vulneró el espíritu de la norma y nadie fue sancionado por ello.
El 2 de marzo de 2015 abre el mercado. Sonda había cerrado en $ 1.535 el papel el día anterior. A las 9:38 de esa jornada IM Trust se cruza 8.9 millones de acciones con condición pago PM (mañana) modalidad OE (orden directa o sistema automático) a un valor de $ 1.553, por un total de $ 13.963 millones, en seis transacciones de 1,5 millón de acciones cada una.
“Todas estas operaciones se hicieron a la misma hora, es decir, sin ninguna posibilidad de interferirlas. El precio mayor que logró la acción Sonda ese día fue de $ 1.530”, afirma Araya en su declaración, deslizando que estas operaciones no fueron a precios de mercado, lo que sería ilegal.
Sus dichos ponen de relieve que las transacciones referidas no generaron competencia, ni maximizaron el precio y todo esto, probablemente, porque ese era el objetivo.
La SVS, al menos hasta ahora, nunca ha comentado, acusado o efectuado sanciones por estas operaciones.
