Drones del crimen organizado: la próxima frontera ya está aquí

Durante años observamos los drones como una tecnología esencialmente civil. Los asociamos con fotografía aérea, agricultura, vigilancia de infraestructura, emergencias o recreación. Luego, la guerra entre Rusia y Ucrania terminó de demostrar que un artefacto relativamente barato, comercialmente disponible y modificable puede alterar profundamente la relación entre quien ataca y quien se defiende.

El siguiente paso ya está ocurriendo. Esa innovación está migrando desde el campo de batalla hacia el crimen organizado.

Un reciente informe de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) lleva un título que debiera llamar nuestra atención: Crime by Drone: A New Paradigm for Organized Crime.

Su tesis central es particularmente relevante para la reconfiguración criminal que observamos en América Latina, pues indica que la delincuencia organizada ya utiliza drones para vigilancia y contrabando, pero las innovaciones tácticas desarrolladas en Ucrania podrían producir un cambio mucho más profundo en la manera en que operan las organizaciones criminales.

La investigación advierte que la tendencia apunta hacia organizaciones que los utilizan con cada vez mayor escala y sofisticación, integrándolos dentro de un verdadero ecosistema criminal de inteligencia, logística, protección, coerción y violencia.

México ofrece probablemente el laboratorio criminal más avanzado de esta transformación en nuestro continente. Los carteles comenzaron hace más de una década a utilizar drones modificados para contrabando y posteriormente para vigilancia. Hacia 2017 ya existían antecedentes de su armamentización y, desde entonces, su utilización se ha extendido hacia ataques contra organizaciones rivales, fuerzas de seguridad y comunidades.

Vanda Felbab-Brown, directora de la Initiative on Nonstate Armed Actors de Brookings y una investigadora muy reconocida en crimen organizado, economías ilícitas, insurgencia y seguridad advertía este año que los grupos criminales mexicanos los emplean no solamente para reconocimiento, sino también para control territorial y de población: observar movimientos, detectar despliegues policiales, atacar objetivos e intimidar comunidades.

Ese último punto merece especial atención.

En conversaciones que he sostenido con periodistas comunitarios mexicanos —personas que trabajan precisamente en territorios donde la presencia criminal forma parte de la vida cotidiana— aparece una percepción que las estadísticas difícilmente capturan: el dron que sobrevuela una comunidad no necesita lanzar una bomba para producir efectos. Puede bastar con que la población sepa, o crea, que está siendo observada. Saber quién entra, quién sale, quién conversa con la policía, qué vehículos visitan una localidad o cuándo se aproxima una patrulla transforma a un dispositivo comercial en una herramienta de gobernanza criminal.

La vigilancia produce información, pero también disciplina.

Y desde allí existe apenas un paso hacia la coerción.

Esta evolución se produce además en un contexto geopolítico especialmente sensible. El 20 de febrero de 2025 Estados Unidos designó formalmente como Foreign Terrorist Organizations al Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cartel del Noreste, Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, junto con Tren de Aragua y MS-13.

Esa decisión no creó la militarización de los carteles ni explica por sí sola su incorporación de nuevas tecnologías (los drones criminales existían mucho antes), pero sí modifica el escenario estratégico: organizaciones que comienzan a ser enfrentadas crecientemente bajo categorías propias de seguridad nacional tienen mayores incentivos para reducir su exposición humana, aumentar la distancia respecto del objetivo y desarrollar capacidades asimétricas de protección, inteligencia y ataque.

Aquí aparece Ucrania.

El informe de GI-TOC recoge antecedentes surgidos en 2025 sobre un presunto integrante de un cartel mexicano que habría ingresado a la Legión Internacional con la finalidad de adquirir experiencia como piloto de drones y posteriormente transferir esas capacidades a su actividad criminal.

El mismo documento advierte que drones guiados mediante fibra óptica —una innovación ampliamente desarrollada en aquel conflicto para resistir interferencias electrónicas— ya han comenzado a aparecer en manos criminales mexicanas. Investigaciones posteriores han señalado que los servicios de inteligencia ucranianos examinaron casos de mexicanos y colombianos que habrían buscado precisamente entrenamiento FVP (sigla de First Person View o “Vista en Primera Persona”) dentro de unidades extranjeras.

Así, la guerra se está convirtiendo en una escuela involuntaria para actores no estatales y lo que puede transferirse desde allí no es solamente la capacidad de pilotar un dron: es conocimiento sobre navegación FPV, reconocimiento, evasión de interferencias, adaptación de plataformas comerciales, comunicaciones resilientes, fabricación artesanal, selección de objetivos y contramedidas electrónicas. La guerra acelera los procesos de innovación; el crimen observa, aprende, compra y adapta.

Existe, además, una segunda fase que comienza a resultar todavía más preocupante: los criminales ya no solamente adquieren drones, comienzan también a adquirir tecnología antidrones.

Información publicada en México señala que facciones del Cartel de Sinaloa han invertido en inhibidores capaces de detectar e interferir las frecuencias utilizadas por vehículos aéreos no tripulados. Existen además reportes sobre adquisición de radares y otras capacidades destinadas a detectar o neutralizar drones pertenecientes al Estado o a organizaciones rivales. A su vez, la aparición de drones conectados mediante fibra óptica responde precisamente a esa carrera tecnológica: al no depender de un enlace convencional de radiofrecuencia, son mucho más resistentes al jamming.

Estamos entonces entrando en algo cualitativamente distinto.

Ya no hablamos de organizaciones criminales comprando tecnología disponible en el mercado. Hablamos del comienzo de una carrera de innovación criminal: dron contra antidron; interferencia contra sistemas resistentes a interferencia; vigilancia contra camuflaje; detección contra evasión. Es la misma dinámica de adaptación y contraadaptación que caracteriza un teatro de operaciones militares.

La expresión “arma no convencional” debe entenderse aquí en un sentido operacional y no jurídico. Un dron comercial no constituye por sí mismo un arma. Puede convertirse, sin embargo, en una plataforma remota para transportar droga, municiones, explosivos, sensores o sistemas de vigilancia. Puede reconocer un objetivo durante días y posteriormente participar en un ataque. Puede permitir que quien ordena la acción se encuentre kilómetros —e incluso potencialmente mucho más lejos— del lugar donde esta ocurre.

La GI-TOC plantea precisamente escenarios de eliminación selectiva de personas mediante drones y señala algo especialmente importante: aunque un sicario tradicional pueda continuar siendo más barato, un ataque mediante dron ofrece ventajas cuando el objetivo resulta difícil de alcanzar y, sobre todo, produce un poderoso mensaje de alcance y poder criminal.

Ecuador ya entregó una advertencia inquietante.

En septiembre de 2024, un dron de gran capacidad cargado con explosivos llegó al techo de La Roca, la prisión de máxima seguridad de Guayaquil. Las autoridades lograron neutralizarlo y señalaron que el atentado pretendía inhabilitar el recinto. Un episodio similar había ocurrido un año antes.

Si una organización puede colocar una carga explosiva sobre una cárcel de máxima seguridad, cambia por completo el análisis de protección de testigos, colaboradores, líderes criminales rivales, fiscales, policías e infraestructura crítica. El muro sigue existiendo; simplemente puede ser sobrepasado desde arriba.

Chile tampoco está fuera de esta tendencia. En septiembre de 2025 se detectaron intentos de ingresar municiones mediante drones al penal Santiago 1.

Nuestro error sería esperar el primer dron con explosivos para comenzar a discutir el problema. La experiencia internacional muestra que la progresión normalmente comienza antes: contrabando, reconocimiento, vigilancia de policías, observación de rivales, control territorial, transporte de elementos prohibidos y recién después capacidades ofensivas más sofisticadas.

El propio informe de GI-TOC concluye que probablemente la vigilancia y el contrabando seguirán siendo inicialmente los usos criminales más frecuentes, aunque advierte que la transferencia de experiencia desde Ucrania puede hacer mucho más factibles las operaciones letales avanzadas.

Por ello Chile necesita comenzar a pensar el problema no simplemente en términos de regulación aeronáutica, sino como una nueva dimensión de la seguridad pública. Cárceles de alta y máxima seguridad, cuarteles policiales, fiscalías, tribunales, puertos, aeropuertos, instalaciones energéticas y determinados eventos masivos necesitan análisis específicos de vulnerabilidad aérea. La detección de radiofrecuencia, sensores ópticos y acústicos, sistemas de identificación, capacidades forenses sobre drones recuperados y contramedidas electrónicas deben formar parte de una arquitectura integrada.

GI-TOC propone precisamente combinar detección, interferencia electrónica, neutralización física, regulación y capacidades forenses, advirtiendo que respuestas fragmentadas serán rápidamente superadas por la innovación criminal.

Pero existe una dimensión adicional que quizá sea todavía más importante: seguir a las personas y no solamente a los aparatos.

Detrás de un dron sofisticado existen pilotos, ingenieros, programadores, importadores de componentes, talleres, técnicos que modifican firmware, proveedores de baterías, especialistas en explosivos y personas capaces de integrar comunicaciones y sensores. La investigación de GI-TOC insiste precisamente en que el componente humano continúa siendo uno de los principales puntos de intervención frente a estas capacidades criminales.

Esa probablemente sea la principal lección.

El futuro del crimen organizado latinoamericano no necesariamente tendrá la apariencia espectacular de una guerra. Puede parecer algo mucho más banal: un pequeño dispositivo comercial sobrevolando silenciosamente una carretera, una cárcel o una población.

Pero debajo de él puede estar cambiando algo fundamental.

El crimen organizado históricamente necesitaba proximidad física para observar, transportar, intimidar o matar. Los sistemas no tripulados comienzan a romper esa lógica. Permiten ver sin estar, transportar sin cruzar, vigilar sin exponerse y eventualmente atacar sin aproximarse.

Cuando cambia la distancia entre el criminal y su objetivo, cambia también la relación entre riesgo, costo y poder.

Ese cambio ya comenzó.

Chile todavía está a tiempo de anticiparlo.