Mendoza se suma a la defensa de la Corporación durante la misma semana que la estatal pidió el pronunciamiento de la Contraloría por la situación de Rafael Guilisasti.
La pugna legal entre Corfo con SQM por los contratos de arriendo de pertenencias mineras del Salar de Atacama está tornándose en una más que interesante batalla estratégica.
Las cascadas de Julio Ponce –a través de las cuales es dueño del 32% de la minera levantaron a Rafael Guilisasti del Consejo de la Corporación para que asumiera la presidencia de estas sociedades, una movida polémica y que ha sido criticada por el evidente conflicto interés del ex CPC. Pero ahora Eduardo Bitrán respondió con un golpe interesante.
Esta semana, el vicepresidente de la Corfo, solicitó el pronunciamiento de la Contraloría General de la República para que revise la situación de Guilisasti y defina si acaso es sujeto de conflictos de interés, pero además esta mañana comunicó que al equipo jurídico que enfrenta el litigio con la minera se sumó el ex contralor Ramiro Mendoza.
“Ramiro Mendoza es un abogado muy destacado y con gran sentido del interés público, que se sumará al equipo que defiende los intereses de la Corfo”, dijo Bitrán, recordando que la “Corfo demandó en mayo de 2014 ante el tribunal arbitral el término del contrato por incumplimiento grave de SQM y continuará defendiendo el interés público con estricto apego al marco legal y contractual vigente» y agregó que «los contratos se deben cumplir y de buena fe y el socio privado debe ser idóneo para asociarse con el Estado”.
Lo que defina la Contraloría será motivo de análisis de la Corfo y el Consejo de Defensa del Estado. Ahí, la experiencia de Mendoza es clave para definir qué acciones se pueden ejercer contra Guilisasti, más allá del juicio público que se ha generado en su contra.
