Intensas gestiones en el Congreso lo instalan, hasta ahora, como carta de consenso
Fuertemente cuestionado por su labor en el Caso Cascada, es visto como quien pondría paños fríos a las investigaciones por platas políticas. Senadores Pizarro, Zaldívar y Girardi entre sus sponsors. Sería la moneda de cambio para aprobar a Rajevic, el candidato de Palacio a Contralor, luego de la debilitada posición negociadora en que quedó el Ejecutivo por este postergado nombramiento. El Gobierno tiene la palabra, aunque sus nombres serían los de Juan Enrique Vargas y Raúl Guzmán.
Mientras la quina que elaboró la Corte Suprema aún está en el escritorio de la Presidenta Michelle Bachelet en espera a que esta elija a uno de los cinco nombres para proponer al Senado como candidato a Fiscal Nacional -plazo que se le vence el miércoles 14 de octubre-, en paralelo en el Congreso las conversaciones se han acelerado estos días para buscar una carta de consenso. Todas las miradas están confluyendo hoy en el fiscal José Morales como el hombre del consenso.
Para que no fracase la nominación del Fiscal Nacional es indispensable un consenso entre las bancadas de la Nueva Mayoría y, al menos, con parte de la derecha, porque la propuesta presidencial requiere de un alto quórum de 2/3, o sea, 25 senadores en ejercicio. Ahí es donde las negociaciones políticas se transforman en relevantes y adquieren otro matiz, aún mas si se considera que el martes La Moneda buscó un resquicio –quitar la urgencia y volver a proponerla– para evitar una derrota en la Sala de la Cámara Alta en la nominación de Enrique Rajevic como Contralor General.
Diversas fuentes políticas coinciden en que desde la DC se está promoviendo el nombre del fiscal Morales como la carta del Congreso y que el timonel de la falange, Jorge Pizarro, y el senador Andrés Zaldívar, serían los que encabezan las conversaciones, las que estarían bastante avanzadas y que contarían con el visto bueno de sectores de RN. Fuentes que saben de las negociaciones afirman que “la UDI ya está cuadrada”.
Cabe recordar que dicho fiscal, antes de quedar en la quina que elaboró el viernes 2 de octubre la Corte Suprema, se reunió con el senador PPD Guido Girardi, quien si bien ha esquivado pronunciarse públicamente por un favorito, en privado también miraría con buenos ojos al actual jefe de la unidad de Delitos de Alta Complejidad.
Se sabía que de los cinco nombres propuestos por la Corte Suprema, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, era el predilecto del Gobierno, especialmente del ministro del Interior, Jorge Burgos.
Sin embargo, ya desde el martes en el Gobierno está tomando fuerza la idea de que al final la Presidenta Bachelet terminaría proponiendo al fiscal Morales, recogiendo la señal del Senado para evitar una nominación fallida y evitar repetir el gallito que ha tenido La Moneda con el Senado con la candidatura de Rajevic. Además, si bien Burgos ayer descartó públicamente la opción de empalmar la elección del Contralor y la del sucesor de Sabas Chahuán, recalcando que eran temas “totalmente distintos”, en el Congreso sí se afirmó que el nuevo plazo que obtuvo el gobierno para votar la nominación de Rajevic genera el tiempo que se requiere para amarrar políticamente dicha votación a la del nuevo Fiscal Nacional.
El mismo miércoles 14 que a Bachelet se le vence el plazo para nominar un candidato para Fiscal Nacional, el Senado –según dijo el martes su presidente Patricio Walker– votará el nombre de Rajevic para la Contraloría.
En el Gobierno reconocen que no ven con malos ojos esta fórmula, argumentando que es mejor no desaprovechar el impulso y el esfuerzo de tener alineadas a todas las huestes de la Nueva Mayoría tras el nombre de Rajevic, bajo la premisa de que rechazarlo es infligir una derrota a Bachelet, porque es ella la que lo propuso al Senado, lo que de paso evitaría dilatar las definiciones de dos autoridades claves.
En la Nueva Mayoría aspiran a que La Moneda aprenda de los errores cometidos en la nominación de Rajevic, que fue inconsulta. Al respecto, el ministro vocero, Marcelo Díaz, asumió que “a lo mejor nos faltó más diálogo, es perfectamente posible que sostengamos todas las conversaciones que tenemos que sostener. Parte de lo que significa haber acordado mecanismos que requieren altos quórums para la designación de importantes autoridades del Estado nos obliga a un mayor diálogo y para eso vamos a estar siempre disponibles”.
De cumplirse la voluntad de diálogo y prosperar las gestiones en el Senado, serán relevantes para la definición presidencial las señales que los parlamentarios están dando a La Moneda en torno a la figura de Morales.
“Está todo cambiando muy rápido, pero Morales es la figura que si se decide hoy sería el ganador”, afirma un personaje con amplias redes en la Nueva Mayoría y que está al tanto de las negociaciones. “Tiene a toda la Centro Izquierda alineada y en particular a lo que ustedes en El Mostrador llaman El Partido del Orden”.
Dice que fue un “gran error” de Burgos haber juntado el tema del Fiscal Nacional con el de Contralor. “Tiene el complejo del hijo único, se picó y terminó en una posición que lo deja débil”, acota la fuente.
El nuevo Fiscal Nacional deberá seguir la posta de los casos de financiamiento irregular de la política –Penta y SQM– que investiga el Ministerio Público y que tiene en las cuerdas a varios parlamentarios de todo el espectro político. El argumento central para promover la opción de Morales está estrechamente vinculado a esta arista, porque se le considera el perfil más apto para remitirse a lo estrictamente legal, sin un ímpetu desmedido, y separar así las causas de las definiciones en la arena política.
“Morales tiene el apoyo de todos los que quieren que se encuentre una solución a la crisis de las platas políticas”, dice un abogado que conoce bien la cocina de esta historia. “Tiene sentido de país y la capacidad de ver el bien común y descomprimir la situación actual”, añade.
Desde el Gobierno –misma lectura que hacen en el Congreso– afirman que, si bien la mayoría de los casos de irregularidades en el financiamiento de campañas son cuestionables, éticamente reprochables y han dañado la credibilidad pública en la clase política, en la práctica muy pocos constituyen realmente delito, por lo que las sanciones serán todas menores a las expectativa ciudadanas. Por lo mismo, las sanciones a los involucrados deben establecerse en la arena política y para hacer esa separación gravitante de aguas, coincidieron en el gobierno, el perfil de Morales es el más idóneo.
Sin embargo, también hay miradas críticas. El senador Pedro Araya, miembro de la Comisión de Constitución, advirtió que «si hay algo que el Senado no puede hacer es intentar proponerle un candidato de consenso a la Presidenta y pautearla en una de sus atribuciones exclusivas». Y agregó que sería «un profundo error pretender amarrar la decisión del Contralor con la del Fiscal Nacional, no se puede, son instituciones distintas y discusiones muy diferentes».
Lobby de alturas
No solo el mundo parlamentario está atento a la elección que haga la Mandataria de la quina para Fiscal Nacional. Fuentes consultadas por El Mostrador coinciden en que el abogado de SQM, Samuel Donoso (PPD), quien también hizo gestiones a nombre del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo en la causa, ha intercedido a favor de Morales, dada su cercanía con la jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte.
Consultado al respecto, Donoso aseguró que eso “no es efectivo” y añadió que tiene “buena opinión de los cinco” candidatos para Fiscal Nacional.
Sin embargo, otra alta fuente que está al tanto de “los tira y afloja” entre La Moneda y el Congreso, confirma que Donoso ha sido consultado y su “caballo de guerra” efectivamente es Morales.
Flanco Caso Cascadas
La razón detrás del lobby de Donoso sería que Morales presenta “mejor disposición” a zanjar el caso SQM, donde él es uno de los abogados.
Morales ya fue duramente cuestionado durante su rol de fiscal en la investigación penal del Caso Cascada, donde el principal actor es precisamente el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou.
“Si alguien tiene algo que plantear respecto de la disconformidad con esta Fiscalía, tiene las herramientas legales para hacerlo”. Eso dijo en junio a El Mostrador Mercados el ex fiscal del caso Cascada, cuando las críticas de los querellantes comenzaban a hacerse públicas, aunque todavía no se canalizaban a través de los conductos formales.
Y no pasó mucho tiempo para que inversionistas como AFP Habitat y Moneda tomaran el guante. A principios de julio, la administradora de pensiones acudió a la Fiscalía Nacional planteando sendos cuestionamientos al proceso encabezado por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, a los que se sumaron los que después presentó la administradora presidida por Pablo Echeverría.
Morales terminó siendo sacado del caso Cascada. La razón que arguyó la Fiscalía Nacional radicó en su carga de trabajo, pues a partir de agosto se inicia la audiencia de preparación para el caso La Polar: «Se informa que atendida la especial complejidad de la investigación del llamado ‘Caso Cascadas’ y la necesidad de una racional y adecuada distribución de la carga de trabajo de los fiscales adjuntos, el Fiscal Nacional ha resuelto (…) designar al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes”.
Que no existía una línea investigativa en el caso o que no se habían hecho diligencias mínimas para perseguir a los presuntos delitos que cometieron los involucrados en el esquema fraudulento sancionado por la SVS, son parte de las recriminaciones que han efectuado los querellantes.
Morales en su momento participó en un reportaje que hizo la revista Qué Pasa, en el cual se abordaban las críticas que lo acechaban. En la nota, el fiscal señaló: “No hay ninguna hoja donde Aldo Motta haya pedido autorización a Julio Ponce respecto a alguna operación. Si no tienes esto, no tienes caso contra Ponce (…). Formalizaremos a alguien solo en la medida que existan antecedentes para formalizarlo”, teniendo en cuenta que el controlador de la cascada aún no ha sido formalizado.
Se le criticó duramente que nunca requirió la información bancaria ni contable de los involucrados, mientras Morales se ha defendió diciendo a este medio que los libros contables de la cascada se incautaron hace bastante tiempo. Pero los querellantes no se refieren solo a estas sociedades, sino también a las firmas personales de Julio Ponce, Roberto Guzmán, Leonidas Vial y otros, en los que se presume que habría terminado el ciclo de operaciones sancionadas por la SVS. Esa información Morales no la pidió, ¿por qué? “Hay empresas que la Fiscalía no considera necesarias para la investigación. No puedo responderle sobre las diligencias que hacemos o no, porque existe una carpeta investigativa”, dijo en junio a El Mostrador Mercados.
