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Corte de Apelaciones acoge reclamo y obliga a salmoneras a revelar antibióticos usados

Corte de Apelaciones acoge reclamo y obliga a salmoneras a revelar antibióticos usados

Tanto las empresas como el Consejo de la Transparencia habían denegado entregar la información aduciendo a que podrían afectar la competitividad de la industria.


En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad presentado por la organización de conservación marina, Oceana, y ordenó entregar la información desagregada por empresa sobre las cantidades y clases de antibióticos usados entre 2009 y 2013, cifras que en abril pasado el Consejo para la Transparencia había denegado a la ONG.

En julio del año pasado, la organización recurrió al Consejo para la Transparencia después que 50 salmoneras se rehusaran a revelar la cantidad y tipo de antibióticos utilizados por cada una de ellas, aduciendo que se expondrían a un “riesgo competitivo y comercial”. El Consejo dio la razón a las salmoneras y declaró que el Servicio Nacional de Pesca no estaba obligado a entregar las cifras desagregadas.

Para la Corte de Apelaciones, sin embargo, la información requerida no tiene un valor comercial ni revela procesos productivos industriales, por el contrario, “pretende asegurar que la resistencia bacteriana de los antibióticos aplicados a los salmones no se transfiere al ser humano, junto con preservar el medio ambiente ante el uso de los mismos”. En la resolución, la Corte agrega que la “difusión de estas cifras causaría un beneficio, al poderse efectuar los controles sanitarios que objetivamente protegen a toda la población”, sentencia.

“Sabemos que la industria salmonera en su conjunto usa cantidades exorbitantes de antibióticos, pero nuestra impresión es que algunos usan muchos más que otros. Saber qué empresa tiene un mejor o peor comportamiento, nos permite definir con mayor precisión las medidas y los focos que hay que tener para una política de reducción en el uso de antimicrobianos”, señaló Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana.

Tanto las empresas salmoneras como el Consejo para la Transparencia podrían recurrir hasta la Corte Suprema e impugnar esta sentencia.

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